Monseñor y la JEP: ¿por qué le pisa los talones al “César”?

Desde San Mateo (M. 22, 15-21. “Devuelvan, pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios”) la Iglesia católica ha tenido claro que sus intervenciones en política se hacen necesarias en materia espiritual, pero no en asuntos estrictamente terrenales, ajenos a su ámbito.

Apoya el periodismo católico con un “like”:

La Iglesia intervino fuertemente en la política española de los años treinta, por ejemplo, ya que el gobierno republicano hizo de la quema de conventos y de curas una sistemática política de estado. En México también, ante medidas similares adoptadas por el PRI. Ni qué decir de Colombia. Prelados como Miguel Ángel Builes o Ezequiel Moreno participaban en política, con la firme convicción de proteger lo que aún era un país católico. Lo hacían además bajo el agravante de que los liberales, cuando se pasaban de copas, gustaban de saquear iglesias y luego jugar fútbol con la cabeza del cura, como ocurrió en Armero.

Pero en temas terrenales, decía, no solían intervenir. Esa línea de no intervención la rompieron varios sacerdotes a partir de los sesentas, guiados por la teología de la liberación, que fue tan popular entre los hijos de San Ignacio. Desde entonces, muchos prelados no han parado de interferir en asuntos políticos que se alejan bastante de sus asuntos pastorales. El caso más reciente lo protagonizó el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve Mejía.

El pastor de los caleños arremetió contra el gobierno por su posición frente a la JEP. Pero lo que ocurre es que la política de un gobierno para enfrentar y castigar el narcoterrorismo poco tiene que ver con la misión evangelizadora de monseñor Monsalve. Sin embargo, son muchos los prelados que se han graduado de “facilitadores” para que grupos de terroristas marxistas intervengan en la política nacional.

Relacionados  "Fue un acto de hostigamiento". Mons. Monsalve y Nuncio apostólico critican la ayuda humanitaria para Venezuela

Sería interesante saber qué opina monseñor Monsalve sobre otras políticas del gobierno, que quizás sí tengan más relación con su misión. ¿Qué opinará monseñor de la política del gobierno en materia de aborto, de “planificación” familiar o de educación sexual? ¿Por qué razón  no se pronuncia sobre ninguno de esos temas, pero sí lo hace para defender el “compromiso” del gobierno con grupos guerrilleros como el ELN o las FARC, en este último caso tras los acuerdos de Santos en La Habana?

Decía Miguel Antonio Caro, cuyos escritos sobre Iglesia y política podría repasar monseñor Monsalve, que no se hacen concilios católicos con “obispos protestantes”. Yo le diría a monseñor que no se consolida una sociedad cristiana con marxistas que propagan los “errores de Rusia”, para invocar a nuestra hermana Lucía. El papa Francisco  ha resuelto no entrometerse en los asuntos políticos de Venezuela, ya que no hacen parte de su órbita espiritual, y no permitió que la Iglesia interviniera en la ayuda humanitaria ofrecida por Donald Trump. Monseñor Monsalve podría atender el ejemplo del Santo Padre, y dejar que el gobierno de Iván Duque maneje la política antiterrorista a su mejor saber y entender, sin que haya un báculo indicando el camino.

*Foto principal: tomada de www.elpais.com.co

Apoya el periodismo católico con una donación en DÓLARES con tu tarjeta de crédito:

O con tu tarjeta débito a través de PSE:


Víctimas de delitos sexuales de las FARC revictimizadas en la Comisión de Paz del Congreso

Roy Barreras y la bancada de izquierda levantaron la sesión de la Comisión de Paz en la que se escuchaban a las víctimas de la Corporación Rosa Blanca, quienes apoyan las objeciones de Duque a la Justicia Especial para la Paz, dando testimonio de las historias de explotación sexual infantil, aborto forzado con sus terribles secuelas que sufrieron por parte de la comandancia de las FARC. Delitos que quedan en la impunidad al ser tratados como un simple delito político.

Apoya el periodismo católico con un “like”:

El detonante del altercado que llevó al levantamiento de la sesión fue la expresión “narcoterrorista” usada por la senadora Paloma Valencia, cuando le pidió a Barreras el mismo tiempo que tuvo Pablo Catatumbo, con el fin de explicar su apoyo a las objeciones a la JEP:

Lo más indignante de todo el episodio fue la soberbia con la que el senador de las FARC respondió: “Soy un senador de la República, como lo es ella, así le duela. Nosotros hicimos la paz y ostentamos una curul en el Congreso…Yo le quiero decir a la senadora Paloma Valencia que no soy ningún narcoterrorista, hoy soy un ciudadano que hice la paz con el Estado colombiano”.

La respuesta de Catatumbo, quien tiene condenas penales que suman más de 250 años de cárcel por los delitos más atroces, pero suspendidas gracias a los Acuerdos de La Habana, es bastante diciente la forma de pensar de su organización: para las FARC su violencia les mereció el premio del poder político, mientras sus deudas con las justicia se saldaron con la firma de un papel.

Si ni las FARC creen que deben pagar una deuda con la justicia por los procesos que aún tienen pendientes ante la JEP, mucho menos van a esperarlo de ese tribunal el resto de los colombianos.

María José Pizarro, Partido Verde. Tomada de Twitter.

También fue muy diciente la actitud de María José Pizarro, hija del líder guerrillero Carlos Pizarro,  quien dijo estar del lado de “todas las víctimas” mientras en solidaridad con Pablo Catatumbo abandonaba el recinto donde quedaron las víctimas de la Corporación Rosa Blanca.


Apoya el periodismo católico con una donación en DÓLARES con tu tarjeta de crédito:

O con tu tarjeta débito a través de PSE:


La defensa de la JEP deja en evidencia el doble estándar de la izquierda

Carlos Lozada alias “Tornillo”, cabecilla de las FARC y beneficiario del acuerdo de justicia de Santos para los pederastas de esa organización, es uno de los principales interesados en que las violaciones sexuales de niños sean tratadas como un delito político.

Así lo ha denunciado a la asociación de víctimas de las FARC, Corporación Rosa Blanca:


La Ley Estatutaria que Duque anunció que presentará junto con las objeciones a la JEP, eliminaría la posibilidad de que los crímenes sexuales cometidos contra niños y adolescentes reciba ese tipo de beneficios.

Por eso, la sola presencia de alias “Tornillo” en la alocución televisada a que tiene derecho la oposición no sólo produce una mala impresión, sino que deja en entredicho la autoridad moral de los defensores de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Apoya el periodismo católico con un “like”:

A los beneficiarios de la polarización ahora les preocupa la “división” entre los del Sí y los del No 

Desde los años de la violencia entre liberales y conservadores previa al frente nacional, Colombia no conocía una época de mayor polarización política que la que generaron los aliados de Santos y de su acuerdo con las Farc, al calificar a cualquier crítico de “guerrerista” y “enemigo de la paz”.

La estrategia fue maquiavelicamente efectiva, pues no sólo hizo imposible cualquier debate sereno y con argumentos sobre los beneficios o desventajas de lo negociado en Cuba, sino que logró una lealtad “tribal” de una buena parte de la población para un acuerdo que imponía unas condiciones que individualmente consideradas, siempre fueron mayoritariamente rechazadas por la población.

La estigmatización de buena parte del país fue tan rentable para la izquierda santista, que incluso hoy sigue siendo utilizada a diestra y siniestra por Aida Avella, ubicada en primera fila para la alocución televisiva, en cuestiones tan dispares como la venta de la ETB.

Antecedentes que hacen difícil creer en la sinceridad de su preocupación por la división que generarían las objeciones, “devolviendo” al país a la época en los enfrentamientos entre los del Sí y los del No.

Más aún si se tiene en cuenta que terminan convocando una movilización nacional contra el gobierno para el próximo 18 de marzo, la cuales no suelen ser precisamente la máxima expresión del respeto y la unión nacional.

En especial si son encabezadas por estudiantes de entidades públicas adoctrinados y entrenados por miembros de la extrema izquierda, de quienes han aprendido gracias al presupuesto público de educación a utilizar las calles como una efectiva y poco pacífica “arma” política.

La separación de poderes se aplica de forma diferente a la derecha

Pero la mayor dosis de demagogia estuvo sin duda en la supuesta defensa que hacen los partidos de izquierda de la separación de poderes, la cual denuncian que estaría en grave peligro por el uso que hace el presidente de una herramienta que en realidad no hace más que desarrollar ese principio constitucional.

En efecto, los regímenes democráticos contemplan distintas herramientas de control del ejecutivo frente al legislativo, entre las cuales está la posibilidad de vetar leyes (en el caso del presidente de Estados Unidos), o de presentar objeciones presidenciales (en el caso de Colombia), las cuales se pueden sustentar en razones de conveniencia o de constitucionalidad.

En su comunicado los partidos de oposición se indignan con que las objeciones supuestamente pongan en tela de juicio “la constitucionalidad” de una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y estudiada por un año en la Corte Constitucional.

Sin embargo, esta “objeción” a las “objeciones” de Duque es un típico ejercicio de distracción. En realidad el presidente no hizo ninguna objeción por constitucionalidad, sino que las seis objeciones fueron por inconveniencia.

Dicen las izquierdas que “en la práctica” el presidente está desacatando una sentencia de la Corte Constitucional porque ya los magistrados habrían hecho las precisiones que el Congreso no hizo al redactar la ley, al tiempo que de forma retórica se pregunta “que podría ser más contrario a la separación de poderes” que con las objeciones propuestas por Duque.

Pues para cualquier observador equilibrado la respuesta está ante sus ojos: las extralimitaciones de la Corte Constitucional son actualmente la más grave amenaza para la separación de poderes.

Quienes justifican los abusos de ese tribunal cuando hacen avanzar la agenda política de la izquierda (como en el caso del aborto, la eutanasia, la segunda reelección presidencial, etc.), son los mismos que no demoran en anunciar el apocalipsis cuando en esa corte se llega acaso a debatir la creación de restricciones al aborto, como sucedió con la ponencia de Cristina Pardo que planteó un número límite de semanas para esa práctica, la cual causó consternación nacional en ciertos sectores de la opinión pública.

Relacionados  "Acuerdo con las Farc es un golpe de Estado": exmagistrado colombiano

En el caso de la JEP, los partidos de oposición pretenden que las modificaciones que la Corte hizo a la ley estatutaria sean intocables tanto para legislativo como para el ejecutivo, como si fueran un dogma de fe, esperando que renuncien a los mecanismos que les da la Constitución para situaciones jurídicas como esta, simplemente con el argumento de que son cuestiones que la Corte “ya estudió y sobre las que ya se pronunció”, como si este tribunal estuviera por encima de los demás poderes públicos y se debiera guardar un temor reverencial frente a sus “puntos de vista”. Eso es algo común en los regímenes totalitarios, mas no lo que se debería suceder en una democracia.

Más aún si se tiene en cuenta que el Presidente y el Congreso tienen una mayor legítimación democrática por ser de elección popular, mientras que la Corte Constitucional se ha venido percibiendo cada vez más como un escenario elitista, al que tienen acceso los poderosos grupos de interés y en donde cada vez tienen más peso las consideraciones políticas que las jurídicas.

Santos se reúne con los magistrados Linares, Fajardo y Pardo, que él promovió a la Corte Constitucional, luego de una audiencia sobre el uso del glifosato, en cuya decisión Santos tiene interés por representar al lobby de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, financiada por George Soros.

Intervención de los partidos de oposición en defensa de la JEP:

[su_custom_gallery source=”media: 8738,8739,8740,8741″ link=”image”]


Apoya el periodismo católico con una donación en DÓLARES con tu tarjeta de crédito:

O con tu tarjeta débito a través de PSE:


Duro comunicado del Centro Cruzada al Gobierno de Duque

Por su interés, reproducimos el comunicado publicado el día de hoy por el Centro Cultural Cruzada, organización católica con sede en Medellín, la cual ha denunciando con vigor la infiltración marxista en nuestro sistema jurídico a través de los acuerdos firmados con las FARC.

COMUNICADO DEL CENTRO CULTURAL CRUZADA FRENTE AL RECIENTE
ATENTADO TERRORISTA DEL ELN SR. PRESIDENTE: ¡DEVUÉLVANOS EL PAÍS!

El indignante atentado perpetrado contra la Policía Nacional en la Escuela de Cadetes
General Santander el pasado jueves 17 de enero, ha dejado desolación y muerte. La
Nación entera viene levantándose en un clamor unánime de solidaridad y profundo rechazo
al que el Centro Cultural Cruzada se une de corazón. En una palabra, el odio comunista
disipó en segundos las tercas ilusiones de los políticos condescendientes con la violencia
terrorista.

Si bien el ELN reconoce la responsabilidad del atentado, calificados expertos en seguridad
apuntan que el sorprendente crecimiento de su capacidad logística obedece a un cambio
de brazaletes con las Farc que no han desmontado sus corredores logísticos, mostrándose
más poderosos y renovados a través de las disidencias. (1)

Saludamos la valiente decisión del Presidente Iván Duque de cortar unilateralmente las
conversaciones establecidas en La Habana con el grupo terrorista ELN, tememos sin
embargo que vaya a ser pasajera, una vez que su presencia en la Marcha de rechazo
ciudadano realizada este Domingo 20 de enero se diera en el marco de que continúe la
implementación del Acuerdo Final (AF) firmado con las Farc.

La inadecuada presencia del Expresidente Santos en la marcha, igualmente la de
numerosos políticos que insisten en que la paz solo se conseguirá a través de las
negociaciones claudicantes muestra la prisa con que se pretende usar estos hechos
dolorosos para reivindicar con más fuerza la manipulación psicológica de que somos
víctimas.

El pueblo colombiano se parece a un hombre que arrastra gruesas cadenas, prisionero en
una cárcel que le vienen construyendo a su alrededor desde el año 1982, cuando el
Expresidente Belisario Betancur comienza con las graves concesiones al terrorismo
comunista arguyendo vanas falacias por la paz.

Desde ese momento hasta ahora, la amenaza comunista obtuvo, mediante artificios de
guerra psicológica, lo que no habría podido nunca por medio de las armas: salir del fondo
de las selvas al centro de las ciudades. A través de una sucesión de capitulaciones a su
favor, creció como un terrible Leviatán que devora la Nación, levantando cada vez muros
más altos alrededor de ese ingenuo encarcelado, encadenado a la terrible y falsa
disyuntiva: “Rojo o muerto” fruto de un chantaje psicológico de intimidación para que acepte
– paso a paso – la esclavitud del comunismo.

El Acuerdo Final firmado entre el Gobierno del Expresidente Santos y las Farc constituyó
el paso más radical, transformándose en una inaudita capitulación del País a las exigencias
de un grupo terrorista que hasta ese momento estaba virtualmente derrotado por el
saludable cerco durante el gobierno del Expresidente Uribe.

Ese Acuerdo Final transformó al gobierno de Iván Duque en un gobierno de
marionetas.

Ese acuerdo efectivamente, mediante sofisticados artificios jurídicos, la suscripción de este
acuerdo amordazó los poderes del Estado a favor de las Farc, que vienen a adquirir el
poder real.

A través de la instalación de decenas de comisiones supraestatales, se viene exigiendo al
Ejecutivo la ejecución de reformas impuestas en el Acuerdo; el Legislativo solo tiene poder
para reglamentar las exigencias pactadas; el Poder judicial, la Fiscalía y la Procuraduría
ahora están al servicio de la nueva Corte: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que
dirige las concesiones a los enemigos del País.

Ingentes sumas de dinero vienen siendo dispuestas para la instalación de ese nuevo
gobierno detrás de las bambalinas, mientras que la empobrecida clase media colombiana
sufre las consecuencias de una injusta Reforma Tributaria y el patrimonio del Estado
disminuido con la eventual venta de una parte de nuestra mayor empresa estratégica,
Ecopetrol; dineros éstos destinados a cubrir gastos de implementación, sumados al déficit
fiscal, consecuencia de la onerosa negociación en la Habana y el pago irresponsable de
compra de consciencias, llamada popularmente “mermelada”.

Los muros de la cárcel se van levantando. La “Comisión de la Verdad”, con los auspicios
de los corifeos de la Teología de la Liberación, viene intentando reinterpretar la Historia
Patria, transformando a los colombianos de bien en los supuestos victimarios.

A las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional se les imponen nuevas doctrinas. Impotentes
para reprimir los renovados y cada vez más poderosos grupos terroristas, protegidos por
la impunidad que les otorga el nuevo tribunal de la JEP, conformado en su totalidad por
magistrados izquierdistas. Más adelante nuestros héroes serán llamados a sus estrados
para ser juzgados como victimarios.

Un nuevo orden jurídico se va consolidando para destruir la institución de la familia a través
de una nociva Ideología de Género, evidente eje transversal del Acuerdo Final.

Las Farc controlan cada vez más los organismos de Seguridad del Estado, mientras que el
nuevo Código de Oposición les confiere a las minorías izquierdistas una fuerza inusitada
que amenaza con desestabilizar al propio Estado.

El Acuerdo Final permitirá, en nombre de una economía pluralista, la instalación de
comunidades campesinas que asfixiarán gradualmente la propiedad privada, mientras el
colectivismo autogestionario se impone. Consolidado este colectivismo en el campo, será
fácil seguir con la industria y el comercio.

Los reinsertados de las Farc se empoderan poco a poco del campo mediante el control de
las asociaciones campesinas y las juntas de Acción Comunal. La asignación de tierras, el
acceso a los insumos y la venta de los productos agrícolas están siendo controlados por
los reinsertados. Está montado el esquema para controlar los votos del campesinado.

Relacionados  "Acuerdo con las Farc es un golpe de Estado": exmagistrado colombiano

En este dantesco escenario, anhelamos que la inmolación de esos jóvenes Policías que
fueron víctimas del reciente atentado sirva para iluminar a los colombianos, con la luz
retumbante de un relámpago, que nos permita discernir las inmensas maniobras de
manipulación levantadas a nuestro alrededor para encadenarnos, cuyo despertar produzca
una sana reacción que derribe los inmensos muros de la prisión comunista que se levantan
a nuestro alrededor.

En la presente coyuntura hacemos un llamado al Presidente Iván Duque: ¡Devuélvanos el
País!

Devuélvanos el País, cortando radicalmente con la implementación del Acuerdo Final que
nos encadena al comunismo.

Devuélvanos el País, revocando los omnímodos poderes de la JEP.

Devuélvanos el País, devolviendo a nuestra Fuerzas Armadas y a la Policía los plenos
poderes que necesitan para, de una vez por todas, acabar con la amenaza creciente del
terrorismo comunista.

Devuélvanos el País, deshaciendo los chantajes psicológicos que nos impelen a claudicar,
que nos han postrado hasta el lamentable estado que padecemos hoy.

¡Devuélvanos el País!, demuestre que es nuestro único y legítimo gobernante, para afirmar
que los intereses de la Nación están por encima de fatuos “bloques de constitucionalidad”.

Devuélvanos el País para permitir que las raíces de la Civilización Cristiana vuelvan a
reconstruir nuestro tejido social, fortaleciendo la familia y los valores morales en que se
apoya.

Su valiente acción le devolverá la grandeza a nuestra Nación, su legítimo progreso y su
libertad. Nuestra Señora de Chiquinquirá lo recompensará y el justo juicio de las
generaciones futuras lo reconocerán como un gran patriota.

22 de enero de 2019

Centro Cultural Cruzada
[email protected]
Celular: 302 2243167 – Favor compartir.
(1). ver análisis del Sr. Néstor Rosanía, experto en seguridad, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz:

“Acuerdo con las Farc es un golpe de Estado”: exmagistrado colombiano

Por: Luis Fernando Escobar Duque. Director del Centro Cultural Cruzada (Medellín).

Con singular clarividencia, este ilustre abogado constitucionalista, explicitó las dramáticas consecuencias que vendrán ineludiblemente para Colombia por la firma del Acuerdo Final (AF) con las Farc y su obligada implementación.

El exmagistrado advirtió que la conducta humana siempre debe ser condicionada por la prudencia, porque siempre arrastra consecuencias. Esta afirmación está muy bien explicada por Lord Keynes[i] a propósito de la Paz de Versalles.

El Acuerdo Final con las Farc fue imprudentemente impuesto por el expresidente Juan Manuel Santos, y sus consecuencias nefastas para el país ya comienzan.

Su primera consecuencia fue el “Estatuto de la Oposición”[ii] que revindica el derecho a la movilización, tolera los disturbios y reduce la legítima autoridad a impotentes observadores. Al amparo de esta ley, los universitarios que vienen anarquizando el país han calificado al ESMAD como contrario al espíritu del AF.

A partir de ahora, ¿qué funcionarios se atreverán a defender la institucionalidad bajo el riesgo de perder su status? Es la “Democracia” del populacho, de la masa que se instala.

El Gobierno, al desconocer la Convención de Viena en su artículo 10, por el que no se admite reconocer al narcotráfico como delito político o conexo, transforma “per se” a Colombia en una Narco República.

El show de la “dejación” de las armas obsoletas que las Farc habrían entregado contando con el aval de observadores de la ONU, rápidamente se evidenció con el descubrimiento de caletas que bien podrían llegar a novecientas, sin contar con el armamento de última generación que mantienen a buen resguardo en la vecina Venezuela.

En el AF no existe ningún punto que condicione la validez del mismo al estricto cumplimiento de los compromisos asumidos. Ni las evidencias de un Santrich que continúa delinquiendo ni las ya innumerables violaciones a lo acordado deslegitimarán el documento al amparo de esta “laguna legal” dejada adrede por la comisión del Gobierno y cuya responsabilidad es enteramente del expresidente Santos.

Una vez que las Farc no admitieran la justicia colombiana era necesario destrabar las negociaciones. Para esto, el presidente Santos delegó altos comisionados [i] que vendrían a claudicar, al no exigir más, una necesaria justicia por los delitos atroces.

En el nuevo marco de una “justicia transicional”, no se comprendería aplicar cárcel a un bando negociador. Se va más lejos aún, se acuerda la creación de un Tribunal “Ad Hoc” integrado por magistrados de cortes y organismos internacionales que estuviese por encima de la jurisdicción de la Justicia colombiana, la “Justicia Especial para la Paz – JEP”.

Los magistrados designados para conformar ese nuevo Tribunal son todos comunistas, amigos de las Farc. Se crearía también una Comisión de la Verdad y de Memoria histórica que deberán buscar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

Pero, ¿cuál es la verdad que buscarán? Aquella que justifique a los subversivos, que reinterprete la historia cambiando víctimas por victimarios y viceversa, hasta lograr que se les incorpore como los próceres de una segunda independencia. Apoyados por legiones de testigos que acudirán para juzgar (a) los militares y al propio Estado, sin considerar las versiones de las auténticas víctimas.

La JEP es por lo tanto incompatible al Ordenamiento Jurídico colombiano, un tribunal sin justicia, una claudicación, una traición a la patria.

El plebiscito realizado el 2 de octubre del 2016 fue convocado por el gobierno Santos con carácter deliberante para decidir los destinos del Acuerdo Final, la ejecución de su resultado fue garantizado por la Corte Constitucional y por el Gobierno Santos.

Los colombianos votamos por la no refrendación, una victoria de la sensatez ante el asombro de todo el mundo. El Senado y la Cámara se apresuraron a legitimar un nuevo Acuerdo Final maquillado.

[Nota del relator: el incomprensible aval de la oposición que vino presurosa al encuentro del Presidente Santos para resucitar la impopular negociación, terminó por otorgarle una cuestionable legitimidad].

Apoya el periodismo católico con un “like”:

Fue un Golpe de Estado que despojó a Colombia del Estado de Derecho

Una mayoría creciente de colombianos, inconformes con esas negociaciones, en las que veían impotentes que un grupo terrorista virtualmente derrotado de pronto exija una rendición incondicional como si fuesen los vencedores, le dieron la victoria al Dr. Iván Duque en las elecciones presidenciales. Su propuesta presidencial pedía meras modificaciones en medio de reticencias y prudencias, termina por solicitar algunos ajustes cuando logra el poder.

Mediante cinco decisiones, la Corte Constitucional termina por blindar lo firmado, obligando, además, su respectiva implementación amparada en una doctrina de respeto a los principios basilares de la Constitución de 1991. Confieren un jaque mate al poder deliberante del “Constituyente Primario”: el pueblo colombiano al que le enajenan de su derecho para rechazar su sometimiento a las Farc. No es ya el poder popular que gobierna, es ya una dictadura gobernada por las Farc.

Colombia se encuentra en un régimen de transición para transformar en hegemónico el partido de las Farc. Efectivamente, mediante el control de las decenas de comisiones supra estatales que vigilarán la implementación del AF, podrán exigir el cambio de ordenamiento jurídico en todos los campos. Ese poder y las ingentes cuantías de dinero que manejarán, les permitirá empoderarse del campo y de los votos. Es decir: sus insignificantes 52 mil votos ganados en las elecciones de Congreso se transformarán brevemente en un gran poder electoral; los 8 millones de votos alcanzados por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales son un indicio y un campanazo de alerta.

La Conferencia del Dr. Vallejo terminó reconociendo que la Ideología de Género es el evidente eje transversal del AF.

Refirió las conversaciones que posteriormente las Farc realizaran por ocasión de la conformación de su Partido político en las cuales acuerdan una nueva “Declaración de Principios”; en ésta manifiestan su adhesión a todos los movimientos de emancipación. Entiéndase aquí la erradicación de la Ley de Dios, la Ley natural, la moralidad sexual y la familia patriarcal.

Esta Declaración de Principios une el espíritu del AF con la doctrina de Jean-Jackes Rousseau[ii] por la cual toda normatividad amarra la libertad del hombre. Comenzamos a caminar rumbo a la destrucción del Estado y a la criminalización del Cristianismo[iii].

[Conclusión del relator: en un momento tan dramático para la Civilización Cristiana en Colombia, es necesario seguir batallando por todos los medios ideológicos, legales y pacíficos, con el fin de levantar una resistencia, esperando la oportunidad que la Providencia nos otorgue para exigir el respeto a los resultados del Plebiscito del 2 de Octubre del 2016, favorecer la convocación de una nueva Constituyente que nos libere de las cadenas a las que nos amarraron].

El Centro Cultural Cruzada es consciente, sin embargo, que la victoria no vendrá ya por medios humanos, que Colombia se salvará únicamente por el clamor de hombres de Fe que clamen al Cielo: “Ad te levavi óculos meus, Qui habitas in Caelis”. Es en ese marco que una creciente actividad de la Red de laicos católicos – Lepanto viene promocionando el “Rosario Público por Colombia” en todos los rincones del suelo patrio suplicando a la Santísima Virgen la protección de Colombia del comunismo y de la Ideología de Género, así como salvó al pueblo austríaco del comunismo en atención a la cruzada del Santo Rosario que un piadoso capuchino vienés propagara[iv].

Medellín, 9 de diciembre de 2018

Luis Fernando Escobar Duque
[email protected]
Cel: 301 2061112

Este es el video completo de la conferencia del Dr. Jesús Vallejo Mejía:

[i] Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Doug Cassel, altos comisionados del Gobierno para modificar conceptos de justicia en las negociaciones de la Habana.
[ii] “El Contrato Social” de Jean-Jackes Rousseau.
[iii] “La Criminalización del Cristianismo”, Janet L. Folger.
[iv] //forosdelavirgen.org/64082/la-intercesion-de-maria-ha-producido-famosos-milagros-a-traves-del-santo-rosario-14-05-10/
[i] “Las consecuencias Económicas”, Lord Keynes.
[ii] Ley 1910 de 2018.


¡Bienvenido a la Razonatón de la Fe!

Apreciado amigo de Razón+Fe:

¿Te parece que los católicos y demás creyentes estamos bien representados en los grandes medios? Consideramos que no. Y por eso emprendimos desde 2014 una nueva forma de hacer periodismo que ya ha impactado a, por lo menos, 600 mil lectores (de la edición impresa), y a más de 260 mil visitantes en nuestra edición digital, que nació en 2016.

Y porque ya nos leen miles de lectores, como tú, quienes merecen continuidad de un servicio profesional cada vez más cualificado y diversificado, empezamos la Razonatón de la Fe, a la cual te invitamos:

  1. Unámonos en oración por la evangelización, la defensa de la vida y la familia.
  2. Formémonos como creyentes comprometidos y posibilitemos el diálogo intelectual, ético y humano con los no creyentes. Comparte nuestros artículos y síguenos en redes sociales @razonmasfe
  3. Actuemos y démosle un impulso definitivo a nuestra Fe. ¡Apóyanos con tu donación!

Comprometida con este desafío,
Alexandra Serna, directora de Razón+Fe [email protected]

Haciendo clic aquí puedes donar en línea de forma segura:Apoya a R+F haciendo una donación con Tarjeta Débito

*Recibe el boletín semanal de Razón+Fe: