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Lenguaje feminista crea problemas jurídicos, dictamina Real Academia de la Lengua

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Escrito por Redacción R+F

La intención del gobierno socialista de modificar la Constitución, para introducir un «lenguaje inclusivo» «podría oscurecer la interpretación del texto constitucional».

Atendiendo la solicitud del gobierno socialista español (de izquierda y feminista), sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución española la Real Academia de Lengua acaba de dar un dictamen contundente contra la utilización política del lenguaje.

Por unanimidad aprobó un informe en el cual reitera que el desdoblamiento del lenguaje es innecesario, y que las duplicaciones inclusivas («todos y todas», por ejemplo) no le aportan nada a la corrección del lenguaje.

El género masculino puede abarcar al femenino, según el contexto

El director de la Real Academia de la Lengua española, Santiago Muñoz Machado, explicó que «la Constitución usa el masculino inclusivo con mucha frecuencia», pues «es la manera en la que ha entendido el lenguaje inclusivo». Este uso «está verificado en múltiples estudios y en la práctica general de los hispanohablantes». 

De modo que cuando la Constitución se habla de españoles, niños, padres, hijos, jueces, electores, consumidores, militares, residentes, embajadores o alcaldes ha de entenderse que se está haciendo referencia a los dos sexos.

Destacó que los cambios en las prácticas sociales, como por ejemplo en el servicio militar,  que ahora incorpora a mujeres no exigen un cambio en la redacción. 

Santiago Muñoz Machado Director de la RAE.

De modo que donde dice «La ley fijará las obligaciones militares de los españoles», que en principio sólo se refería a los hombres: «probablemente no fue hecha con carácter inclusivo por el constituyente ahora debe interpretarse en el sentido inclusivo», explicó Muñoz Machado.

Además señala que esto es algo natural y evidente para la gente normal,  y que los cambios en el lenguaje no se deberían imponer a través del poder político:

«Resultaría escasamente democrático sostener que los hablantes nativos desconocen si esos sustantivos son o no inclusivos –o, lo que sería aún peor, negarles la capacidad de determinarlo–, y entender que han de ser los poderes públicos quienes lo decidan, en virtud de su compromiso con la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad».

Lenguaje inclusivo: poco que ver con la igualdad todo que ver con la política

El catedrático de la «docta casa», como se refieren a la Real Academia de la Lengua, hizo dos oportunos  y valientes señalamientos sobre la  intención del feminismo político de asumir control sobre una institución que naturalmente es libre:

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«Es oportuno recordar que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes». 

«Las situaciones de igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres en determinados países (europeos o no) son enteramente independientes de las opciones gramaticales que cada idioma elige en dichos territorios para codificar la interpretación inclusiva del género masculino».

El lenguaje feminista amenaza la seguridad jurídica

La novedad más destacable de este informe se encuentra en el estudio comparativo que la Academia hizo de la Constitución Española, con otras como la chilena, la colombiana, la mexicana, la francesa, la portuguesa, la venezolana y la boliviana,  concluyendo que la duplicación del género, al que recurren constituciones como la boliviana o la venezolana, ha sido una fuente de no pocos problemas jurídicos

Según lo expresaron el diario español ABC, fuentes conocedoras del informe que el gobierno no ha permitido hacer público aún,  expresaron que académicos y juristas tenían una gran preocupación con la intención del gobierno socialista de modificar la Constitución, para introducir un «lenguaje inclusivo» que «podría oscurecer la interpretación del texto constitucional»:

«Y la cuestión de la claridad es esencial en un texto constitucional, porque de ella dependen derechos y libertades fundamentales que podrían ver modificada su interpretación, lo mismo que podría ocurrir con las características y atribuciones de las instituciones del Estado». 

Según los expertos consultados, «El dictamen subraya que el desdoblamiento crearía confusión en un texto que debe ser, por los motivos aducidos, diáfano».

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