“La época del individualismo y del “laissez faire” en la política y de la competencia sin restricciones en la industria, ha pasado. En el futuro, tendremos una sociedad colectivista. El único interrogante que cabe formularse es si tendremos un colectivismo de la tiranía o un colectivismo de la libertad.”
Nathaniel Micklem, “The Theology of Politics” (Londres: Imprenta de la Universidad de Oxford, 1941), p. 73. Citado por Monseñor Fulton Sheen en su libro “El Comunismo y la Conciencia Universal”
Seguramente la mayoría de ciudadanos en el mundo occidental creen sinceramente vivir en una de las épocas más democráticas de la historia: lo cual supone que el poder político está en la población; que los ciudadanos tienen deberes y derechos que permiten el ejercicio de una libertad enfocada en el “interés general” (que es distinto del bien común, como explicaré más adelante), que el Estado ejerce su autoridad a través de distintos órganos de poder, de modo que se mantiene un equilibrio que previene los abusos…pero, ¿si es así como realmente sucede?
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Si te encanta leer continuemos…
Si la autenticidad de la soberanía popular era algo cuestionable desde el siglo pasado, la implementación de medidas de emergencia con ocasión del virus comunista chino (SarsCov19)*, han dejado una evidencia contundente de un profundo cambio en la organización política de los estados, no para profundizar la democracia, si no por el contrario, para radicalizar su carácter corporativista (controlados por multinacionales, oscuros organismos multilaterales y otros pocos grupos de interés).
Una realidad palpable en Colombia…
La debilidad de nuestras instituciones democráticas quedó en evidencia recientemente, cuando la Comisión Séptima del Congreso realizó una audiencia pública a la cual fueron citados el Gobierno Nacional, académicos, organizaciones y ciudadanos del común.
El objeto era exponer los distintos argumentos sobre las implicaciones de la exigencia del carné de vacunación; una medida restrictiva de las libertades de movimiento y trabajo, entre otras, impuesta mediante un decreto que condiciona el ejercicio de esas libertades a la inoculación de fármacos experimentales.
Carlos Eduardo Acosta, el congresista que organizó la audiencia, atendiendo las quejas de más de 17 mil colombianos inconformes con las medidas, planteó la vulneración de derechos fundamentales, así como la incitación a una discriminación injustificada.
La audiencia pública fue trasmitida en vivo en las redes sociales oficiales del Congreso y las del congresista Carlos Eduardo Acosta. Sin embargo, a poco tiempo de haberse publicado, YouTube (Google) decidió censurar el canal oficial de la Comisión Séptima del Congreso, cuando el video ya contaban con más de 65 mil visualizaciones, bajo el pretexto de “no ajustarse a sus normas comunitarias”.
De esta forma, la corporación internacional que controla uno de los medios más importantes de comunicación en el mundo, que genera significativos ingresos en Colombia, decidió censurar al órgano democrático por excelencia de nuestro país, ante lo cual el poder público terminó siendo totalmente impotente: ¿puede hacer algo nuestra justicia frente a la arbitrariedad y el control que dichas corporaciones ejercen sobre nuestras comunicaciones?, ¿quién gobierna a quién?
Intervenciones relevantes en la audiencia pública
Los funcionarios del gobierno, sin excepción, hablaron maravillas de los fármacos con los que experimentan en los ciudadanos colombianos, con el objetivo de detener el virus SARS-COV-2, así como de lo necesarias que serían las medidas restrictivas, para proteger la salud pública y del orden social.
Expusieron con entusiasmo estadísticas sobre la masiva inoculación y la presunta reducción de la pandemia –es curioso que si hay mayoría de inoculados hablen de una cuarta ola-.
Igualmente, insistieron en que no se vulnera la libertad religiosa, ya que no aplica para la Santa Misa ni otros cultos; tampoco para el transporte público, la compra de vivires ni para trabajador.
Sino que simplemente genera una segregación para permitir eventos con un aforo del 100% en bares, restaurantes y comercios.
No obstante, el decreto dio lugar a que muchas personas se les impidiera objetar la inoculación. Por ejemplo, empleadores impusieron la medida a sus trabajadores; instituciones educativas públicas comenzaron a exigir el carnet de vacunación a los estudiantes.
Así los ciudadanos “libremente” firman un papel (consentimiento informado) para recibir un tratamiento experimental, aceptando todos los riesgos que eso implique.
Pero, ¿si hay coacción directa o indirecta de autoridades estatales, porque necesitan estudiar, trabajar o participar en la vida social, no hay un vicio en el consentimiento?, ¿las personas actúan con plena conciencia o bajo la presión llevando a vicios en la libertad de decisión?
El delegado del Ministerio de Educación indicó que no existe un mandato de exigencia de carné de vacunación en las instituciones educativas para las matrículas. De igual forma, los maestros tampoco están obligados a este requisito para ejercer su labor. Así, el gobierno respaldó a los padres de familia presionados por varios colegios que están exigiendo a sus hijos ponerse la inyección experimental.
Nota: los vídeos están subidos en la plataforma de Odysee debido a la fuerte censura ejercida por Youtube a estos contenidos. Así que dejamos las imágenes con sus enlaces pertinentes para que puedan visualizarlos.
La delegada del ICBF tuvo cosas interesantes, dejando en evidencia ciertas incoherencias. Los jardines infantiles públicos, cuidadores de infantes de un año hasta cinco, fueron los primeros en dar apertura a principios del 2021. Según ella, conforme a la asesoría de varios expertos internacionales y nacionales hizo posible “garantizar el derecho a la educación de la primera infancia”, argumentando que la afectación del virus en los niños es mínima, que no hay propagación en este grupo poblacional, soportado con estadísticas.
Aun así, en seguida anunció que ya iniciaron un programa de inoculación masiva en pequeños. No queda claro si los obligaron a inyectarse sin la existencia de una autorización de emergencia del INVIMA para este grupo o si se trataba de otra clase de vacunas. ¿Por qué aplicar fármacos experimentales a personas que no lo necesitan? ¿Realmente importa la salud de los niños o solo seguir objetivos en contra de la dignidad humana?
Más interesantes fueron las intervenciones de académicos y científicos, quienes ilustraron sobre las posibles consecuencias de esta clase de fármacos experimentales, asegurando que no son vacunas, señalando su poca seguridad y eficacia; los riesgos de una inoculación masiva obligatoria; los peligros que corren especialmente los niños, así como la alta inmunidad que naturalmente desarrollan contra el virus; limitaciones e inconsistencias en las estadísticas gubernamentales, así como la falta de transparencia y equidad en los acuerdos impuestos por las farmacéuticas a los estados compradores de sus fármacos.
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Dr. Elard Koch PhD ante el Cámara Séptima Consitucional del Congreso de Colombia, hablando sobre las consecuencias de las vacunas covid19 en niños y en adultos.
El Dr. Manuel Aparicio, fisioterapeuta pediátrico, presenta su concepto sobre las inoculaciones covid19 ante la Cámara Séptima Constitucional del Congreso de la República de Colombia.
Puede seguir visualizando las intervenciones de otros especialistas pinchando aquí.
La desconfianza ciudadana se afianza en el poco respeto y transparencia de los gobernantes frente a los ciudadanos a los que se deben. Fue muy ilustrativo de esta actitud, cuando la periodista Adriana Rocío pidió la revisión de la asistencia de los delegados del gobierno, encontrando que ninguno de los convocados acompañó la audiencia hasta el final.
El bien común: más allá del interés general
El bien común tiene su raíz en el cristianismo y es uno de los fundamentos de nuestra civilización.
El catecismo enseña que este concepto precisa de un conjunto de condiciones de la vida social, que hace posible a los grupos, a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección.
Supone tres elementos: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales; el desarrollo de los bienes espirituales y temporales tanto de la persona como de la sociedad; asimismo la seguridad y la paz de todos.
Los derechos de la persona entrañan bienes tan importantes como la libertad de conciencia y la religiosa; el desarrollo y el bienestar social de la comunidad exigen que no se impongan intereses particulares por encima del interés general; finalmente, la estabilidad y seguridad permiten el goce de la libertad y por tanto permita la realización vocacional de cada uno.
Los discursos políticos han cambiado el concepto de bien común por el de interés general, a medida que se han desarraigado del cristianismo. El bien común remarca el bien para todos, si algo es bueno, debe serlo para toda la sociedad sin divergencia con los derechos fundamentales. El interés común o general insiste en que si hay una mayoría que toman una decisión errada, esta se puede imponer sobre la minoría que no la comparte.
La intervención de los delegados del Ministerio del Trabajo en la Audiencia Pública, contrastaron con los argumentos de los especialistas que abogaron por la defensa de principios éticos y el bien común. Es notorio lo discordante de estas políticas con las exigencias del bien común.
Un gran aporte de profesionales íntegros que no se han arrodillado a la burocracia del nuevo orden mundial, ni a los intereses particulares de las grandes corporaciones.
Prontamente la continuación de este artículo.
*Se le dice al Sars-Cov-2 virus del PCCH en razón a que este salió del país de China, (creado en un laboratorio conforme a los informes de investigación oficiales) junto con todas las políticas ideologícas de la tiranía comunista China.
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