Por Plataforma Cívica Nueva Democracia
María Camila Ospina
Ha llegado nuevamente a la Corte Constitucional una demanda que pretende dar vía libre al aborto en todos los casos y en cualquier tiempo de gestación.
Las demandantes hacen referencia a situaciones tan complejas como la migración, la violencia, o la pobreza, situaciones extremadamente complejas que, de acuerdo con su argumentación, parece fueran a solucionarse por arte de magia permitiendo el aborto en nuestro país.
Yo me pregunto: ¿con cuántos abortos se erradica la pobreza? ¿Cuántos embarazos hay que terminar para que nos libremos de la violencia sexual en nuestro país? O ¿cuántos abortos se requieren para que la situación de las migrantes en nuestro territorio mejore? No es tan sencillo, ¿no es cierto? La verdad es que en nuestro contexto el aborto causa más problemas sociales y de salud pública que beneficios, pero nadie parece estar hablando de esto.
En lo que sigue, entonces, voy a abordar algunas cuestiones que están siendo ignoradas en el debate, asuntos sobre la vida, la salud, la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres, para concluir con algunas consideraciones sobre la Corte Constitucional y sus competencias. Mi postura es que el aborto no solo no es un derecho, es un obstáculo y un atentado contra otros derechos; es violento y discriminatorio si se impone a una mujer y a una familia, en condiciones extraordinarias y vulnerables como única alternativa.
En primer lugar, el aborto provocado, contrario a lo expresado por sus defensores, constituye un grave peligro tanto para la salud, como para la vidade las mujeres gestantes. En este sentido, a pesar de que se quiera argumentar la práctica del aborto como una necesidad imperante de salud, lo cierto es que hay numerosos estudios que prueban lo contrario. Entre otros, los estudios de Thorp Hartmann y Shadigan, de 2005[1]; los de Butler y Richard E. Behrman, de 2007[2] y los de Fergusson, Horwood, y Ridder de 2006[3]; muestran que el aborto (en general, no solo los abortos clandestinos), incrementan el riesgo de placenta previa en un 50%, duplican el riesgo de embarazo pretérmino en futuros embarazos, incrementa el riesgo de sufrir depresión, incrementa el riesgo de incurrir en adicción a las drogas, e incluso el riesgo de incurrir en el suicidio. Esto, sin contar con las consecuencias a corto plazo, tales como las hemorragias, la perforación del útero y las infecciones.
En el mismo sentido, un estudio descriptivo epidemiológico realizado en Estados Unidos sobre factores de riesgo y mortalidad de madres gestantes que acudieron al aborto legal[4], concluyó que “el riesgo de muerte [de la madre gestante] aumenta exponencialmente en un 38% por cada semana adicional de gestación, sin que el riesgo en ningún caso haya sido menor o inexistente.
Igualmente, en 2011, se reconoció abiertamente en ‘The American Journal of Obstetrics and Gynecology’, que un número creciente de estudios demostraron de manera creíble que la IVE (“Interrupción Voluntaria del Embarazo”) en el primer y segundo trimestres está asociada con un mayor riesgo de nacimientos prematuros espontáneos posteriores[5]. En 2009 se publicó una amplia reseña bibliográfica sobre el tema en el “British Journal of Obstetrics and Gynecology”[6]. Los resultados se basaron en los hallazgos analizados de 37 estudios que abarcan 40 años. La investigación concluyó que un solo aborto inducido estaba asociado con un aumento del 36% en las probabilidades de un posterior nacimiento prematuro, y que más de un aborto inducido casi duplicaba el riesgo.
Al respecto, al menos es posible concluir que hay serias dudas en torno a las consecuencias de la práctica del aborto y que existen importantes riesgos comprobados sobre la salud de las mujeres y, por supuesto, sobre la existencia de vida humana en el vientre materno. Amplia evidencia científica impide que se zanje la discusión, contrario a lo que las demandantes pretender afirmar. Lo que resulta entonces desconcertante es que la Corte Constitucional aplique la duda de manera desfavorable para los derechos humanos, en vez de procurar la mayor protección posible, al menos hasta tener certeza al respecto, sobre todo si esto implica sujetos de especial protección constitucional como los niños y las mujeres en condición de vulnerabilidad.
Más aún, resulta contrario a la realidad del país argumentar el aborto como una prioridad en salud de la mujer, cuando las cifras demuestran la existencia de otras muchas mayores necesidades de la población femenina. De acuerdo con cifras del DANE, la principal causa de muerte femenina en Colombia son los problemas cardiovasculares (34%), tumorales (22%,) particularmente cáncer de seno, y complicaciones pulmonares (12%). Estas cifras realmente dejan en evidencia que el aborto no es una necesidad imperante de las colombianas, por el contrario, las necesidades del sistema de salud se encuentran en otras áreas que deberían estar siendo el foco de acción. Cualquier recurso público que se destine a garantizar el “acceso a la IVE”, es recurso público que se necesita de manera urgente en otros campos.
Una realidad aún más perturbante de nuestro sistema de salud y en general sobre las condiciones sociales que enfrentan las mujeres, es que, debido a su insuficiencia y deficiencia, las mujeres no se encuentran frente a la posibilidad de una decisión real. Nuestro sistema propone a las mujeres el aborto como alternativa a sus embarazos no planeados o en condiciones extraordinarias, sin realmente ofrecer soluciones alternativas, violentando su libertad y autonomía. Es así que una mujer en condición de vulnerabilidad se encuentra ante dos opciones: interrumpir su embarazo y acabar con la vida de su hijo, o enfrentarse en soledad a un sistema de salud insuficiente e ineficiente y a un contexto social en el que el embarazo y la maternidad cada vez son más atacados y estigmatizados, realidad que es aún más reforzada con los actuales discursos proaborto. Considerar que la maternidad es una “desgracia”, no contribuye, sino que profundiza la estigmatización contra el embarazo y la maternidad, más aún si se pretende afirmar que la mujer debe elegir entre tener una vida profesional y de realización personal, o ser mamá.
Daphne Clair de Jong, fundadora de “Feminists for life” en Nueva Zelanda, respondía en 1978 a este argumento con las siguientes palabras, que encuentro no solo pertinentes sino poderosas:
“Si las mujeres deben someterse al aborto para preservar su estilo de vida o carrera; su situación económica o social, están complaciendo a un sistema ideado y dirigido por hombres para la conveniencia masculina. La política del sexismo se perpetúa acomodándose a estructuras societarias que decretan que la maternidad es incompatible con otras actividades, y que los niños son responsabilidad exclusiva de su madre”.
Incluso peor, aun optando por el aborto, el sistema abandona a la mujer que enfrenta las consecuencias físicas y psicológicas. Hace un tiempo preguntamos a Profamilia, a través de un derecho de petición, sobre lo que significaba en la realidad la campaña que promovía. El lema era “aborta, en lo demás te acompañamos”. Contestaron que estaban construyendo el plan, y que todavía no tenían una respuesta al respecto.
Esto quiere decir que no solo se está promoviendo la práctica de un delito, sino que además se están desconociendo las consecuencias reales y las necesidades que derivan del mismo, lo cual finalmente nos conduce a la conclusión de que más allá de un debate jurídico o de derechos, estamos ante una lucha ideológica sin fundamentos y sin un análisis real de las implicaciones.
Si el verdadero propósito es el de resguardar el bienestar de la mujer, nuestro sistema jurídico y de gobierno debería estar tomando otra dirección. Decenas de medidas alternativas podrían ser tomadas, entre otras: la mejora del sistema de adopción del país, la atención médica en ginecobstetricia, la atención en salud para los neonatos, la mejora de las leyes laborales para proteger a las madres, la oferta en educación, la promoción de una cultura de respeto y solidaridad, entre otros. Pero lo cierto es que, en el estado actual de nuestro país, la alternativa no existe.
Por otra parte, el aborto provocado es violatorio del derecho a la igualdady la dignidadde las personas. Los argumentos que se plantean en relación con el aborto suelen ser ampliamente discriminatorios.
En este sentido, se ha argumentado que el aborto provocado debe ser completamente eliminado del Código Penal, basando sus argumentos en circunstancias excepcionales como aquellas que enfrentan las mujeres migrantes, las mujeres en condición de pobreza, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y las mujeres que esperan bebes en condición de discapacidad. Estas circunstancias, aunque todas difíciles y presentes en nuestra sociedad, han sido tergiversadas para ser utilizadas en perjuicio de las mismas poblaciones que dicen proteger, al punto de ofrecer el aborto como solución a problemáticas que son mucho más complejas y que requieren de soluciones reales.
En este sentido, es falaz argumentar que la violencia, la violación de los derechos humanos de los migrantes o la pobreza, van a ser erradicados o siquiera mejorados si se permite la práctica del aborto. Este tipo de afirmaciones no sólo no aportan ninguna solución real al problema, sino que empeoran la situación de vulnerabilidad de las mujeres al simplificar las problemáticas, reubicar la responsabilidad y distraer la atención de los entes de poder del país (como son las Cortes o el Congreso), hacia alternativas ineficientes e irrelevantes. La realidad es que lo que las poblaciones requieren para mejorar su situación, no es que se les permita cometer un delito sin tener una consecuencia penal por sus acciones. Ningún número de abortos va a erradicar problemas tan serios como los que enfrentamos; y simplificar las soluciones que deben ofrecerse, perpetúa nociones equivocadas sobre problemas sociales y da la sensación, tanto a la sociedad civil como a los entes de poder, de que su responsabilidad para con las poblaciones vulnerables ha sido liberada o satisfecha al permitir el aborto, o al “eliminar las barreras” para su práctica.
Esto resulta aún más peligroso cuando un grupo pequeño de personas se toma el derecho de hablar en nombre de una población tan amplia y diversa, para solicitar supuestas “soluciones” a problemas que no son los propios y que muy frecuentemente son contrarias a la voluntad de las mujeres quienes en su mayoría quisieran, en primer lugar, haber sido libradas de las circunstancias que las llevaron a un embarazo en estas condiciones (como la violencia o el desplazamiento forzado), o que quisieran tener el derecho a ejercer su maternidad a pesar de su contexto (como la pobreza).
Plantear el aborto como solución o respuesta a estas problemáticas en determinados contextos, es en sí mismo discriminatorio. Lo que esta solución sugiere o el mensaje que envía entre líneas, es que solo las mujeres acomodadas y con estabilidad económica pueden formar una familia, que solo ellas están en condiciones de alcanzar la felicidad y desarrollar una vida digna de ser vivida.
Justificar el aborto en condiciones tan particulares fomenta una cultura de división, en la que los más privilegiados son dignos de decidir sobre su vida y los menos privilegiados deben evitar traer personas al mundo a vivir en las condiciones que ellos mismos enfrentan, como si estas condiciones los hicieran a ellos mismos menos dignos de vivir, con menos derechos. Decirle a una persona que es mejor no nacer, o nunca haber vivido, que vivir en sus circunstancias de vida, es discriminatorio e hiriente, más para una sociedad como la nuestra que ya ha tenido que enfrentar suficiente dolor. Basta con acercarse a las mujeres que están atravesando un embarazo en estas condiciones para entender que la gran mayoría no están buscando un aborto; por el contrario, están en búsqueda de una sociedad que les tienda la mano para poder ejercer su maternidad y paternidad en dignidad; por ello, pretender decir que un aborto es la solución, es revictimizar a una persona que ya está sufriendo por las insuficiencias de nuestro país.
Prueba de esto es la labor real y de campo que realizan cientos de organizaciones en nuestro territorio, ofreciendo el apoyo y la ayuda que el Estado está fallando en ofrecer, y que demuestra que hay miles de mujeres que llegaron a considerar el aborto, únicamente al no encontrar otra alternativa. Prueba, igualmente, es la experiencia comparada de que el aborto libre no aporta ninguna solución. El aborto libre, por ejemplo, está permitido en Cuba desde 1936, en Ciudad de México desde el 2007, igualmente en India, China o Vietnam, y sin embargo ninguno de estos territorios ha tenido una mejora significativa en temas de pobreza o justicia social. Por el contrario, son países en los que las cifras demuestran lo opuesto: en China, la mitad de la población vive en la pobreza extrema; en India, hay 255 millones de personas viviendo en la pobreza extrema; en Ciudad de México, de acuerdo con cifras de UNICEF, hay 6,754 niños o adolescentes en situación de calle. El aborto no aporta ninguna solución, solo crea más problemas sociales.
De la misma manera, argumentar que una persona no merece nacer únicamente porque tendrá algún tipo de discapacidad, resulta absolutamente discriminatorio y nos sitúa nuevamente ante una afirmación muy difícil de sostener ante las personas nacidas y que están en condición de discapacidad: ¿acaso su condición los hace menos dignos?, ¿acaso no merecen vivir? ¿o se les debió impedir nacer? Asegurar que una persona debe ser abortada únicamente porque tendrá una condición de discapacidad durante su vida, implica supeditar su dignidad a criterios de utilidad y validar la idea de que el nacimiento de un niño con discapacidad es un “desorden” o una “desgracia.”. Es, a todas luces, discriminatorio.
Es así que resulta imposible sostener que la IVE debe ser considerada como un derecho, no solo porque acabar con una vida es un delito, sino porque en sí misma es violatoria de derechos fundamentales. Derechos que se encuentran en el centro del sistema internacional de derechos humanos, y sobre los cuales debemos concentrarnos en primer lugar. Es ilusorio y altamente preocupante que nuestra Corte Constitucional, llamada a ser garante de nuestra carta política y de nuestros derechos fundamentales, centre su acción en aumentar el “catálogo de derechos” usurpando funciones del legislador, en un contexto en el que sistemáticamente se violan aquellos que son verdaderamente fundamentales.
Incluir la IVE como derecho no es solo incorrecto jurídicamente, es imposible empíricamente. Nuestro sistema no está en condiciones de ofrecer soluciones reales, tampoco verdaderas opciones alternativas ni, mucho menos, recursos para priorizar una mal llamada “práctica médica” sobre aquellas otras que ya fueron enumeradas (como preventivas de enfermedades cardiovasculares o tumorales) y que aún no son garantizadas a las mujeres.Ahora bien, siguiendo con esta misma línea argumentativa, resulta falaz pretender permitir la práctica del aborto, actual delito consagrado en nuestro código penal, de manera generalizada y sin restricción, apelando a situaciones extraordinarias. La realidad del aborto en el mundo es que la mayoría se realizan como consecuencia de embarazos no planeados, fallas en métodos anticonceptivos o simple negligencia de las personas involucradas. Esto quiere decir que estaríamos justificando el aborto como método de planificación familiar, utilizando circunstancias excepcionales como las que fueron enumeradas anteriormente.
Esto resulta altamente peligroso por las razones que se expusieron al comienzo de este acápite: el aborto es nocivo para la salud física y emocional de las mujeres, y de los padres de estos niños. Simplificar la práctica del aborto y hacerlo disponible a todas las mujeres sin excepción, representa un riesgo importante de salud pública. De hecho, la mayoría de los Estados que han dado vía libre a la práctica del aborto, han terminado por limitarlo de manera posterior, al ver las nefastas consecuencias que ha traído consigo. [7] Permitir el aborto sin límite soporta la noción de que es algo “correcto o apropiado” por el simple hecho de ser legal, pero además la noción de que sus consecuencias son menores o inexistentes, llevando a las mujeres a optar por esta “solución” de manera más sencilla y por tanto exponiéndolas a los riesgos físicos y emocionales descritos, lo cual pondría a toda una generación de colombianas en riesgo de sufrir serias consecuencias físicas y emocionales.
Aún más, justificar el aborto libre tiene consecuencias sociales serias, no solo por apoyar una cultura de irresponsabilidad sobre los actos individuales y las consecuencias de sus acciones, sino por reforzar una cultura individualista y egoísta. Recientemente un estudio publicado por el Centro de Ética y Cultura de la Universidad de Notre Dame[8], encontró que todos los dilemas en bioética públicos, incluido el aborto, tienen fundamento en un individualismo exacerbado que comprende a la persona como un mero individuo aislado y atomizado, que puede tomar decisiones sobre su vida como si se tratara de meras transacciones legales o comerciales. Esto resulta muy peligroso para la vida en sociedad, pues deshumaniza a los seres humanos, los libera de la responsabilidad no solo sobre su propia vida sino sobre la de los demás.
En conclusión, nuestro país no está preparado para ofrecer soluciones alternativas a las mujeres, tampoco siquiera, para ofrecer la atención que requieren las mujeres que abortan, o para ofrecer procedimientos médicos adecuados. En estas condiciones, el aborto es violento y discriminatorio hacia las mujeres en condición de vulnerabilidad, sin mencionar que es a todas luces violatorio de los derechos del niño que está por nacer. El aborto no solo no ofrecería soluciones reales a nuestras problemáticas sociales, sino que, como fue expuesto, traería consecuencias nefastas para nuestro país y en particular para las mujeres. Las mujeres colombianas tenemos muchas necesidades: salud, educación, vivienda, trabajo…, y necesitamos garantía de estos derechos, no abortos.
La humanidad ha hecho grandes esfuerzos a través de los siglos para dejar atrás la idea de que la dignidad humana depende de la voluntad o conveniencia de alguien (la esclavitud, el racismo, el nazismo), y el aborto libre es un enorme paso hacia atrás para nuestro país y en general para la humanidad.
[1] John M Thorp 1, Katherine E Hartmann, Elizabeth Shadigan Long-term physical and psychological health consequences of induced abortion: a review of the evidence https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15856572/
[2] Richard E Behrman, Adrienne Stith Butler Preterm Birth: Causes, Consequences, and Prevention https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20669423/
[3] Richard E Behrman and Adrienne Stith Butler. Mortality and Acute Complications in Preterm Infants. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11362/
[4] Bartlett LA1, Berg CJ, Shulman HB, Zane SB, Green CA, Whitehead S, Atrash HK. “Risk factors for legal induced abortion-related mortality in the United States”. Obstet Gynecol. 2004 Apr;103(4):729-37.
[5] Iams JD, Berghella V. Care for women with prior preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2010 Aug;203(2):89-100. doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.004. Epub 2010 Apr 24. PMID: 20417491; PMCID: PMC3648852.
[6] Shah PS, Zao J; Knowledge Synthesis Group of Determinants of preterm/LBW births. Induced termination of pregnancy and low birthweight and preterm birth: a systematic review and meta-analyses. BJOG. 2009 Oct;116(11):1425-42. doi: 10.1111/j.1471-0528.2009.02278.x. PMID: 19769749.
[7] La mayoría de Estados que han legalizado el aborto, lo han limitado en el tiempo o de acuerdo a causales específicas. Los únicos países del mundo donde el aborto es completamente libre son China, Vietnam y Corea del norte.
En países como México, España o Estados Unidos existe la despenalización amplia del aborto, siempre y cuando ocurra antes de las 12 semanas. El mismo límite de tiempo lo tienen Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y la República Checa.
En Países como Inglaterra, Gales y Escocia se permite el aborto antes de las 24 semanas, siempre que se enmarquen en causales relativamente similares a las que se aplican en Colombia: que la interrupción del embarazo sea necesaria para mantener la salud física y mental de la mujer, que se configure dentro de un grave riesgo para la vida de la madre y que exista riesgo de enfermedad física y mental del bebé.
En el mismo sentido, en 2011, seis estados de EEUU adoptaron una legislaciónque restringía la posibilidad de abortos en caso de fetos viables de 20 semanas o más de gestación. En marzo, Arkansas aprobó una ley para prohibir sin excepción el aborto después de las 12 semanas de gestación. Dakota del Norte fue aún más allá, reduciendo el plazo a las 6 semanas.
[8] O Carter Snead, What it means to be human: The Case for the Body in Public Bioethics.
Fotografía del encabezado: RCN Radio, imagen disponible en internet.
Sobre la autora, María Camila Ospina:
Nacida en Bogotá, Colombia, en 1994, es abogada de la universidad del Rosario, con énfasis en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Miembro de la junta directiva y el Consejo de fundadores de la Plataforma Cívica Nueva Democracia; co-fundadora y encargada de formación y asuntos internacionales de la Organización Human Solidarity International, y fundadora de la Alianza Joven por la Democracia en Colombia.
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