La directora de Infancia y Familia de la Isla Palma de Mallorca, María Ángeles Fernández, aseguró que se trata de una «epidemia social» la explotación sexual de menores de edad bajo tutela del estado en esa jurisdicción.
Inicialmente las autoridades habían reconocido 16 casos, pero al avanzar las investigaciones de la Fiscalía los mismos educadores de los centros de protección reconocieron que esta práctica está “totalmente extendida”, y que en alguno de estos centros la explotación sexual “llega a la práctica totalidad de las menores ingresadas”.
Lo más indignante es qué tanto policías como educadores conexión de esta situación desde hace años y qué se trata de una conducta normalizada por parte de las niñas antes de la existencia de una red organizada.
“Muchas de las niñas acogidas en centros de protección han tenido una iniciación sexual prematura y problemática. Y en el centro se encuentran con otras menores que las introducen en este ambiente, que se podría definir como preprostutición. Son menores muy vulnerables, que inician relaciones con chicos que les proponen los primeros escarceos con la prostitución y con la droga”, explica uno de los educadores bajo condición de anonimato.
La entidad encargada de su cuidado es el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), quién actualmente tiene a 359 menores de edad repartirlos en 30 centros, de los cuales 278 son adolescentes.
Expertos derrotados, religiosas eficaces
El presidente del INAS, Javier de Juan, reconoció al diario El País de España que en muchas ocasiones no son capaces de ayudar a las jóvenes de superar su vulnerabilidad frente a la explotación sexual:
“Lo que intentamos es trabajar desde el vínculo y la pedagogía. A veces se tiene éxito y otros no tanto” reconoció de Juan.
Por otra parte, frente a la presión cultural que normaliza este tipo de práctica sexual, los educadores se sienten derrotados:
“La sensación que tenemos muchos trabajadores de este ámbito es de que es una batalla perdida, que no hay nada que hacer, somos muchos los que nos sentimos frustrados y estamos cayendo en el derrotismo”.
Los expertos que han conocido de esta investigación han calificado de “negligencia absoluta” la actitud de los funcionarios superiores del IMAS.
Es llamativo que a medida que se invierte más y más dinero público en instituciones dedicadas a normalizar todo tipo de prácticas sexuales, los resultados sean totalmente contrarios a los esperados en cuanto a la salud y bienestar de los jóvenes.
El gobierno balear ha creado una serie de instituciones dedicadas a combatir la violencia machista, como por ejemplo, el Consell de Igualtat, el Institut balear de la dona, la Comisión para una Mallorca Libre de Violencias Machistas, Consejería de presidencia, cultura e igualdad, las concejalías municipales de Justícia Social, Femenismo y LGTBI – Justicia Social, Feminismo y LGTBI – Ajuntament de Palma, o la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias del gobierno autonómico.
Sin embargo, de acuerdo con el Diario de Mallorca “hasta ahora, la únicas medidas eficaces han sido las tomadas por la Fundación Amaranta, organismo creado por la congregación católica Religiosas Adoratrices, que cuenta con varios centros en España y que traslada a la península a menores que están siendo explotadas sexualmente”.