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¿Por qué debemos abolir el acuerdo de La Habana?

Acuerdos de La Habana

Hay todo un ‘abecedario’ de razones para abolirlo. Una sola: “el costo calculado del acuerdo en los próximos años es de 129 billones de pesos, lo cual está fuera de las posibilidades del país, arruinado por la pandemia del Covid y por la irresponsable gestión de J. M. Santos”.

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Resultados Plebiscito – (Captura de pantalla).

A.- Porque se trata de un acuerdo espurio, rechazado por el  constituyente primario en el plebiscito de 2016. Su imposición en contra de la voluntad popular constituyó el fin de la Democracia.

B.- Porque su contenido fue implementado ilegítimamente mediante un procedimiento no previsto en la Constitución Nacional denominado el “fast track“. Se instauró una normatividad ilegítima y desapareció el Estado de Derecho.

C.- Porque parte de una falsa premisa, poner fin a una guerra que nunca existió. Lo que hubo fue una sucesión de actos de terrorismo cometidos por una banda de narcotraficantes, secuestradores, violadores y extorsionistas, sin ningún apoyo popular.

D.- Se argumentó que sus principales objetivos eran la reparación a las víctimas y la no repetición. No se ha indemnizado a nadie, pues sus victimarios alegan carecer de recursos. En lugar de la no repetición, vive el país una ola de violencia en las ciudades, el campo está dominado por los grupos ilegales armados, y el cultivo de la cocaína se ha multiplicado CINCO VECES después de la firma del acuerdo.

E.- Las FARC no cumplieron con la devolución de sus armas, ni con la liberación de los secuestrados, ni con la entrega de los menores reclutados forzosamente, ni con la entrega de los activos ilícitos, ni con la información sobre rutas de narcotráfico, ni colaboró en el desminado de los campos sembrados de explosivos por su accionar. En todo contrato bilateral, el incumplimiento de una de las partes exonera a la otra de cumplir las suyas.

F.- Con la firma del acuerdo se suspendieron las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato, los bombardeos a campamentos y laboratorios, la extradición de los capos del narcotráfico pertenecientes a las FARC y la extinción de dominio de sus bienes vía express, lo que ha producido que en 2019 alcanzamos el récord histórico en producción de cocaína. Somos el primer productor de cocaína en el mundo.

G.- Las FARC y sus aliados en la aprobación del Acuerdo convirtieron la Justicia en su instrumento para blindar el espurio acuerdo, perseguir a sus detractores y  beneficiar a los criminales de lesa humanidad de las FARC. Se les inventó un tribunal a su gusto –la JEP– que sólo ha servido para garantizar la impunidad de sus actos delictivos y para justificar la continuidad de los mismos, como en el caso del narcotraficante Santrich.

H.- Con la vigencia del acuerdo, la inseguridad de los habitantes y sus derechos a la vida, a la libertad y al trabajo, se ven afectados, pues las enormes sumas de dinero generadas por el narcotráfico y la minería ilegal, sirven para alimentar la violencia, comprar la impunidad e infiltrar todas las instituciones.

I.-  Impuso el Acuerdo la ideología de género, destructora de la familia tradicional, como paso para la desmoralización total de la sociedad, la cual se enseña ya a la juventud y se promociona a través de los presupuestos públicos de la Nación y de las alcaldías.

Acuerdo Santos Timochenko Cuba
Acuerdo Santos Timochenko, Cuba.

J.- Constituyó el acuerdo una claudicación del Estado frente a la doctrina comunista pregonada por las FARC, y su implementación ha convertido al gobierno en un instrumento de transición hacia la entrega absoluta del poder al castro-chavismo en las elecciones del 2022.

K.- Permite la violación a la soberanía nacional, pues ordenó que los magistrados de la JEP fuesen designados por extranjeros; que participen representantes de Venezuela, Cuba, Noruega y Chile en la Comisión de implementación que se creó como organismo de cogobierno; y que organismos manipulados por la izquierda, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dicten normas al Congreso y al Gobierno colombiano.

L.- Otro engendro, que justifica por sí solo la abolición de este fatídico acuerdo, es la Reforma rural, que ya ha sido ensayada por el socialismo en otros países como Venezuela y Cuba, con catastróficos resultados. Pretenden con ella premiar a los invasores de tierras; expropiar los predios que a juicio de cualquier burócrata del régimen marxista que se avecina, no cumpla con “la función social o ecológica de la propiedad”; crear, por consiguiente, una monumental inseguridad jurídica; desestimular la inversión en el campo, que es la base del desarrollo en cualquier país; repetir la proletarización del campo que ha llevado a la miseria a los países bajo el régimen comunista. Compromete al Estado a entregar 3 millones de hectáreas a guerrilleros y amigos suyos, y a adquirir otros 7 millones de hectáreas, que representarían una erogación superior a 50 billones de pesos, por fuera de las posibilidades del erario, maltrecho ya con la deuda pública que dejó J. M. Santos y con la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19. 

M.- Ha perpetrado el Acuerdo la tremenda humillación de equiparar a los militares, que han actuado en defensa de la soberanía y de la seguridad de los colombianos, con los mayores criminales de nuestra historia. Para evitar unas largas e injustas condenas, deben los militares confesar ante la JEP delitos que no han cometido.  Son responsables de los ilícitos presuntamente cometidos por personal a su mando, pero dicha norma no se aplica a los cabecillas de las FARC. Se les desconoce el fuero militar y deberán ser juzgados por un tribunal de orientación marxista designado por aquellos a quienes derrotaron en el campo de batalla. Hasta su misión, claramente definida en la Constitución, se ha modificado para introducir la doctrina Damasco y la multimisión dejando así a los colombianos a merced del terrorismo procomunista.

N.- Se ha incrementado desmesuradamente el tamaño del Estado y sus gastos de funcionamiento, así como su deuda pública, por causa del infortunado Acuerdo. Se gastaron ingentes sumas de dinero en publicidad, contratos de asesoría, sobornos a congresistas, magistrados, periodistas, organizaciones de todo tipo, personajes foráneos y colectivos de orientación marxista, para procurar el apoyo al SÍ en el plebiscito; se malgastó el presupuesto de la Nación, la bonanza petrolera, la venta de valiosos activos y se incrementó a niveles insostenibles la deuda pública en un derroche para la implementación y divulgación del acuerdo; el costo calculado del acuerdo en los próximos años es de 129 billones de pesos, lo cual está fuera de las posibilidades del país, arruinado por la pandemia del Covid y por la irresponsable gestión de J. M. Santos.

O.- No es posible alcanzar el crecimiento económico que el país requiere mientras esté vigente el Acuerdo. La inseguridad física y jurídica que genera espantan a cualquier inversionista; la economía está artificialmente soportada en remesas provenientes del narcotráfico, cuyo principal cartel es la Farc; la marcha del Estado se ve entorpecida a diario por la acción de grupos terroristas y narcotraficantes que controlan casi la mitad del país, y por milicias urbanas que se han multiplicado al amparo de lo aprobado en La Habana y de la impunidad reinante.

P.- Nuestro principal recurso, nuestra juventud, se está formando con la mentalidad marxista establecida en el Acuerdo; se ha modificado la historia y ya los héroes son los bandoleros de las FARC y los responsables de todos los males del país somos el resto de colombianos, como lo sostiene la Comisión de la Verdad creada en el acuerdo; también se les adoctrina en la inexistencia de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer y se desconoce la misión natural de la pareja; se ignora en las aulas la existencia de Dios, pero se lava el cerebro de los jóvenes con las doctrinas ateas, materialistas y marxistas a través de Fecode y de los catedráticos afectos al “marxismo cultural”.

Q.- Con la aprobación del acuerdo se han subvertido los valores y principios que han construido nuestra nacionalidad y nos han permitido vivir bajo un sistema democrático. Se ha sentado la premisa de que los mayores crímenes son indultados y premiados con curules, lo cual ha alentado la aparición de nuevos grupos violentos; se ha enseñado con el ejemplo que el delito, la corrupción, el irrespeto a las leyes y a las autoridades no son punibles, y quienes así obran son premiados con poder político y prebendas políticas;

R.- El Acuerdo ha colocado al país al borde de caer en el socialismo del siglo XXI, como lo auguran las estadísticas; el voto en las urnas ha sido desconocido por la anarquía y los desmanes en las calles; como consecuencia del infame pacto, ahora se pretende reformar al Ejército y a la Policía para dejarlos sin poder efectivo para el control de la anarquía y del terrorismo; los aliados de las FARC, quienes promovieron la aprobación del Acuerdo, ahora se unen para colocar al Gobierno contra la pared y asaltar el poder con motines, con dinero proveniente del narcotráfico y con fraude electoral mediante el voto electrónico, ya ensayado con éxito por sus compinches en Venezuela con la misma firma asesora que lo manejará en Colombia. 

Con riesgo de extendernos demasiado, podríamos abundar en causas y razones para la abolición del funesto acuerdo Farc-Santos. Pero solamente se trata de llamar la atención de los colombianos sobre éste, que es el más grave de los problemas que nos aquejan y que, a su vez, da origen a muchos más.

Por: Luis Alfonso García Carmona


Imágenes: encabezado, tomada de WordPress; interiores, captura de pantalla de noticias Telemedellín (en internet), e imagen de crónicadelquindío.com


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Sobre el Autor

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Luis Alfonso García Carmona

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, realizó estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya), y nivelación en administración de empresas (Eafit). Se ha desempeñado como Jefe de
Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito (Santafé de Antioquia), Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación, Secretario de Gobierno Departamental, Gobernador encargado de Antioquia, y Fiscal Seccional. Es autor de las obras Vademecum Jurídico y Reconstrucción Nacional. Escribe para La Linterna Azul, Periódico Debate y Tradición Viva. Es presidente de Alianza Reconstrucción Colombia.

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