A la 1:54 de la tarde de este viernes, 5 de octubre, los organizadores del concierto anunciaron su cancelación con este escueto mensaje. Desde la noche anterior, medios tradicionales como El Espectador habían asegurado que la banda sí se presentaría, sin conocerse todavía el lugar, como efectivamente precisó Backline America Corporation en su perfil de Facebook.
Razón+Fe llamó a dos de los puntos de venta de boletería antes y después de que se difundiera la última noticia, y aunque quienes contestaron tampoco parecían tener la información clara y afirmaron que los organizadores aún no les habían dado la instrucción de devolver el dinero a partir del próximo lunes, admitieron que esta semana fue particularmente convulsionada.
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En redes sociales los amantes del género metal lamentaron haberse quedado “con los crespos hechos”, a la vez que algunos lanzaron palabras soeces contra el concejal de Bogotá -y los cristianos en general- y plantearon hacerle una retaliación a través de acciones judiciales. En efecto, al líder político le interpusieron esta semana al menos tres tutelas en nombre de la libertad de expresión y el “derecho a tener sus propias convicciones”.
La respuesta de Ramírez es contundente:
“la victoria para la cristiandad colombiana, desde el punto de vista legal, jurídico e histórico, es que por primera vez en la historia de este país el liderazgo católico y evangélico, por la vía de uno de sus representantes en el Concejo de Bogotá, logró sentar un precedente de respeto por nuestra Fe y costumbres. Este no es un tema en contra de ningún empresario, de los seguidores de la música de black metal o de gustos particulares, sino de discriminación en el que nosotros, al amparo de la ley, podemos reclamar respeto por nuestra Fe”.
Un asunto de discriminación, según el concejal, porque con sus canciones la agrupación sueca “hostiga la fe cristiana, los símbolos, las creencias y la cultura de la mayoría” colombiana, desatando la cristianofobia y la xenofobia. En la tutela que radicó antes el concejal, contra la Alcaldía de Bogotá y la Cancillería, se observan fragmentos de algunas canciones de Marduk que claramente denigran la persona de Nuestro Señor y el cristianismo (ver la tutela al final).
Imagen tomada del perfil de Andrés Backline, gerente de Backline America Corporation.
En Bogotá, la Alcaldía frenó; en Pasto, al parecer facilitó
En la capital colombiana fue la Secretaría de Gobierno que le puso “tatequieto” a la presentación de Marduk, porque el evento no estaba registrado para obtener los avales de Salud, Bomberos y Seguridad, entre otros, y el sitio –administrado por el gerente de Backline America Corporation que traía la banda- fue sellado el 27 de septiembre por el incumplimiento de requisitos de ley.
El 1 de octubre el secretario Miguel Uribe le ratificó a Razón+Fe que, sencillamente, el evento no se podía hacer para la fecha estipulada, ante lo cual varios medios tradicionales quisieron hacer ver el “no” del funcionario como un guiño a los cristianos en las aspiraciones electorales que tendría para la Alcaldía de Bogotá el año entrante. Lo cierto, como él mismo admitió, es que no tenían conocimiento del evento hasta que el concejal levantó la polvareda y se hizo noticia.
Y este viernes, al consultarlo nuevamente sobre el anuncio de que el concierto se haría “sí” o “sí”, Uribe respondió que, de hacerlo, podrían detener el evento, además de que los organizadores serían sancionados por su actuación ilegal.
En contraste, Marduk sí se presentó el miércoles en Pasto, donde la Alcaldía indicó que los organizadores del evento, diferentes a los de Bogotá, tenían todo en regla. Versión que puso en duda el pastor Guillermo Mejía, representante de las mesas departamental y municipal de Asuntos Religiosos, cuya información inicial era que el sitio donde se haría el concierto no tenía actualizado el concepto de uso del suelo requerido. “Para el día del evento ese permiso ya estaba vigente. Al parecer, la Alcaldía mostró la intención de ayudarles”.
Migración y Mininterior: oídos sordos a la ciudadanía
Colombia no fue el único país donde los creyentes rechazaron la presencia de Marduk por los contenidos blasfemos y satánicos de sus canciones, incitadoras de odio y violencia. En Guatemala, la mayoría del Senado votó para impedir el ingreso de la banda; en Ecuador se canceló el concierto del 30 de septiembre y en Panamá el del 6 de octubre por la falta de permisos, mientras sigue la polémica en El Salvador, donde está previsto para el 10 de este mes.
De ahí que el asunto en nuestro país no dependía tanto de la gestión de las administraciones locales, sino, sobre todo, del propio Gobierno Nacional para evitar que ingresara la banda al territorio nacional. Por eso, el concejal Ramírez o “concejal de la familia” involucró también a la Cancillería en la tutela para que revocara las visas de trabajo de los integrantes de la banda. “El Gobierno no las revocó, por la razón que haya sido”, así como tampoco lo llamaron de Presidencia, donde radicó una carta pidiendo la intervención del mandatario Iván Duque.
A la petición del concejal se sumaron, por otra parte, más de 170 mil respaldos: 166 mil ciudadanos firmaron la alerta en la plataforma Change.org, más 5 mil 800 firmas de la campaña en CitizenGo. Esta última se dirigió expresamente al procurador Fernando Carrillo, la ministra del Interior Nancy P. Gutiérrez, el canciller Carlos Holmes Trujillo y el director de Migración Colombia, Christian Krüger, vinculado días después de haberse lanzado.
Razón+Fe buscó a estas entidades oficiales para saber qué manejo le estaban dando a estos correos masivos, expresión de miles de ciudadanos inconformes, y encontró trámites internos y hasta injustificados para responderle al ciudadano de a pie.
Puntualmente, Migración Colombia le respondió a este medio, a través de su Oficina de Comunicaciones (el subrayado es nuestro):
“frente a las cerca de 2 mil 400 solicitudes de inadmisión enviadas por ciudadanos colombianos a Migración Colombia, respetamos las opiniones expresadas por los mismos, pero, debemos precisar, que es nuestro deber garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se afirma que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
La entidad también enfatizó que la banda ya había ingresado a Colombia en 2003, 2005, 2013 y 2015, “sin que se haya presentado ningún tipo de inconveniente”.
El Ministerio del Interior tampoco respondió ante este clamor ciudadano, a pesar de haber utilizado el canal institucional de #CausasCiudadanas para el que se requerían como mínimo 20 mil firmas -aunque ahora digan que esto era una política del anterior Gobierno-, y que entre sus funciones está la de ejecutar “campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos” (pág. 10).
Tal vez el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá dé ejemplo en el fallo de la tutela radicada por el concejal, pues si bien fue cancelado el concierto, también se pidió que la Fiscalía investigue por la difusión de eventos públicos “que promueven la discriminación, el hostigamiento e irrespeto a los símbolos y creencias de amplios grupos de la población”.
¿Cacería de brujas, según los que querían ver a Marduk? o ¿una legítima defensa y preservación de las raíces más profundas de un pueblo creyente? Al fin y al cabo, todos tendrán que reconocer que lo sucedido marcó un precedente, un antes y un después para el ejercicio de la libertad religiosa en Colombia.
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