Comienzo por confesar que, hasta donde mi memoria llega, no había presenciado un grado de perplejidad y desorientación en la sociedad colombiana como el que ahora atravesamos.
Reconozcamos que comprender el verdadero significado del proceso electoral del 2022 no está al alcance de la mayoría de los colombianos, sobre todo si se tiene en cuenta el altísimo nivel de manipulación de las noticias que a diario se emiten por las redes y los medios, así como la ausencia de verdaderos liderazgos que encaucen la opinión hacia la solución de los grandes conflictos del país.
Solamente la extrema izquierda actúa en coherencia con un objetivo que no es otro que “la toma del poder”, utilizando para ello todas las armas lícitas e ilícitas. En Colombia comenzaron por hacerse a un sistema de cogobierno, mediante la firma del claudicante y espurio pacto de La Habana. Allí lograron que estallara en mil pedazos la Democracia, pues se desconoció la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2016. Desapareció asimismo el Estado de Derecho con la implementación de profundas reformas a la Constitución mediante el sistema del fast track no previsto en nuestra Carta Magna. La Justicia se convirtió en un hazmerreír con el malicioso invento de la JEP y la servil actitud de las Altas Cortes para blindar el fatídico acuerdo y beneficiar irresponsablemente a los narcoterroristas de las FARC.
Mientras parte de la izquierda utiliza sus privilegios como congresistas para avanzar con la agenda marxista-leninista, otros dirigen su principal fuente de financiamiento, el narcotráfico, con el apoyo de la Corte Constitucional que impide la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, y la presión del “marxismo cultural” incrustado en la Academia, los medios de comunicación y los operadores judiciales.
Ahora que enfrentamos la mayor crisis económica y social de nuestra historia, desencadenada en gran parte por la pandemia de Covid-19, ataca la extrema izquierda con sus anacrónicas propuestas de subir impuestos a las empresas, repartir subsidios universales aunque signifiquen la quiebra del Estado, perseguir la propiedad privada y la libre empresa y convertir al pueblo colombiano en un pordiosero a merced de las cartillas de racionamiento y los subsidios del Estado totalitario.
Frente a ese oscuro porvenir próximo a convertirse en realidad, ¿qué proponen los dirigentes políticos que suponemos defensores de la Democracia?
Hasta ahora pareciera que sólo les importa el tema de las coaliciones. ¿Con quién me asocio para ganar las elecciones? Para nada importa su ideología, su concepción del Estado, el modelo económico que defienda. Lo que importa es con cuántos votos cuenta. Si participó en el desgobierno y despilfarro de Santos, tanto mejor. Si se fabricó una imagen con el dinero de los contribuyentes como alcalde de Bogotá o Medellín, es irrelevante. Si apoya el funesto acuerdo de La Habana o la negociación con el ELN con la ayuda de Cuba, eso no es ningún obstáculo.
En forma parecida actúa el gobierno que elegimos para combatir el binomio Farc-Santos. Se ha empeñado durante dos años en cumplir estrictamente lo acordado con los criminales de las FARC, sin exigir a éstos que cumplan con lo pactado. Olvidó su promesa de combatir el crecimiento de los cultivos ilícitos. Mantiene e incrementa la nómina que dejó Juan Manuel Santos. Frente a la política incendiaria del populismo de izquierda, responde delegando el mantenimiento del orden público en los alcaldes y prohibiendo a la fuerza pública actuar como le corresponde. Ya llegamos al extremo de que un grupo de indígenas desarman y secuestran a soldados de la República. En una palabra: No hay autoridad, no hay coalición de gobierno, no hay defensa de los principios democráticos, no hay liderazgo.
No nos extrañemos entonces, mis queridos compatriotas, de que a un año de elecciones el país se encuentre como corcho en remolino, sin un norte, sin una salida clara, sin un líder a quién seguir, sin un programa de gobierno basado en principios democráticos, cristianos y civilizados que evite la catástrofe que se avecina.
Creemos que hay que darle un verdadero sentido a nuestra Democracia. Necesitamos en cada región líderes empresariales, gremiales, profesionales, amas de casa, trabajadores, etc., que tomen la decisión de trabajar por Colombia aunque nunca hayan sido políticos de profesión. Llevemos los mejores ciudadanos del país al Congreso para que, desde allí, se aprueben las reformas que el país requiere para su reconstrucción moral, política, económica y social. Igualmente, unamos nuestras fuerzas para que la Presidencia sea ejercida con autoridad, respeto a la Ley, garantía de Justicia y de Seguridad para todos, reactivación de la economía y generación masiva de empleo. Un presidente que se guíe por el cumplimiento de principios y valores universales, con carácter, con honestidad y con voluntad de reconstruir la Nación.
