Un ateo que denuncia
“Hombre del Derecho Penal y Docente de la UBA. 33. Liberal clásico. Ateo. En la lucha por la vida, la libertad, la verdad y la justicia”, así se presenta el argentino Alejandro Alberto Sarubbi Benítez en su perfil de Twitter. Justo el día (8 de agosto de 2018) en que el Senado de Argentina hundió el proyecto de ley que pretendía legalizar el aborto, debate que movilizó a miles con pañoleta celeste (provida) y cientos con pañoleta verde (proaborto), este abogado anunció que había denunciado penalmente a la organización feminista “Socorristas en Red en orden a la flagrante criminalidad de sus operaciones”, pidiendo que se tomen acciones legales para castigar los delitos y proteger la vida tanto de los bebés como de las mujeres.
Pese a la negativa de apoyo formal de agrupaciones y organizaciones especializadas, se presenta formal denuncia por ante el Ministerio Público Fiscal contra la asociación ilícita “Socorristas en Red” por los delitos enunciados en las capturas. Abro hilo. #EsHoy #BuenMiercoles pic.twitter.com/KmyjI5tG6i
— Alejandro ???????? (@libertad_asb) 8 de agosto de 2018
(Al final se encuentra la denuncia completa)
Esta denuncia apenas si se registró en los grandes medios de comunicación. En cambio, días después de la histórica decisión que tomó el Senado, se generó una gran conmoción nacional en Argentina al difundirse la historia de una mujer llamada Liz (para proteger su identidad) que habría muerto al practicarse un aborto en su casa con un tallo de perejil, dejando dos hijos huérfanos, “noticia” (o fake news) desmentida por el portal de investigación El Disenso y que fue utilizada para señalar a los defensores de la vida de ser los responsables de este supuesto hecho, por la no legalización en su país del asesinato de un ser humano en el vientre materno.
Razón+Fe habló con el abogado Sarubbi, quien explicó su interés en denunciar específicamente a “Socorristas en red”, sin querer, con esto, perseguir a alguna mujer que se haya practicado un aborto. “Soy abogado penalista. Argentina es un estado de derecho, suscribimos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida de todos los niños, de todo aquel que existe desde la concepción. Lo que está sucediendo es totalmente inconstitucional. Se ha querido negar, además, la participación masculina en la concepción, así como los réditos económicos que este negocio les deja”.
En menos de un mes se presentaron los primeros resultados de la denuncia penal, como allanamientos a viviendas de feministas y bloqueo a las redes sociales de “Socorristas en Red”, aunque luego fueron reactivadas. También fue detenida la novia del jugador de Boca Juniors, Agustín Almendra, identificada como Cecilia Fernanda Maciel, “acusada de ser la cabecilla de una banda de mujeres, todas familiares entre sí, que vendían pastillas abortivas a través de las redes sociales”. No obstante, como lo reconoce el propio denunciante “hace más de un mes no hay avances de ningún tipo”, quizás por la agenda política que prevalece sobre la justicia.
“Socorristas” con cabello fucsia
Tomada de www.infobae.com
Antes de conocer los principales argumentos de la denuncia penal, veamos cómo se presentan “Socorristas en Red -feministas que abortamos-” en su página web: “es una articulación de colectivas de Argentina. Damos información -siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud- y acompañamos a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas. Para que lo hagan de manera segura y cuidada”.
Según varios artículos de medios favorables a sus tácticas -por criminales que puedan resultar-, como Infobae, movilizan a cientos de feministas en el país gaucho para atender cerca de 50 líneas telefónicas y “acompañar” a las mujeres que “quieren” abortar. Entre 2014 y 2017, según sus propias cifras, “acompañaron” a 12.081 mujeres para que abortaran -en la clandestinidad-. Es decir, pretenden lavarse las manos diciendo que “no practican abortos”, sino que “apoyan” a quienes “han tomado la decisión” de hacerlo, conduciéndolas al uso de medicamentos como el misoprostol.
Se distinguían en las movilizaciones de “la marea verde” por el uso de llamativas pelucas fucsia o magenta, cantando “las aborteras cada día somos más” o pegando toallas higiénicas en locales comerciales para representar los abortos (asesinatos) de los que se enorgullecen.
Cómo promueven -y realizan- los abortos clandestinos = ILEGALES
En un giro inesperado que la Ola Celeste (movimiento provida) ya denunció, el gobierno de Macri permitió la venta del misoprostol en farmacias “bajo receta archivada” para abortos, aunque “esa medida está frenada por una serie de amparos”, indicó Sarubbi. En todo caso, como subraya el portal El Disenso: “la realización de un aborto con misoprostol SIN control médico permanente y lejos de un centro de salud se considera un aborto clandestino“. Claridad a la que aporta el aplicativo de la ONG +Vida para crear un mapa del delito del aborto: “hoy lamentamos que quienes impulsaban la despenalización argumentando que el aborto clandestino era inseguro (cuando en realidad todo aborto es inseguro), ofrecen y realizan abortos en diversos lugares de forma clandestina, haciendo lo que criticaban antes como excusa para intentar la despenalización. El aborto en Argentina es delito penal, siempre lo fue, y todos debemos combatirlo”.
Precisamente los presuntos delitos que denuncia y combate el abogado Sarubbi son los delitos contra la salud pública, ejercicio ilegal de la medicina, asociación ilícita, instigación a cometer delitos, apología del delito (del aborto) y el delito del aborto como tal. Razón+Fe también tuvo acceso al material fotográfico, imágenes y audios que el denunciante aportó como pruebas, parte de las cuales él mismo difundió en redes sociales sobre los sitios y las identidades de quienes participan de “Socorristas en red”.
En su primera publicación, del 8 de agosto, el abogado Sarubbi explicó el modus operandi de “Socorristas en Red” (puedes escuchar audios al final):
-Captan mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y les dicen que el aborto “es la mejor opción”.
-Las citan en bares y luego realizan un encuentro grupal con un presunto ginecólogo que les indica cómo y dónde realizar el aborto. El costo de esta reunión es de $400 por persona (unos $33 mil colombianos). El “especialista” las envía a determinadas farmacias donde, presentándose a su nombre, les venderán las drogas necesarias sin receta por entre $4.000 y $5.000 (unos $420 mil colombianos). Les aseguran que el proceso es legal.
–Surgida alguna complicación, la asistencia desaparecerá. Por ello, resulta complicado determinar si cuentan o no con víctimas fatales.
–Podemos hablar de una asociación ilícita: un grupo de mujeres realiza la captación de gestantes vulnerables para conectarlas con otro grupo encabezado por un presunto ginecólogo que, una vez recibido el dinero, vuelve a “remitir”, pero esta vez a las farmacias implicadas.
-Entre lo recaudado en cada visita que se pacte por persona (pueden ser hasta 7-8 reuniones previas), más las drogas, la suma que obtienen por cada una asciende aproximadamente a los $10.000 ($841 mil colombianos).
Mientras los abortistas que se identifican como expertos en salud sexual y reproductiva promueven el uso de pastillas para procurarse abortos en casa, los cuales anuncian como seguros y efectivos, también han circulado en las redes testimonios de mujeres muy jóvenes que han muerto a raíz de complicaciones usando el misoprostol, debido a hemorragias y sepsis (infecciones). Los grandes medios de comunicación rara vez presentan información de estos casos con la excusa de proteger a la víctima y su familia, afianzando una falsa impresión de seguridad sobre conductas riesgosas para la salud materna. Así, el lobby abortista gana por punta y punta con la práctica de abortos ilegales: se financian con la realización de estos procedimientos, y cuando se conocen (¿o inventan?) las muertes, aprovechan para señalar a los defensores de la vida como responsables al oponerse a su legalización.
Tomada del Twitter de @YamiBenitez16.
Y sí, llamémoslo por su nombre: abortos ilegales. “Socorristas en Red es como una red de narcotráfico, que opera por territorios a través de unos carteles en la cabeza y unos distribuidores en todo el país. El Código Penal de nuestro país contempla que el aborto no es punible solo en dos casos: riesgo para la salud o vida de la mujer (si este peligro no puede ser evitado por otros medios, art. 86) y embarazo por violación. En la práctica hacen abortos en cualquier caso, por la sola decisión de la mujer: ahí se sustenta la denuncia. Hay unos requisitos legales que no se están cumpliendo. De nuestra investigación concluimos que muchas mujeres se acercaron a esta red sin tener la intención como tal de abortar, sino por su situación de vulnerabilidad”, afirma el abogado penalista Sarubbi. (Recomendamos leer el siguiente artículo: ¿Por qué no podemos despenalizar a la mujer?)
Y el dr. Damián Levy, la conexión con ESAR (y Oriéntame)
“(HILO) Más prueba presentada en la denuncia. Esta vez, de Caseros, Prov. de Buenos Aires. “Damián Levy” y “Alejandra” relatan sus prácticas clandestinas en el Centro Integral de Salud Sexual y Reproductiva. Capturas de la conversación, dirección y fotos del lugar”.
Ver el trino aquí: https://twitter.com/libertad_asb/status/1031885195392311296
En el contacto por Whatsapp que hace uno de los miembros de lo que sería la red criminal abortista, este se identifica como miembro de la Fundación ESAR en Buenos Aires. El doctor Damián Levy, como se puede observar en el video de una jornada “verde” en la que participó (primer video, a partir del minuto 17), se escucha hablando como un tartamudo. En sus redes sociales se presenta así mismo como médico ginecólogo obstetra, miembro de ESAR y también de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (donde aparece con Ruth Zurbriggen de “Socorristas en Red” en el Grupo Promotor y más abajo Cristina Villarreal, directora de Oriéntame, en el Consejo asesor internacional).
El nombre “ESAR” coincide con el de la Fundación Educación Para la Salud Reproductiva (ESAR), creada en 1990 por la junta directiva de Oriéntame, la cual, según admite su directora Cristina Villareal, tiene clínicas en México, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, y Argentina, siendo una verdadera multinacional colombiana del aborto. En esta entrevista dada por Villareal para una publicación abortista, la directora de Oriéntame reconoce cómo la fundación ESAR ha recibido donaciones multimillonarias por apoyar el aborto, que la red ESAR funciona como una franquicia, y que desde 1977 ayudaba a mujeres con “abortos incompletos”, código desarrollado para darle apariencia legal a la realización de abortos.
Razón+Fe logró comunicarse con la dra. Laura Gil, directora de programa de la Fundación ESAR, formulándole las siguientes preguntas a través de correo electrónico (la comunicación inicial se hizo vía telefónica en Bogotá, Colombia):
-Las personas que requieren de sus servicios en Latinoamérica, incluyendo Colombia, ¿cómo tienen acceso al directorio de médicos y oficinas de la fundación? Esta información es usualmente transparente en diferentes portales web de agremiaciones y servicios médicos. En la página web www.fundacionesar.org (que de hecho no hemos podido abrir entre ayer y hoy -al cierre de este artículo, realizado el domingo 9 de diciembre ya estaba habilitada-) aparece el mapa con los diferentes países donde están y el número de profesionales, pero no sus nombres y especialidades.
-¿Los profesionales vinculados a ESAR han sido objeto de algún tipo de acoso o incidente que, eventualmente, los haya llevado a ustedes a reservar sus nombres al público? En caso de que sí, ¿qué ejemplos de acoso o incidentes?
-¿Qué saben de la denuncia penal presentada en Argentina contra la organización “Socorristas en Red” que involucra al médico Damián Levy, quien se presenta a sí mismo como miembro de la Fundación ESAR?
-Entre los presuntos delitos señalados por el denunciante está el del aborto, teniendo en cuenta que en ese país no está legalizado -solo no es punible en dos casos específicos: peligro (inevitable por otros medios) para la vida y la salud de la madre y embarazo producto de una violación (art. 85 del Código Penal)-, y el de asociación ilícita entre activistas feministas, supuestos ginecólogos y farmacias para la venta del misoprostol sin la exigencia de fórmula médica. ¿Qué responden ante esta denuncia penal contra una red promotora de abortos ilegales en Argentina que los termina involucrando a ustedes, según la información disponible?
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“La Fundación ESAR es una organización latinoamericana que ofrece capacitación para la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva, dentro de los cuales se encuentra la interrupción legal del embarazo, teniendo en cuenta el marco legal vigente en cada país en el que hace presencia. En el caso de Argentina, la legislación vigente señala que una mujer puede acceder a un aborto cuando el embarazo representa algún peligro para la salud o vida de la mujer, cuando es producto de una violación o cuando el feto presenta alguna malformación que haga inviable su vida.
Lamentablemente, distintos prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva, no solamente los que han sido capacitados por ESAR, han sido víctimas de hostigamiento en distintos países. Con estas amenazas, lo único que se logra es poner en peligro la vida y la salud de las mujeres que necesitan que sus derechos les sean garantizados”.
Segundo correo de respuesta:
“En Argentina la Fundación ESAR capacita a profesionales de la salud, incluyendo la interrupción legal del embarazo, de acuerdo con el marco legal vigente que, en ese país, señala que una mujer puede acceder a un aborto cuando el embarazo representa algún peligro para su salud o su vida, cuando es producto de una violación o cuando el feto presenta alguna malformación que le haga inviable.
La Fundación ESAR ha capacitado en Argentina a prestadores de servicios que trabajan dentro de este marco legal, entre ellos el doctor Damián Levy. No tenemos información de ningún tipo de denuncia contra alguno de los profesionales que han sido capacitados en Argentina”.
***
Querido lector, saque sus propias conclusiones. Nosotros también sacamos las nuestras. En primer lugar, la Dra. Gil insiste en que en Argentina se puede acceder “legalmente” al aborto en las mismas tres causales que la Corte Constitucional despenalizó (“legalizó”) en Colombia en 2006, cuando el Código Penal de ese país ni siquiera nombra la malformación del feto como un “atenuante” por el cual no es punible el aborto.
En segundo lugar, no responde directamente lo que se le ha preguntado sobre cómo es accesible para el público el directorio de médicos de la fundación (o “profesionales pertenecientes”, como los nombran en su página web), lo cual abre nuevas preguntas: si lo que promueven como “salud sexual y reproductiva” es totalmente transparente y legal, ¿por qué no difunden abiertamente los nombres de los médicos capacitados?; ¿una forma de generar credibilidad frente a la supuesta seguridad de los abortos no sería, precisamente, especificar también las especialidades de los profesionales que capacitan?
Y en tercer lugar, reconoce que han capacitado al Dr. Damián Levy, pero niega que conozca alguna denuncia que lo vincule. Partamos de que esto último sea cierto, pues, como vimos, la denuncia del abogado penalista Sarubbi no tuvo mayor despliegue en los grandes medios de comunicación. Lo que no se puede desconocer, porque las mismas pruebas lo demuestran, es que el Dr. Levy se estuvo presentando con las gestantes que lo contactaban a través de “Socorristas en Red” a nombre de la Fundación ESAR, y en esta medida sí le cabe una responsabilidad a la fundación creada por Oriéntame: la de capacitarlo para la promoción y el ejercicio del aborto en un marco legal inexistente -en los términos que tal cual la directiva de ESAR lo presenta y reitera-.
Más allá de los resultados finales de la denuncia penal, la cual podría dilatarse como lo reconoce el mismo denunciante, la realidad es cómo la industria/maquinaria del aborto ha pretendido legitimar un modus operandi, que en sí mismo puede resultar ilegal, a través de una red de feministas, médicos y vendedores de “pastillas” a quienes les sirve tener en la agenda el debate por la “legalización del aborto”, para seguir “acompañando” a mujeres para que maten a sus propios hijos. Una auténtica red de muerte.
*Si conoce algún caso similar en Colombia, escríbanos a [email protected]
***
Audio de presentación de “Violeta”, operando desde Argentina:
“Violeta” expresa que el aborto con pastillas es seguro y que cada “compa” le da un seguimiento personalizado a cada integrante que asiste a su “taller”:
La Socorrista “Violeta” indica en qué farmacias de su ciudad se pueden conseguir “las pastillas” sin fórmula, que “están bastante caras”.
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**Imagen principal: tomada de www.filo.news
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