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La dictadura que acusa a un obispo en Nicaragua

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El día cuatro de agosto, la policía de Nicaragua irrumpía violentamente a las instalaciones de la curia episcopal de la Diócesis de Matagalpa al norte del país, lugar donde se encontraban confinados, el señor obispo, sacerdotes, seminaristas y laicos a los que, el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega, había mantenido retenidos porque se les acusaba de estar formando grupos violentos para desestabilizar la nación. La madrugada de ese día cuatro de agosto, la policía echó mano a los religiosos y laicos, sacándolos a la fuerza de las instalaciones y trasladándolos hacia el complejo judicial de la capital Managua, donde han estado detenidos los últimos cuatro meses.

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El día de ayer, trece de diciembre, fue presentado el señor obispo Rolando José Álvarez Lagos en los juzgados del Distrito Penal de Audiencia de Managua, donde la autoridad judicial admite una acusación y decreta arresto domiciliar por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los demás aún esperan ser llamados para que se les decrete los supuestos delitos por las cuales se les acusa.

Las leyes que se aprobaron después del estallido social del año 2018 donde se determinaron este tipo de delitos, sencillamente, son las herramientas jurídicas que el gobierno de Ortega ha usado para perseguir, encarcelar o exiliar a todos aquellos que representan una amenaza para la manutención de su poder dictatorial. De ahí que los delitos que se le imputan tanto al obispo como a todos los demás presos políticos, signifiquen cualquier cosa, pues cuando uno analiza el contenido de dichas leyes, encontramos que no tienen ni pies ni cabeza, de tal modo que se pueden usar discrecionalmente para acusar a cualquier persona de cualquier ocurrencia.

La situación política en Nicaragua es compleja. Entre otras cosas, el sandinismo se adjudicó el cien por ciento de las alcaldías del país el pasado seis de noviembre, en un “proceso electoral” que no tuvo a ningún partido político que le pudiera competir. El sandinismo tiene el control de prácticamente todas las instituciones políticas y no se avizora a corto plazo, un movimiento opositor, dadas las continuas disputas y carencia de unidad en el pensamiento y las acciones de los que se dicen opositores al sandinismo.

La acusación al señor obispo es solo la muestra de cómo Daniel Ortega tiene el poder político suficiente como para seleccionar a sus posibles amenazas, procesarlos y eliminarlos de su camino de consolidación de una dictadura igual o peor que la de la familia Somoza contra quienes los mismos sandinistas se alzaron en armas para derrocarlo en 1979. El problema, sin embargo, desde un punto de vista teórico, es la sucesión del poder. Como una dictadura no es lo mismo que una monarquía, a pesar de que sea uno el que mande y gobierne, en una dictadura nadie puede reclamar la sucesión del poder tal y como ocurre con los hijos de los reyes en las monarquías. El día en que Ortega ya no esté en el poder ¿Cuáles habrían sido desde ahorita las estrategias políticas que alguna oposición tendría que haber tenido elaborado para que el nombre de Ortega y su familia no se perpetúen en el país?  

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