Por: Andrés Felipe Fernández. Abogado especializado en derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante de Maestría en derecho y ciencias del trabajo europeas de la Universidad de Toulouse 1 Capitole.
El pasado 20 de noviembre fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que busca otorgarle facultades al gobierno nacional para que, si a bien lo tiene, decrete una prima especial de medio salario mínimo para los trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos.
La Comisión Séptima de Senado, por unanimidad, acaba de aprobar el proyecto de ley que busca crear una prima para la canasta familiar, correspondiente a medio salario mínimo. pic.twitter.com/Je8GTTt0eO
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 20 de noviembre de 2018
Mientras tanto, el presidente Duque no se ha comprometido con la iniciativa y hace algunos días en una entrevista en Blu, expresaba que su gran preocupación es la informalidad laboral.
Los empresarios, por su parte, se han mostrado renuentes al alza, preocupados por el efecto que pueda tener en la informalidad y la productividad, y se anticipan duras discusiones entre trabajadores y empresarios sobre el alza del salario mínimo para el próximo año.
Más allá de las discusiones concretas sobre el proyecto de ley que se puedan suscitar, como la legalidad del mismo, su conveniencia o pertinencia, o incluso sobre la forma de realizarlo en la práctica, vale la pena aprovechar la coyuntura creada por la propuesta para discutir la realidad actual del mecanismo del salario mínimo en Colombia y de ser posible presentar algunas propuestas de mejora del sistema.
A la hora de tomar una decisión al respecto es indispensable tener en cuenta ciertas consecuencias que trae, no sólo para el bolsillo del asalariado que depende del salario mínimo, sino evaluar el impacto que tiene en el sistema productivo en su conjunto.
En primer lugar, un salario mínimo lejano al salario de equilibrio genera desempleo e informalidad. En un sistema de libre mercado, el trabajo está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, los trabajadores determinan la oferta de trabajo y los empleadores determinan la demanda. Si el precio mínimo (salario) está por encima del precio de equilibrio, la cantidad de trabajo ofrecida es mayor que la cantidad demandada, en otras palabras, desempleo.
Además esta situación genera un incentivo para la informalidad, ya que muchos empleadores no tienen los recursos que implican una vinculación formal, pero necesitan llevar a cabo una actividad productiva bajo unas condiciones inferiores de remuneración, especialmente en prestaciones sociales, que otras personas están dispuestas a aceptar porque necesitan el ingreso.
Por otra parte, el valor del salario de equilibrio está relacionado con la productividad. Según las leyes económicas el precio del factor laboral está directamente relacionado con su productividad, de modo que entre más productivo sean los trabajadores de un país, más elevado será el valor del salario de equilibrio.
Aterrizando en el caso de Colombia, la realidad nos muestra que hay serios problemas con la valoración del factor laboral, generando una situación que afecta a millones de personas y sus familias, y pone en riesgo las posibilidades de desarrollo del país: la informalidad y el desempleo, que afectan de forma desigual a las regiones ricas y pobres del país.
La informalidad en Colombia en las 23 ciudades del país relacionadas por el DANE en sus estadísticas ronda el 48,2%. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la informalidad laboral en Colombia es la más alta del mundo: 61,3%.
Por su parte el desempleo en Colombia se ubica en 9,1 % en junio de 2018, muy lejano de la tasa de desempleo natural. La tasa de desempleo en Colombia incluso ha sido históricamente más alta, lo que da cuenta de una especie de desempleo estructural de la economía colombiana.
Estos indicadores demostrarían, en principio, que el salario mínimo en Colombia está bastante alejado del salario de equilibrio.
Por regiones
Ahora, miremos qué ocurre en las regiones. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Cartagena (7,9%), Barranquilla (8,3%) y Santa Marta (8,4%); las más altas están en Quibdó (17,6%), Armenia (16,2%) y Cúcuta (16,2%). A su turno, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta (69,0%), Sincelejo (64,2%) y Santa Marta (62,2%); las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (39,6%), Bogotá D.C. (41,6%) y Medellín (42,4%).
Por su parte, según estudios del Banco de la República Cartagena, Bogotá y Medellín son las ciudades con mayor productividad por hora, mientras que Villavicencio y Cúcuta presentan los menores niveles de productividad por hora entre las 13 áreas metropolitanas.
Por último, citemos los costos de vida y tratemos de derivar algunas conclusiones. Según el mismo BanRep Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla son consideradas como de “costo de vida alto”; Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta como de “costo de vida medio”, y Bucaramanga, Neiva, Villavicencio, Montería de “costo de vida bajo”.
Al estudiar estos datos un patrón emerge y dos ciudades se ven paradigmáticas. Cartagena es la ciudad más productiva, con mayor costo de vida y a su vez tiene los niveles más bajos de desempleo e informalidad. El caso opuesto es el de Cúcuta, que es la menos productiva, con un costo de vida medio y donde se encuentran los mayores niveles de desempleo e informalidad. Este patrón se repite en todas las demás ciudades en menor o mayor medida.
Se atinaría en decir que Cartagena, al ser más productiva, su salario de equilibro es más alto que el promedio del país y, por tanto, más cercano el salario mínimo nacional, teniendo como consecuencia menos desempleo e informalidad. Pasa lo contrario en Cúcuta.
Estos contrastes en desempleo e informalidad tienen como una de sus causas –no digamos la única- las diferencias en productividad, pero no en la productividad en sí misma considerada, sino en la lejanía o cercanía del salario de equilibrio regional al salario mínimo nacional, ya que éste último es único y es el parámetro de comparación regional. En otras palabras, si el salario mínimo fuera regional y tuviese en cuenta las diferencias en materia de productividad, las diferencias -en desempleo e informalidad- de ciudad a ciudad fueran menos evidentes.
Sea cual sea el objetivo buscado por los responsables políticos y económicos del país, ya sea aumento del poder adquisitivo, disminución de tasas de desempleo o informalidad, incluso reacciones a cambios económicos extraordinarios, al momento de fijar el salario mínimo se debería tener en cuenta las diferencias en productividad de cada ciudad o región, de tal suerte que las consecuencias tanto negativas como positivas derivadas de las modificaciones sean más justas, eficaces y eficientes.
La propuesta
Un salario mínimo vital y móvil regional que tenga en cuenta las diferencias en productividad de las ciudades lograría esta finalidad. Este salario debería tener como criterio para su fijación la productividad de cada ciudad o región, y no tanto el costo de vida que se presenta más como una consecuencia que como una causa.
Este tipo de salario genera una especie de focalización del cambio. Es decir, las ciudades con mayor productividad tendrían aumentos más altos siendo estas ciudades las que precisamente tiene los niveles de vida más costosos. Lo contrario pasaría con las ciudades menos productivas y con costos de vida menores. El aumento del poder adquisitivo que se busca con un aumento al salario mínimo nacional en las ciudades más productivas, siendo las más costosas, es relativamente menor que en las ciudades menos costosas. Pasa lo mismo con las tasas de desempleo e informalidad como se demostró antes.
Lejos de implicar una condena al retraso de las ciudades menos productivas, un salario mínimo regional basado en la productividad, crearía un incentivo para que estas ciudades mejoren sus niveles de productividad, circunstancia que además redundaría en la competitividad y eficiencia del sistema productivo en su conjunto.
Un aumento que no tenga en cuenta estas diferencias corre el riesgo de traer consecuencias negativas dirigidas precisamente a los más vulnerables. Un aumento del salario mínimo de manera significativa haría que muchas menos personas sean contratadas y si lo hacen, que sea de manera informal. Luego, son los desempleados los que sufrirían en gran medida el cambio y son ellos precisamente los que son más vulnerables por no tener ingreso alguno, siendo aún más cierto y evidente en las ciudades menos productivas.
Los cambios en el salario mínimo afectan directamente a las personas menos capacitadas y con menos experiencia porque a ellas se destina el salario mínimo. Aumentos poco significativos en el salario mínimo, que para algún sector implica “precarización” del mismo, en realidad podría tener consecuencias positivas en ciertas partes de la población, por ejemplo, para los desempleados o los trabajadores informales. Un hecho tan indiscutible como frecuentemente ignorado es el que es mejor un salario mínimo “precario” que no tener salario alguno.
Vale la pena resaltar que en la mesa de concertación los sindicatos defienden normalmente los intereses de los trabajadores –ya contratados- y no de los desempleados. Estos últimos no tienen en principio representación en esa instancia -salvo la eventual del gobierno-. Así los sindicatos defienden el alza sin consideración en las consecuencias sobre los desempleados.
Los beneficiarios directos y reales de un aumento del salario mínimo a nivel nacional son los trabajadores que ganan el mínimo en las ciudades poco productivas y menos costosas. Sobra decir que son los menos.
