El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, declaró el 29 de noviembre una «victoria para la dignidad de la vida» cuando el Tribunal de Apelaciones del 7º Circuito de Estados Unidos confirmó la ley estatal sobre la eliminación de tejido fetal abortado.
Esta ley, conocida como House Enrolled Act 1337 y aprobada en 2016 por el entonces gobernador Mike Pence, obliga a los centros médicos a incinerar o enterrar los restos fetales tras un aborto.
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Las clínicas de aborto deben dar a las madres la opción de entierro, cremación o llevar los restos de su bebé abortado a casa para disponer de ellos.
Rokita expresó en un comunicado de prensa de su oficina que «los cuerpos de los bebés no nacidos son más que meros desechos médicos que se tiran con la basura. Son seres humanos que merecen la dignidad de la cremación o el entierro». Esta victoria es una «victoria para la más elemental decencia», añadió.
Un juez de distrito de Indianápolis había fallado que la ley era inconstitucional, pero el Estado apeló.
Los jueces de apelación, por el contrario, dictaminaron por unanimidad que no se vulneraban los derechos de los médicos, que alegaban que se les obligaba a reconocer que el no nacido es persona, ni a que sean ellos quienes entierran o incineran los cadáveres, ni tampoco se violaban sus derechos al exigirles información precisa sobre el aborto.
Fuente: Judge Upholds Indiana’s Law on Disposal of Aborted Children’s Bodies
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