Aplazado debate sobre el aborto en la Corte Constitucional, por recusación de magistrados

Así registran Caracol Radio y W Radio, el aplazamiento del debate del aborto debido a que la mayoría de los miembros (6 de 9) de la Corte Constitucional han sido recusados, pues con antelación ya se han manifestado favorablemente con respecto a la aprobación y/o liberalización del aborto, en particular con la sentencia que estableció las tres excepciones.

Caracol: Se frena el debate de aborto por recusación en la Corte Constitucional

W: Aplazado el debate sobre el aborto en la Corte Constitucional

¿Por qué el aplazamiento?

De acuerdo con la información de los medios de prensa,

«El debate sobre la discusión de la penalización o despenalización del aborto no se podrá dar este miércoles  porque la mayoría de la Corte Constitucional está recusada.

Los recusados son el ponente Alejandro Linares y los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Gloria Stella Ortiz, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos.

La ciudadana Margarita Gnecco pide que los 6 magistrados se aparten de la discusión porque -supuestamente- ya se han pronunciado sobre el tema de aborto.

Dice que existe una denuncia en la Comisión de Acusación contra esos magistrados por una sentencia del 2018 en la que le pidieron al Congreso regular el aborto en los casos permitidos.

Ahora (primero) se debe esperar que se resuelvan si los magistrados pueden seguir estudiando la demanda.

Los únicos que no están recusados son Luis Guillermo Guerrero, Carlos Bernal Y Cristina Pardo, quienes no estarían de acuerdo con la despenalización de la práctica».

¿Un triunfo Pro Vida o una dilación?

¿Qué lectura podemos hacer de este suceso? Al menos tres:

1. Era de esperarse, debido a las razones que claramente expone la nota de prensa, según las cuales la ciudadana Margarita Gnecco denuncia que los seis magistrados recusados «ya se han pronunciado sobre el tema de aborto», y porque además «existe una denuncia en la Comisión de Acusación contra ellos por una sentencia del 2018 en la que le pidieron al Congreso regular el aborto en los casos permitidos«.
   
2. Es un triunfo Pro Vida, en la medida en que el pueblo colombiano se ha pronunciado con fuerza e intensidad por todos los medios posibles en contra del aborto: no sólo de liberalizarlo extendiendo además los términos y plazos, sino exigiendo que se acabe con dicha práctica en todos los casos, y se derogue la sentencia inicua por la cual se permitieron tales «excepciones», que no han sido más que la puerta trasera por la que se ha permitido todo tipo de abusos en dicha materia, como se evidenció en el caso del bebé de siete meses de gestación, Juan Sebastián Medina, abortado a tan avanzada edad de gestación y violando no sólo su Derecho, sino el de su padre, Juan Pablo, quien se opuso por todos los medios lícitos a tal abominación.
   
   De hecho, durante la semana de presentación de la ponencia del magistrado Alejandro Linares, tuvieron lugar diversas acciones y manifestaciones Pro Vida, que fueron desde la presentación de Peticiones públicas, recolección de firmas, declaraciones y pronunciamientos de diversos estamentos como la Conferencia Episcopal de Colombia, plantones, vigilias y jornadas de oración como «Máter Fátima» y, finalmente, la Gran Marcha por la Defensa de la Vida y el Fin del Aborto.
   
   Esta última, ignorada y soslayada por los distintos medios de comunicación, convocó a miles de personas en cada ciudad en donde tuvo lugar, quienes hicieron pública expresión de su conciencia y de su fe, sin tapujos ni reparos, cantando consignas, estribillos alusivos a la inviolabilidad de la vida y de la Dignidad de la Persona, y recitando oraciones como el Santo Rosario, clamando al Cielo, a Dios, ante el crimen, el pecado y la injusticia que es el aborto.
   
3. Es una posible dilación. Habida cuenta de la forma como se ha llevado el tema en la Corte Constitucional y como ha sido asimilado y debatido en las altas esferas, especialmente la gubernamental, que pidió a la Corte inhibirse de «extender sin límites» el aborto, calificando dicha iniciativa como «inconveniente» pues –contra todas las evidencias– considera que ya Colombia «ha reconocido» la sentencia C-355 como «hecho juzgado» y como parte del «Estado Social de Derecho» (Ver: «Duque se declara «pro vida» pero favorece las «excepciones» y nombra a pro abortistas»). En este sentido, es cierto, el aplazamiento puede obrar como una dilación.

Pero hay hechos contundentes e insoslayables: Colombia se manifestó, tanto en la opinión pública, con un rotundo porcentaje superior al 80% en contra del aborto y en defensa de la vida, y también públicamente en las calles y acudiendo a las instancias jurídicas y mecanismos de participación y de expresión ciudadana.

Se ha avanzado, por la Gracia de Dios. Pero debemos continuar en vigilante y activa espera.