Como se esperaba, en la tarde de ayer se eligió al abogado Néstor Humberto Martínez como nuevo Fiscal General de la Nación, noticia que fue recibida con júbilo por la mayor parte del mundo político, especialmente entre conservadores y uribistas, quienes anticipan el fin de la policía ideológica y del abuso del poder que caracterizó la administración Montealegre.
Desde el Procurador Alejandro Ordóñez, hasta Armando Benedetti, pasando por varios miembros destacados del Centro Democrático y por supuesto de Cambio Radical, los representantes de los principales partidos de gobierno y de la oposición, no disimularon su satisfacción con la elección realizada por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, por el lado de los inconformes se destacaron dos grupos: por un lado los que critican los compromisos políticos y profesionales con los que llega al cargo el nuevo fiscal, ya que como abogado ha tenido compromisos profesionales con las figuras y grupos económicos más importantes del país, lo cual, argumentan, podría generarle un conflicto de intereses en las investigaciones que tuviera que asumir contra ellos en el futuro; y por el otro, los grupos feministas que presentaron una férrea oposición a su candidatura, los cuales se centraron en su propuesta de revisar el enfoque de excesiva criminalización de los conflictos familiares.
#CorteSupremaRecibaALasMujeres Néstor Humberto Martínez: hacia una Fiscalía machista y retardataria https://t.co/hMrDEdgGLf
— Ángela Robledo (@angelamrobledo) 11 de julio de 2016
Sus declaraciones se dieron durante la entrevista que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le hicieron a los candidatos, una de las preguntas estuvo relacionada con el tema de la violencia intrafamiliar.
La respuesta de Martínez fue la siguiente:
“En el tema de la violencia intrafamiliar uno percibe que la criminalización de esa conducta debe ser objeto de una [mks_highlight color=»#6d96bf»]revisión desde el punto de vista sociológico[/mks_highlight], muy importante porque lo que hemos percibido quienes hemos trabajado en estos temas a lo largo de los años, al criminalizarse la violencia intrafamiliar finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar [mks_highlight color=»#6d96bf»]a partir de expresiones de violencia de ocasión[/mks_highlight], además, atosigando a todo el sistema penal colombiano”.
Luego complementó la idea, proponiendo que se le de prioridad a medidas de justicia restaurativa, de modo que se logre un cambio cultural a través de mecanismos de mediación y conciliación, que permitan prevenir los actos de violencia y preservar el núcleo familiar.
Estas declaraciones fueron recibidas con una oleada de indignación por parte de los grupos feministas abortistas, quienes incluso llegaron al extremo de denunciarlo penalmente por «instigar» a la violencia contra la mujer (ver).
Siguiendo la estrategia típica de los revolucionarios de izquierda, tergiversaron la moderada propuesta de Néstor Humberto de hacer una «revisión sociológica», presentándola como una radical «descriminalización» de todo tipo de violencia intrafamiliar, ya que necesitaban consolidar la indignación social contra quien había osado a cuestionar el «dogma» feminista, según el cual la mejor (¿y única?) solución al maltrato contra la mujer, es poner a su servicio la «fuerza» del castigo penal.
Esa idea extrema y tergiversada de la posición de Néstor Humberto no sólo fue difundida por más radicales colectivos feministas, sino por figuras mediáticas como Vladdo (Semana), Yolanda Ruiz (RCN Radio) y Rodrigo Uprimny (Semana en Vivo).
De esa manera, como suele suceder cuando la izquierda aprovecha estrategias mediáticas para encuadrar el debate, se redujo la cuestión a dilemas inexistentes y respuestas obvias, como la de plantear (como un gran argumento), que es la violencia intrafamiliar la que afecta la unidad familiar, antes que su sanción.
De esta forma se desvió la atención de los puntos más relevantes del planteamiento del nuevo fiscal, se evitó que se hiciera un verdadero debate sobre el tema y así, las feministas radicales mantuvieron incuestionable su dogma que justifica el recurso al derecho penal a la primera oportunidad.
Sin embargo, la necesidad de replantearse el actual enfoque excesiva o exclusivamente criminalista subsisten: ¿se está haciendo suficiente esfuerzo en la prevención?, ¿se afectando de manera innecesaria la unidad familiar, iniciando procesos penales por conflictos menores o muchas veces inexistentes?
Debemos recordar la «doctrina feminista» ha venido «extendiendo» el concepto de violencia para calificar como tal cualquier desacuerdo que pueda existir en la vida familiar, e inclusive, cualquier reclamo que de otra manera no lograría justificar una mujer contra un hombre.
Por ejemplo, si un padre se opone razonablemente a limitar las visitas de una madre a sus hijos, por la agresividad o mal comportamiento que presenta frente a ellos, incluso si hay pruebas que le dan la razón al padre en distintos procesos de familia, hay activistas, abogados e incluso autoridades feministas que no dudan en usar la ley de violencia intrafamiliar (Ley 1257 de 2008), para calificar dicha limitación de «violencia psicológica, dominación y manipulación», pues según ellas tales actos sólo podrían estar motivados en el deseo de causar constante angustia y humillación a la madre.
Las acusaciones de violencia contra la mujer se convierten así en unas «armas» muy atractivas para cambiar el enfoque de los asuntos de familia, desviando la atención del asunto original hacia un plano en el que la mujer o los niños deben ser tratados como víctimas, muchas veces como una estrategia diseñada por abogados inescrupulosos de familia para intimidar y sacar partido a su favor.
La falta de un contrapeso efectivo que busque cuando sea posible y oportuno, ofrecer soluciones amigables a los conflictos de familia, desarrollando los derechos de la familia consagrados en la Ley 1361 de 2009 a la «armonía y unidad» y a la «orientación y afianzamiento de las relaciones de pareja», termina creando incentivos perversos para abusar de las normas que sancionan la violencia intrafamiliar, desequilibrando y degradando poco a poco la ya débil unidad de las familias colombianas.
La tan polémica expresión de «violencia de ocasión», lejos de ser una imprudencia es una realidad: muchos procesos por violencia intrafamiliar terminan en sanciones (administrativas, no penales) porque en medio de una acalorada discusión telefónica sobre temas familiares profundamente dolorosos, un hombre termina usando una mala palabra contra una mujer.
Que una mala palabra de lugar a un proceso por violencia intrafamiliar y luego a una sanción de varios salarios mínimos e incluso varios días de arresto, no cabe duda que es una desproporción que hace más daño que bien a la unidad familiar, y en especial, a los hijos. Argumentar, que con un arresto por una mala palabra se evite un feminicidio ya es pasar de la exageración a lo demencial.
Sólo un estudio serio del tema, como lo propuso el próximo Fiscal General de la Nación, podrá ofrecer luces sobre el tema y ofrecer alternativas menos conflictivas para resolver los problemas de violencia intrafamiliar, preservando hasta donde sea recomendable y posible la unidad familiar.
Confiamos en que Néstor Humberto no se haya dejado impresionar por la histeria feminista, y siga adelante con la revisión que en buena hora ha propuesto a la Corte Suprema de Justicia y al país.
Mientras tanto, podríamos comenzar por reflexionar sobre los debates en que otras latitudes han comenzado a hacer sobre este mismo tema:
Fuentes: Foto – El Espectador, Ilustración de Vladdo – Semana.com
[mks_pullquote align=»justify» width=»600″ size=»20″ bg_color=»#000000″ txt_color=»#ffffff»]»En nueve de cada diez casos, el juicio a un peón caminero por pegar a una mujer es más o menos igual de justo que el juicio que se le hiciera por no descubrirse ante una dama. Es prueba de clase; puede ser de superioridad de clase; pero no es un acto de justicia igualitaria entre clases. Deja fuera mil cosas: la provocación, el ambiente, las agobiantes limitaciones del espacio, el constante importunar que Dickens describió como los horrores del «mal genio en una carreta», la ausencia de ciertos tabúes de educación social, la tradición de mayor rudeza incluso al mostrar afecto. En el caso de un hombre así, hacer que el matrimonio o el divorcio dependan de un golpe es como dinamitar toda la vida de un caballero por dar un portazo. El pobre a menudo no puede dar un portazo, en parte porque se le puede caer la casa, pero sobretodo porque no tiene dónde ir: aún no posee sala de fumar, sala de billar ni sala de música color pavo real»
∼ G. K. Chésterton. La superstición del divorcio.[/mks_pullquote]
Advertencia: Como explica su editor Enrique García-Máiquez, Chesterton nunca intentó justificar la violencia contra las mujeres. Como lo testificó Dorothy Collins, su secretaria de toda la vida, el escritor era un rendido admirador de las mujeres a quienes consideraba con aprecio místico. Lo que le preocupaba, durante el debate del divorcio en Inglaterra, era un juicio elitista frente a las familias pobres, a las cuales defendía enérgicamente. Su inquietud se centraba en la propensión de la clase alta y media inglesa en imponer sus estándares (exquisitismo snob y puritanismo estricto) a la clase baja, de modo que intentando solucionar sus problemas, termine causando mayores males, como sucede en los casos en que maridos o compañeros terminan en prisión (pagando días de arresto, no condenas penales) por decir una mala palabra a su esposa o compañera.