Por Luis Alfonso García Carmona *
Conmocionados aún por la escalofriante noticia de la infame medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez, nos asaltan toda clase de augurios sobre lo que le espera a este desafortunado país.
No era descabellado esperar este desenlace, conociendo como conocemos la clase de magistrados encargados de decidir sobre la libertad y la honra de este excepcional patriota, a quien tanto le debemos los colombianos. Una Corte de enemigos políticos del ex presidente Uribe, actuando de consuno con los defensores de la narco-guerrilla de la FARC y los cabecillas de la izquierda radical.
Desde hace tiempo hemos venido denunciando el complot de las izquierdas nacionales e internacionales para tomarse el poder y convertir a Colombia en un estado socialista, como lo han logrado en Venezuela y Nicaragua. Se ha seguido minuciosamente el plan trazado en el Foro de Sao Paulo y dirigido por la dictadura cubana, que comprende 6 pasos, a saber:
PRIMERO.- A partir de 2010, con la posesión de Juan Manuel Santos, convencidos de que no era la lucha armada un camino eficaz para llegar al poder, debido a la derrota sufrida a manos del gobierno de la Seguridad Democrática y de las Fuerzas Militares, optaron los dirigentes socialistas por iniciar un proceso de conversaciones para pactar un acuerdo de paz con el gobierno. Mientras se adelantaban las conversaciones, continuaron los planes ya iniciados de infiltración del marxismo en los tribunales, las universidades, los medios de comunicación. Con enormes sumas provenientes del fisco nacional se financiaron multitud de organizaciones, publicaciones y colectivos de todo tipo para promocionar el acuerdo de paz, polarizar el país entre amigos y enemigos de la paz, y comenzar la estigmatización de la Fuerza Pública.
SEGUNDO.- Seis años después, en 2016, se firmó el humillante acuerdo, mediante el cual el Gobierno santista repartía curules, creaba comités para el cogobierno con las FARC, un tribunal, la JEP, diseñado para absolver a los narcoterroristas y perseguir a sus opositores, y la entrega de millonarias sumas del presupuesto a la organización guerrillera y a sus componentes. No obstante haber sido rechazado por el pueblo en el plebiscito de 2017, se las arregló el gobierno para sustituir la voluntad del Constituyente primario y darle al acuerdo, con el aval de unos prevaricadores magistrados, la refrendación popular que requería para nacer a la vida jurídica. Un golpe de Estado a la Democracia y al Estado de Derecho. Había obtenido la izquierda radical un poderoso socio, el santismo, para avanzar en el camino al poder.
TERCERO.- Se inventaron con la complicidad de la Corte de marras un procedimiento no previsto para reformar gran parte de la Constitución, el fast track. Sin ningún rubor introdujeron lo pactado en los ilegítimos acuerdos, mediante una vía también ilegítima y así se fue consolidando esa maldita coalición farc-santista. La implementación y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno se iniciaron en la administración Santos y continuaron en la de Duque, contando éste en su nómina con numerosos partidarios del SÍ en el plebiscito y militantes del santismo. Por el contrario, a la narco-guerrilla no se la exigió cumplimiento en la entrega de menores reclutados, secuestrados, bienes ilícitos, armas, ni tampoco información sobre rutas del narcotráfico o indemnización a sus víctimas.
CUARTO.- Por primera vez en su historia, estuvo cerca el socialismo de acceder al poder en 2018 pero, gracias a la coalición acordada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y al respaldo de las mayorías silenciosas que se opusieron al acuerdo de La Habana, se frustró el intento comunistoide de hacerse con el poder. Pero, una vez posesionado Iván Duque, arreciaron los ataques del populismo radical comandado por el candidato derrotado, Gustavo Petro, mediante una seguidilla de marchas, asonadas y protestas violentas en diferentes ciudades, mientras los grupos armados de las FARC y ELN persistían en acciones terroristas, asesinato de líderes, ataques a la fuerza pública y explotación de su imperio cocalero. Como es natural, tanto los grupos socialistas como sus aliados del santismo en las Cortes y el Congreso se han opuesto a toda medida que represente amenaza para la consolidación del narcotráfico, principal fuente de financiamiento de su movimiento.
QUINTO.- La primera confrontación electoral, después de la elección presidencial, fue la elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, en las que fue indiscutible el triunfo de los partidos de orientación marxista, los cuales solos o en alianzas puntuales, se tomaron prácticamente la mayor parte de las gobernaciones y alcaldías, entre éstas, las de las tres ciudades más importantes. Fue una derrota monumental tanto para el Gobierno como para los partidos que lo eligieron. Otro peldaño en la escalada del poder.
SEXTO.- Envalentonados con estos triunfos, se lanzaron los dirigentes comunistas a la recta final consistente en remover los dos obstáculos que todavía se atravesaban en su ruta hacia el poder: Álvaro Uribe y las Fuerzas Militares. En dañado y punible ayuntamiento con las Cortes y los comunicadores financiados por Soros y el santismo, se fueron lanza en ristre contra los militares de Colombia y contra la institución militar para anular su misión de vigilancia de la Constitución, defensa de la soberanía y garantía de la seguridad de los colombianos. Por desgracia, han contado con la actitud blandengue de un gobierno que, a la más peregrina acusación proveniente de un periodista de izquierda, procede a separar del servicio a los acusados sin fórmula de juicio, es decir, a condenarlos mediáticamente.
Similar estrategia se ha seguido para sacar de circulación a un personaje de la talla de Álvaro Uribe. Sin ningún respeto por el debido proceso ni por las normas de hermenéutica de la prueba judicial, la Corte Suprema de Justicia ha tenido como válidas las acusaciones de criminales de la peor laya, manipulados por un siniestro personaje, Iván Cepeda, quien, según el aserto de varios reclusos, se ha dedicado a ofrecer favores a quien declare en contra del expresidente o de su hermano.
Ya pueden festejar los criminales de las FARC y del ELN, sus compinches de los grupos de izquierda y de los medios infiltrados por el “marxismo cultural”, pues han conseguido el premio que les faltaba: encarcelar a su principal contendor.
Los que no podemos dormir tranquilos somos el resto de colombianos, pues se cumplió el proceso prolijamente diseñado para la toma del poder en 2022. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Qué otra señal esperamos para danos cuenta que vivimos en un régimen de transición hacia la entrega del país al socialismo?
Sólo hay una manera de abortar este espeluznante final: Que volvamos a unirnos quienes votamos por el NO en el plebiscito y quienes quieren a Colombia por encima del grupismo que nos ha hecho tanto daño. Que convirtamos las elecciones parlamentarias en un verdadero plebiscito y votemos únicamente por quienes estén dispuestos a eliminar el fatal acuerdo de paz, a reconstruir el país desde sus cimientos y a erradicar el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la impunidad y la destrucción de la familia tradicional. No obstante lo inmenso de la tarea, debemos tener presente la atención de la crisis económica y la pérdida de empleo de millones de colombianos. La solución no es quebrar las empresas ni imponer más impuestos, ni endeudar más al país, como proponen los castro-chavistas. Hay que buscar el dinero que se pierde en la corrupción, la evasión y el clientelismo. Imponer la austeridad en el Estado. Vender activos para crear empleo. Y destinar los 129 billones de pesos que cuestan los compromisos con las FARC a crear puestos de trabajo y solventar las empresas perjudicadas en la cuarentena.
Luis Alfonso García Carmona, Presidente de Alianza Reconstrucción Colombia.
(*) Luis Alfonso García Carmona es Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, realizó estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (EAFIT). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito (Santafé de Antioquia), Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Gerente de relaciones industriales, Asesor Jurídico y Gerente General de varias empresas privadas, Director Ejecutivo de Asotauro. Actualmente es columnista de varias publicaciones virtuales como Debate, La Linterna Azul y El Informador.
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