Tan sólo tres días después de la posesión de Fernando Carrillo como nuevo Procurador General de la Nación, parece haberse puesto en marcha la estrategia de la centro izquierda colombiana para cerrarle el paso a la candidatura presidencial de Alejandro Ordóñez.
Una vez lograda la aprobación por parte del Congreso de la República de los Acuerdos de La Habana, que fueron democráticamente rechazados por el pueblo colombiano, este año inició con un esfuerzo aparentemente coordinado entre el Gobierno Santos y los principales medios de comunicación, para pasar la página al tema de la guerrilla y centrar la agenda nacional en la lucha contra la corrupción.
En entrevista con Yamid Amat en El Tiempo, Claudia López reveló la estrategia encabezada por ella, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Clara López y Antonio Navarro, para aglutinar a líderes de izquierda alrededor de una “Coalición contra la Corrupción” que logre derrotar ese flagelo y modernizar el país.
Desde la perspectiva de la izquierda, quien logre posicionarse ante la opinión pública como el candidato más efectivo contra la corrupción, según Claudia López, conseguiría el apoyo del “80% de los ciudadanos que no están en ningún partido”.
El presidente Santos no tardó en mostrar su adhesión a dicha a estrategia, anunciando durante la posesión de su ex ministro y ex embajador, Fernando Carrillo, como Procurador General de la Nación, que la lucha contra la corrupción sería “la prioridad absoluta del Gobierno durante 2017”, e invitó a Carrillo, al Contralor Maya y al Fiscal Martínez, a sumarse a una “cruzada contra la corrupción”.
Para la centro izquierda dicha estrategia lograría hacer menos relevantes las alternativas de la derecha, quienes se destacan por su efectividad en temas como la seguridad o el manejo económico, quitándole atractivo al Centro Democrático y permitiéndole ahondar en la imagen de corrupción que rodea al ex presidente Uribe (los negocios de sus hijos, sus ministros encarcelados, los que están huyendo de la justicia, o su ex vice ministro de Transporte que encabeza el escándalo de Odebrecht); al igual que a su candidato Oscar Iván Zuluaga (gracias a la infiltración de su campaña y el montaje del Hacker).
También haría mas efectivos sus dardos contra Germán Vargas Lleras, quien según Claudia López “[s]e la pasa reclutando bandidos, corruptos y ‘parapolíticos’ en cada departamento al que va”.
Los medios de comunicación de izquierda han asumido con entusiasmo su parte en dicha estrategia, con El Tiempo, Semana y CMI a la cabeza, creando la ilusión de que a partir de la llegada de Carrillo a la Procuraduría comienza una época histórica en la lucha contra la corrupción, en un esfuerzo institucional que, según los medios de comunicación liberales, no había sucedido nunca antes en la historia del país (ver El Tiempo, Semana, Pregunta Yamid).
Hay, sin embargo, un punto débil en esa estrategia de la izquierda: podría terminar fortaleciendo aún más al exprocurador Alejandro Ordóñez en sus aspiraciones presidenciales.
De acuerdo con el sistema oficial de reporte de sanciones disciplinarias (SIRI), durante sus 7 años en el cargo sancionó cerca de 7.000 funcionarios públicos, la gran mayoría de ellos por corrupción, es decir, investigó y sancionó una cifra record de casi 1.000 funcionarios por año.
Ordóñez es sin duda el funcionario público que más resultados ha dado en su lucha contra la corrupción y la mala gestión administrativa en la historia del país. Pero no sólo eso. Se distinguió por su rapidez y por el equilibrio político, al sancionar tanto a amigos como enemigos, ya sean políticos del gobierno de Álvaro Uribe (María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Andrés Felipe Arias o el Gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, destituido por apoyar políticamente la precandidatura conservadora del mismo Arias), también a senadores conservadores, de la U y liberales (Alirio Villamizar, Antonio “Usted no sabe quién soy yo” Merlano y Piedad Córdoba), incluidos los personajes más poderosos del país (los hermanos Samuel e Iván Moreno, Gustavo Petro, el gobernador de Cambio Radical en La Guajira Kiko Gómez, o al presidente de SaludCoop, Carlos Palacino).
¡No mienta señor Presidente, la Procuraduría fue eficaz, fue eficiente y combatió la corrupción! pic.twitter.com/ij0KeW0hZ0
— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 19 de enero de 2017
La solución de la izquierda pare ese inconveniente, resultó ser subirse en la moda política del momento: la de las noticias falsas.
La primera descarga de la coalición IUCONOR (Izquierda Unida contra Ordóñez) surgió a través de dos confidenciales de Yamid Amat en su sección Uno, Dos, Tres del 18 de enero (ver y ver) en el que dijo que “hasta ahora el Gobierno y el Congreso” descubrían un “mico” en el nuevo Código Disciplinario que había tramitado Ordóñez que le rebajaría la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos a funcionarios condenados por la Procuraduría, el cual habría sido introducido para permitir que Fernando Londoño Hoyos pudiera ser candidato presidencial del Centro Democrático.
Hasta ahí nada nuevo, sólo la típica basura informativa de Yamid Amat, lejos de toda ética y rigor periodístico que caracteriza la sección “1, 2, 3” del Noticiero CM&, la cual está fundada en rumores interesados, muchas veces creados por el mismo Yamid, con el fin de influir políticamente en el país y enviar mensajes a sus copartidarios liberales.
Sin embargo, en esta ocasión hubo algo diferente: el mismo Procurador Carrillo hizo declaraciones que le dieron un aire de credibilidad, afortunadamente efímero, a semejante embuste. Según CM&, Carrillo buscaría, junto a la Contraloría y la Fiscalía, mecanismos para anular el artículo 270 del nuevo Código Disciplinario, el cual habría sorprendido a los órganos de control y a los partidos políticos, al hacer rebajas generalizadas a las inhabilidades para ocupar cargos públicos.
Al día siguiente, El Tiempo se sumó a la denuncia del “mico”, mencionando que fue una alarma que prendió Carrillo apenas llegó a su cargo, siendo secundado por el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, miembro de la fraternidad Externadista, bastión de la masonería y del liberalismo anti católico, y muy cercano al Contralor Maya, quien dijo que esa norma favorecía la corrupción. Bernal Cuéllar repitió en vivo su denuncia el viernes 20 de enero, a través de La FM de RCN.
La relación de Carrillo con Maya es importante, ya el actual Contralor (entonces Procurador) fue quien revocó, aprovechando un vacío legal, la sanción disciplinaria de Carrillo por su responsabilidad en la fuga de Pablo Escobar de la cárcel “La Catedral”, a pesar de que dicha sanción ya había sido confirmada por la última instancia judicial (el Consejo de Estado), lo cual devolvió a Carrillo a la vida política (ver).
Sin embargo, el mismo viernes se desbarató la mentira más rápido de lo que se montó. En declaraciones a varios medios de comunicación, Ordóñez dejó en evidencia las siguientes falsedades en la información difundida por Carrillo, CM& y El Tiempo:
- El artículo 270 no existe. El nuevo Código Disciplinario tiene sólo 265 artículos.
- Las rebajas de sanciones a la mitad sólo aplican a funcionarios públicos que cometen errores de buena fe (por ejemplo, alcaldes mal asesorados, de municipios pequeños que desconocen las novedades legislativas y por eso las infringen), los cuales bajo ninguna circunstancia pueden ser calificados como “corruptos”, palabras utilizadas por Bernal Cuéllar y Carrillo.
- Las sanciones a los corruptos, es decir, funcionarios que actúan de mala fe (dolo) siguen con las mismas sanciones (10 a 20 años).
- Los partidos políticos y el Gobierno no podían declararse sorprendidos, como falsamente lo informó CM&: el nuevo Código Disciplinario fue arduamente debatido en el Congreso, apoyado mayoritariamente, incluso por senadores como Claudia López o por el Ministro de Justicia de Santos, Yesid Reyes.
- Los demás órganos de control (Fiscalía y Contraloría) no hicieron ninguna declaración de apoyo a Carrillo en su denuncia del artículo fantasma.
- Fernando Londoño Hoyos no puede recibir ningún beneficio gracias al nuevo Código Disciplinario, ya que sus dos sanciones fueron a título de dolo.
A pesar de que la noticia falsa organizada contra Ordóñez se desinfló muy rápidamente, no puede descartarse que haya hecho daño en una sociedad donde tantas personas reciben información noticiosa de manera poco crítica y fragmentaria.
Además, el nivel de coordinación que se evidenció entre Gobierno, sectores cercanos a la masonería y los medios de comunicación, para difundir semejante embuste deja la sensación de que ese episodio fue sólo el principio. La Izquierda Unida Contra Ordóñez está bien aceitada y, por ahora, parece marchar a todo vapor.
