El 10 de diciembre, se publicó en el diario paceño La Razón, lacayo del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido gobernante en Bolivia, un artículo de Lourdes Montero titulado La ‘Ley Familia’ de Santa Cruz. En el mismo, se dicen un montón de disparates que, en honor a la verdad, conviene refutar.
El artículo cuestiona la recientemente aprobada Ley de Protección Integral a la Vida y la Familia, que es válida para todo el departamento de Santa Cruz, uno de los nueve que componen geopolíticamente al Estado Plurinacional de Bolivia. Esta ley, que los progresistas no querían que se aprobara, beneficiará a las familias cruceñas permitiéndoles mejores condiciones de crianza para sus hijos.
La autora del artículo en cuestión que, por cierto, se autodefine en su cuenta de Twitter como “alfarera, feminista, atea e intolerante con el fascismo”, comienza por decir que la ley cruceña vulnera “todos los avances legislativos y constitucionales que protegen los derechos humanos de las personas”. Por si fuera poco, no se toma la molestia de especificar cuáles son esos ‘avances’, cómo ‘protegen’ lo que protegen y qué son los ‘derechos humanos de las personas’. Es típico de quien no sabe de lo que habla mencionar palabritas comodín sin definir los términos usados.
Montero continúa asegurando: “Esto en lo nacional puede ser asumido como un hecho anecdótico, casi provinciano, impulsado por una élite política anacrónica, que no se condice con la gran diversidad de relaciones multiculturales de Santa Cruz”. Volvemos al clásico prejuicio elitista y clasista de tomar como referencia de excelencia a las grandes ciudades y despreciar a las provincias como cloaca y origen de las más infames ideas.
Esto ya lo había hecho hace varios años el expresidente Carlos D. Mesa, paceño, que no dudó en despotricar contra los cruceños, tachándolos de estar estancados en una ‘visión provincia a de las cosas’. Sorprende mucho que una ‘alfarera’ como Montero carezca de la humildad necesaria para empatizar con el campo y las provincias, con las clases bajas y desfavorecidas, como para soltar semejantes declaraciones tan escandalosas.
En este sentido, Montero se queja de la ‘élite política anacrónica’ de Santa Cruz. Élite anacrónica, en otra onda, en otra época: parece que, por obligación moral, debemos despojarnos de lo que pensaban nuestros abuelos y tatarabuelos. Para estar conforme a nuestros tiempos y ya no con tiempos pasados a los cuales es pecado mortal volver, deberíamos, según la autora, inventarnos una visión nueva de la vida según la cual matar niños inocentes dentro del vientre materno es una virtud y favorecer su nacimiento es un delito.
Adicionalmente, Montero se opone a la familia natural, describiéndola despectivamente como “compuesta por un hombre y una mujer con el fin de procrear”; lo cual se opone a la visión feminista de la familia: un contrato rousseauniano sin fundamento en el derecho natural y que, como toda ficción pura, se puede deshacer legítimamente en cualquier momento y por cualquier causa. Particularmente, Montero acota con falsedad que “esa unión no es promovida en igualdad de condiciones, puesto que se plantea fomentar el acceso a una fuente laboral al “padre natural”, quien estaría a cargo del hogar y sería su principal proveedor”.
Al parecer, Montero tiene una comprensión lectora muy atrofiada por tanto lenguaje inclusivo, ya que no leyó bien lo que dice la Ley Provida y Profamilia en el punto 2 de su capítulo III, donde se indica que aquella “fomentará el acceso a una fuente laboral, especialmente de los padres biológicos o adoptivos, guardadores o tutores que estén a cargo del hogar y sean sus principales proveedores”. No dice solamente el papá o el padre y no la madre, sino los padres, guardadores o tutores, términos de género masculino pero que engloban a personas tanto de sexo masculino como femenino y no solo a uno de ellos. Parece que Montero quería que diga “las madres y los padres” para que se entienda que cualquiera, varón o mujer, puede ser progenitor, guardador o tutor del niño.
Pero Montero no se conforma con eso, pues se atreve a coronar los intentos de su necedad con una frase que resume su crítica a esta ley: “Para decirlo en corto: el Estado solo debe proteger a la familia donde el hombre es el exclusivo proveedor y tiene todo el poder de ser cabeza del hogar”. Con semejante interpretación tan absurda, mentirosa y viciada de la ley cruceña recientemente aprobada, la autora patea el tablero del ajedrez y da por sentenciada de muerte la tan malvada norma.
Asimismo, Montero tergiversa maliciosamente la ley, de la cual dice que reconoce “la procreación como única función” de la familia natural. La ley no afirma eso en ninguna parte, por lo cual esta feminista peca de mentirosísima.
Sostiene también la autora que “la ley arremete contra la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos”. ¿Decidir qué? ¿Decidir matar? ¿Decidir sobre el cuerpo de quién? ¿Solo el de la madre? ¿El cuerpo del bebé no existe? ¿Y cuando una mujer decide no matar al bebé, qué hacen las feministas? ¿Le brindan ayuda para que críe a su bebé? Las feministas no brindan ayuda, porque solo les importa ver al niño muerto, sea este varón o mujer. Irónico, siendo que ellas dicen defender a las mujeres.
Además, la autora remarca que la ley cruceña propone “impulsar la protección del derecho a la vida desde la concepción”, como si solo esta ley lo hiciera y otras no; como si los cruceños fueran unos extraños que viven al margen de las normas nacionales y que se crean sus propias leyes malvadas por puro gusto y capricho. En honor a la verdad, hay que decir que la ley cruceña misma establece que sus dictámenes están respaldados por la normativa nacional, la boliviana, no solo la cruceña: se trata de la mismísima Constitución Política del Estado boliviano, en su artículo 60.
Montero continúa diciendo: “Esto se ratifica con el mandato de un sistema público de salud que procure “salvar la vida del ser humano por nacer”, apoyando “el respeto a la libertad de consciencia de los médicos, enfermeras y paramédicos a que se resistan a realizar prácticas abortivas””. Al parecer, la muy feminista se opone a que los seres humanos por nacer deban ser salvados y que los médicos puedan objetar ante el aborto que su conciencia no les permite asesinar a un inocente. ¿Será Montero genocida? ¿Potencial asesina? ¿No se da cuenta de la gravedad de sus quejas?
La señora insiste: “Así, la ley no solo niega lo mandado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, sino promueve una objeción de conciencia que en la mayor parte de los casos impide el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva”. Montero lanza una conclusión sin premisas: tiene la obligación de especificar qué puntos específicos de esa sentencia niega la ley cruceña. Si no lo hace, miente. Así de claro.
Cabe destacar que la susodicha sentencia solo quita la necesidad de autorización judicial para abortar cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, estupro, incesto o rapto, o cuando la vida o la salud de la madre corra riesgo. Para afirmar con verdad que la ley cruceña se opone a esto, dicha ley tendría que asegurar específicamente que exige la autorización judicial para abortar en tales casos; pero no lo afirma. Por tanto, Montero peca de súper ultra archi mega recontramentirosísima.
En otro ámbito, Montero se atreve a realizar declaraciones espantosas: “Por supuesto la ley promueve un disciplinamiento integral de las mujeres, planteando como función del Estado promover “el trabajo, prudencia, fidelidad, humildad, ternura, protección y fe, como núcleo fundamental de la sociedad””. Parece que ella considera que disciplinar es lo mismo que obligar, forzar, amenazar y adoctrinar maliciosamente. La ley cruceña en ningún momento estipula semejantes cosas.
Pero además, otra vez la muy insensata asegura que la ley cruceña plantea que tal cosa es función del Estado. Otra gran mentira: la ley no atribuye dicha función al Estado, sino más bien indica que los conceptos citados corresponden a deberes de los integrantes de la familia y la sociedad; específicamente, lo hace en su artículo 11. Al ser deberes de ciudadanos, corresponde a ellos y no al Estado cumplir con esos preceptos, y más aun tomando en cuenta que esta ley es de alcance departamental y no nacional, lo cual implica que solo los cruceños se podrán beneficiar de estas medidas y no el resto de los bolivianos, pero no porque los cruceños no quieran, sino porque los cruceños tomaron la iniciativa primero; aunque, cabe resaltar, para Montero, esto no es ningún beneficio, sino más bien un perjuicio.
Simpáticamente, Montero revela su ideología con esta sentencia: “Para muchos esto puede parecerles una broma de mal gusto, o un retorno al oscurantismo de la Edad Media”. Habría que preguntarle quiénes son los muchos a los que se refiere, o si dentro de su ilusoria cabecita, ella quiere creer que la mayoría respalda su enfermiza y denigrante visión de la vida. Montero, además, repetidora robótica de leyendas negras, en lugar de mantener una visión crítica de las cosas y cuestionárselas, asegura que hubo oscuridad en lo que conocemos como ‘Edad Media’. Cualquier historiador serio sabe que la falsamente llamada ‘Edad Media’ fue una época de mucho esplendor cultural y artístico que brindó a la civilización las universidades, las catedrales y los hospitales.
Llama la atención que la autora se queje de que, de acuerdo con la ley, “los padres tienen el derecho a “la corrección de sus hijos” y a elegir la educación que consideren conveniente “de acuerdo con sus convicciones, opiniones, pensamientos, valores, culto o religión””. Parece que es un pecado corregir a los hijos de uno y educarlos según sus propias convicciones. ¿O acaso esa corrección y educación es solo buena si se hace desde un ‘enfoque de género’, ‘enfoque de derechos’ o ‘enfoque feminista’? ¿Entonces todos los que lo hacen desde un enfoque contrario se equivocan porque sí?
Para rematar, Montero se queja de que, con la ley, “se borra así de un plumazo todos los derechos de los niños y niñas, y la educación integral en sexualidad”. La autora no especifica cuáles son esos derechos y qué es la ‘educación integral en sexualidad’. Seguramente se referirá a que la ley cruceña se opone a la corrupción de menores y a la pedofilia. ¿Será Montero una potencial pedófila?
Montero, antiderechos como lo es, no cree que otras personas que no sean feministas tengan derecho a expresar su opinión o a plantear soluciones para los problemas comunes de la sociedad, pues lamenta: “¿Y quién imaginan ustedes que estará a cargo de la implementación de la ley? Acertaron, una nueva institucionalidad creada bajo el pomposo rótulo de “Consejo Departamental de la Vida y la Familia” compuesto, entre otros miembros, por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Comité pro Santa Cruz y el Comité Cívico Femenino”. Para la autora, los católicos, protestantes, cruceños, ¡y mujeres!, no pueden participar de la administración política. Para hacerlo, tendrían que renunciar a sus convicciones (apostasía) o hacerlas a un lado momentáneamente (herejía). Mujer que no es feminista no tiene derecho a hablar, según la autora del artículo.
La feminista finaliza su artículo aseverando: “Las mujeres bolivianas libres y en ejercicio de nuestros derechos humanos, no podemos (y no queremos) imaginar la sociedad que esta visión nos propone desde Santa Cruz”. ¿Qué es una mujer boliviana libre? ¿Una mujer adoctrinada por los principios feministas y servil a los billetes de la ONG de turno? ¿Una mujer que corrompe a los niños enseñándoles que está bien fornicar o masturbarse?
Por si fuera poco, Montero no teme mostrar su visión totalitaria del asunto, afirmando que “es rol del Estado nacional poner límites a estas iniciativas que solo consolidan un retroceso en el pacto social promovido por la Constitución Política del Estado”. Con esto, queda confirmado que los cruceños son una piedra en el zapato de los feministas. Una Santa Cruz cristiana, provida y profamilia estorba a los planes de aniquilación de niños inocentes que impone el Estado centralista y abortista, domado por la presión de las organizaciones criminales que se dedican a promover la impudicia, la pederastia y la corrupción de menores.
Como se ha podido evidenciar, Lourdes Montero, ‘cientista social’, ‘Doctora en Ciencias Sociales’, comete el crimen repugnante de tergiversar la información para favorecer a sus prejuicios ideológicos. Eso en el peor de los casos, si es que no podríamos decir que peca de buena fe, lo cual es muy difícil debido a la manera tan culpable con la que se expresa. Montero, siendo doctora, habiendo alcanzado grados académicos tan altos, se jacta de tener grandes conocimientos sobre la mujer y sobre lo que le conviene a la sociedad, pero no tiene la capacidad mínima para saber interpretar una ley. ¿O sí la tiene y solo se hace la tonta?