Se trata del caso de Rosaura Almonte, conocida también como «Esperancita» una adolescente de 16 años, que falleció en 2012 de leucemia, debido a una demora en el inicio de la quimioterapia, algo que los activistas pro aborto quieren explotar para pedir que se elimine la protección legal de los bebés por nacer.
Según informa France 24:
El 2 de julio de 2012 Rosaura Almonte ingresó a la sala de urgencias del hospital docente Semma en Santo Domingo, República Dominicana; allí se entera de dos diagnósticos: tiene leucemia linfoblástica aguda y un embarazo de 7,2 semanas.
El 3 de julio la medica tratante informa que hay signos de daño fetal y sangrado por amenaza de aborto. En consecuencia, recomienda un aborto terapéutico, para proceder a atender a Rosaura por su leucemia, pero en República Dominicana el aborto está prohibido, de modo que el caso va al Comité de Morbilidad Extrema y una junta médica decide no proceder al legrado por ser inconstitucional.
Los médicos determinan «esperar el desenlace natural del embarazo, dada la hemorragia», sabiendo que el feto no tiene posibilidades de prosperar y que la vida de Rosaura depende del tratamiento. Y es que la quimioterapia inmediata para la leucemia da a los pacientes adolescentes una esperanza de vida del 58%, de no aplicarse, la enfermedad puede ser mortal en 8 semanas.
En todo caso, no había ninguna objeción para adelantar el tratamiento de quimioterapia, y así lo certificó el Comité de Bioética del Semma:
Entendiendo que el embarazo frenaba el tratamiento de la adolescente de 16 años, se reúne el 18 de julio el Comité de Bioética del hospital y se expresa que «si una mujer embarazada presenta una condición que amerita tratamiento, las consecuencias negativas para el feto no pueden ser consideradas como un atentado a la vida».
Sin embargo, por una demora administrativa no relacionada con la protección a la vida del bebé por nacer, no se inició oportunamente la quimioterapia:
Con aval del Ministerio de Salud, se acepta administrar quimioterapia el día siguiente, pero solo 13 días después el personal médico solicita la firma de un consentimiento informado «a sabiendas de los riesgos que conlleve, descargando de responsabilidad al hospital (…) y los médicos».
El 16 de agosto, en el día 45 de hospitalización, con un embarazo de 13,3 semanas, comienza un sangrado abundante por la vagina y por la boca. La adolescente presenta hipotensión, e insuficiencia respiratoria.
El 17 de agosto a la 1:30 de la madrugada se produce un aborto espontáneo y a las 8:00 am. Rosaura sufre un paro cardiorrespiratorio y se decreta su deceso.
Queda por establecerse si el Comité de Bioética estudió la posibilidad de hacer el legrado, pues en caso de hemorragia, posiblemente se habría podido realizar sin que fuera un atentado para la vida del bebé, ni trasgrediera la protección penal de la vida del bebé por nacer.
En todo caso, conociendo que los miembros de la CIDH asumen un papel activista radical pro aborto, cabe esperar lo peor de cualquier pronunciamiento al respecto.
