Una ONG de derechos humanos ha denunciado a la juez Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el caso del asesinato de Lucio Dupuy. En 2020, la juez había otorgado la tenencia del niño de 5 años a su madre y a su pareja, quienes están acusadas de torturar y matarlo en noviembre de 2021. Según Raúl Magnasco, presidente de la Fundación “Más Vida”, la juez tuvo varias alertas sobre el peligro en el que se encontraba el niño y no cumplió con sus deberes. Magnasco también señaló que el padre de Lucio había alertado a la justicia sobre su situación, pero no recibió ninguna atención.
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La denuncia se hace contra todos los funcionarios públicos que debieron intervenir en el proceso y según Magnasco, es difícil pensar que la juez no tuviera información o sospecha sobre el contexto en el que vivía el niño. Además, mencionó que una de las versiones que circulan sobre la madre es que quería acceder a la asignación que le corresponde por hijo. La ONG afirma que el caso es un evidente mal desempeño por parte de la juez y lamenta que si hubiera ordenado los controles adecuados, la muerte de Lucio hubiera sido evitable.
Una vez que se inicie la investigación formal, se podrá determinar la culpabilidad de Ana Clara Pérez Ballester junto con el resto de los funcionarios intervinientes. La ONG señala que cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, se realizaron todos los estudios ambientales posibles, pero cuando se entregó a la pareja responsable de su tortura y muerte, la juez incumplió los controles necesarios.