En medio de la invasiva, persistente y abusiva propaganda alusiva al llamado «Día del orgullo gay», un juzgado de Cádiz, España, ha admitido «las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos», según la información dada a conocer por InfoCatólica.
La juez asegura en su auto que «no existen dudas en razón a la doctrina del TS sobre la materia». Y la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha comentado el fallo:
«Lo dice la ley, lo ha dicho el Supremo, ahora otro juzgado ¿cuántas sentencias hacen falta para que algunos cumplan la ley?»
Pedro Mejías, de acTÚa FAMILIA, valora de la siguiente manera lo ocurrido:
«Es un hecho histórico que nos aporta libertad ante el adoctrinamiento público: no estamos en contra de fiestas y conmemoraciones de colectivos varios, pero no en sitios públicos y con nuestro dinero».
Al respecto, invitamos a leer nuestra publicación, y a firmar la campaña:
Eso, allá en España. Mientras tanto, en Colombia, alcaldes y gobernantes, varios de los cuales posan de «católicos», no sólo son condescendientes con toda esta propaganda, sino que incluso la promueven en sus propias ciudades. Así lo está haciendo el actual Alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Y lo hizo su antecesor, Federico Gutiérrez, quien se atrevió a fustigar a sus propios conciudadanos cuando le reclamaron haber cambiado la Bandera de Antioquia, un símbolo patrio protegido legalmente, por una del colectivo LGTB, pretextando la «inclusión» social precisamente con motivo del «Día del orgullo gay» y su correspondiente desfile.
El precedente que sienta este juzgado español es muy importante, y se suma a los que ha ido estableciendo el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en contra del adoctrinamiento al que están siendo sometidos los niños y jóvenes, y en favor de la Familia y del matrimonio natural.
Por su parte, el ciudadano que se atrevió a desmontar la bandera lgtb, a raíz del pronunciamiento del juzgado español, ha dicho a través de sus redes sociales:
Yo, Luis Emilio Arboleda Arenas, he sido atacado, calumniado, insultado, desafiado, hasta por personas cercanas a mí por atreverme a denunciar lo que hoy la justicia española reconoce: no se puede patrocinar colectivos de ninguna clase con dinero que pagan los ciudadanos en sus impuestos y más cuando lo que se patrocina es una aberración y un privilegio, no un derecho.
Pregunto: ¿Dónde están los abogados cristianos y católicos que nunca me han acompañado en esta batalla? Al parecer tienen miedo al igual que la gran mayoría. Sólo veo al señor Samuel Ángel, día a día, dando la pelea…
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