Carlos Lozada alias «Tornillo», cabecilla de las FARC y beneficiario del acuerdo de justicia de Santos para los pederastas de esa organización, es uno de los principales interesados en que las violaciones sexuales de niños sean tratadas como un delito político.
Así lo ha denunciado a la asociación de víctimas de las FARC, Corporación Rosa Blanca:
Uno de los más afectados por las objeciones a la @JEP_Colombia es @Carlozada_FARC que con cinismo habla en medios. Ojalá reconozca que tiene denuncias de guerrilleros hombres violados por él cuando eran niños. Cada que llegaba a las filas los muchachos decían: «llegó tornillo». pic.twitter.com/dYinZ7fCDh
— Rosa Blanca (@CorpoRosaBlanca) 11 de marzo de 2019
Vamos a dar el debate serio, en contra de impunidad a delitos atroces de @PartidoFARC como la violacion sistemática de niños y niñas por comandantes, como el violador @Carlozada_FARC (Alias Tornillo) #PazSinImpunidad @FFevcol @herbinhoyos @CorpoRosaBlanca @SenadoGovCo pic.twitter.com/OctK0Q8Kdh
— sebas (@sebasvelas) 12 de marzo de 2019
Desgarrador! Aquí el vídeo de menores reclutados y secuestrados narrando las violaciones y torturas que le hacían los cabecillas de las Farc. Esto NO puede quedar en la impunidad: pic.twitter.com/th88U078DF
— Víctor Mendoza (@Vicme100) 11 de marzo de 2019
La Ley Estatutaria que Duque anunció que presentará junto con las objeciones a la JEP, eliminaría la posibilidad de que los crímenes sexuales cometidos contra niños y adolescentes reciba ese tipo de beneficios.
Por eso, la sola presencia de alias «Tornillo» en la alocución televisada a que tiene derecho la oposición no sólo produce una mala impresión, sino que deja en entredicho la autoridad moral de los defensores de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
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A los beneficiarios de la polarización ahora les preocupa la «división» entre los del Sí y los del No
Desde los años de la violencia entre liberales y conservadores previa al frente nacional, Colombia no conocía una época de mayor polarización política que la que generaron los aliados de Santos y de su acuerdo con las Farc, al calificar a cualquier crítico de «guerrerista» y «enemigo de la paz».
La estrategia fue maquiavelicamente efectiva, pues no sólo hizo imposible cualquier debate sereno y con argumentos sobre los beneficios o desventajas de lo negociado en Cuba, sino que logró una lealtad «tribal» de una buena parte de la población para un acuerdo que imponía unas condiciones que individualmente consideradas, siempre fueron mayoritariamente rechazadas por la población.
La estigmatización de buena parte del país fue tan rentable para la izquierda santista, que incluso hoy sigue siendo utilizada a diestra y siniestra por Aida Avella, ubicada en primera fila para la alocución televisiva, en cuestiones tan dispares como la venta de la ETB.
Antecedentes que hacen difícil creer en la sinceridad de su preocupación por la división que generarían las objeciones, «devolviendo» al país a la época en los enfrentamientos entre los del Sí y los del No.
Más aún si se tiene en cuenta que terminan convocando una movilización nacional contra el gobierno para el próximo 18 de marzo, la cuales no suelen ser precisamente la máxima expresión del respeto y la unión nacional.
En especial si son encabezadas por estudiantes de entidades públicas adoctrinados y entrenados por miembros de la extrema izquierda, de quienes han aprendido gracias al presupuesto público de educación a utilizar las calles como una efectiva y poco pacífica «arma» política.
La separación de poderes se aplica de forma diferente a la derecha
Pero la mayor dosis de demagogia estuvo sin duda en la supuesta defensa que hacen los partidos de izquierda de la separación de poderes, la cual denuncian que estaría en grave peligro por el uso que hace el presidente de una herramienta que en realidad no hace más que desarrollar ese principio constitucional.
En efecto, los regímenes democráticos contemplan distintas herramientas de control del ejecutivo frente al legislativo, entre las cuales está la posibilidad de vetar leyes (en el caso del presidente de Estados Unidos), o de presentar objeciones presidenciales (en el caso de Colombia), las cuales se pueden sustentar en razones de conveniencia o de constitucionalidad.
En su comunicado los partidos de oposición se indignan con que las objeciones supuestamente pongan en tela de juicio «la constitucionalidad» de una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y estudiada por un año en la Corte Constitucional.
Sin embargo, esta «objeción» a las «objeciones» de Duque es un típico ejercicio de distracción. En realidad el presidente no hizo ninguna objeción por constitucionalidad, sino que las seis objeciones fueron por inconveniencia.
Dicen las izquierdas que «en la práctica» el presidente está desacatando una sentencia de la Corte Constitucional porque ya los magistrados habrían hecho las precisiones que el Congreso no hizo al redactar la ley, al tiempo que de forma retórica se pregunta «que podría ser más contrario a la separación de poderes» que con las objeciones propuestas por Duque.
Pues para cualquier observador equilibrado la respuesta está ante sus ojos: las extralimitaciones de la Corte Constitucional son actualmente la más grave amenaza para la separación de poderes.
Santos llamó a la Corte Constitucional para que le exigieran al Pte Duque sancionar la ley JEP, ante semejante presión la foto del almuerzo con los magistrados es de menor cuantía
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 8 de marzo de 2019
Quienes justifican los abusos de ese tribunal cuando hacen avanzar la agenda política de la izquierda (como en el caso del aborto, la eutanasia, la segunda reelección presidencial, etc.), son los mismos que no demoran en anunciar el apocalipsis cuando en esa corte se llega acaso a debatir la creación de restricciones al aborto, como sucedió con la ponencia de Cristina Pardo que planteó un número límite de semanas para esa práctica, la cual causó consternación nacional en ciertos sectores de la opinión pública.
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En el caso de la JEP, los partidos de oposición pretenden que las modificaciones que la Corte hizo a la ley estatutaria sean intocables tanto para legislativo como para el ejecutivo, como si fueran un dogma de fe, esperando que renuncien a los mecanismos que les da la Constitución para situaciones jurídicas como esta, simplemente con el argumento de que son cuestiones que la Corte «ya estudió y sobre las que ya se pronunció», como si este tribunal estuviera por encima de los demás poderes públicos y se debiera guardar un temor reverencial frente a sus «puntos de vista». Eso es algo común en los regímenes totalitarios, mas no lo que se debería suceder en una democracia.
Más aún si se tiene en cuenta que el Presidente y el Congreso tienen una mayor legítimación democrática por ser de elección popular, mientras que la Corte Constitucional se ha venido percibiendo cada vez más como un escenario elitista, al que tienen acceso los poderosos grupos de interés y en donde cada vez tienen más peso las consideraciones políticas que las jurídicas.
Intervención de los partidos de oposición en defensa de la JEP:
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