Se hizo patente lo evidente: la mal denominada «Justicia Especial para la Paz», JEP, no pudo dilatar más los compromisos anticonstitucionales sobre los que ha sido concebida ni ocultar el pecado original que la engendró: un falso «proceso de paz» que ha pergeñado una espuria y bastarda «institucionalidad» paralela que usurpa y desafía el frágil pero legítimo Estado de Derecho.
La JEP ha mostrado su verdadero rostro: el de una complaciente impunidad con el terror, el crimen y el narcotráfico, concebidos como simples materias con «conexidad política» ante todo lo que pueda ser perdonado y premiado sin agravantes ni punición de ninguna índole.
La primera y más clamorosa reacción producida ante el exabrupto, ha sido la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien literalmente ha dicho:
«Este desafío al Orden Jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación».
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA,
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.
No obstante la infausta decisión, dos magistradas hicieron salvamento de voto. Según lo recoge el diario El Tiempo, «Las magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz dejaron dos salvamentos de voto en los que cuestionan jurídicamente la decisión de sus compañeros e incluso concuerdan en que están invadiendo los linderos de otras entidades del Estado, incluida la Fiscalía, marcando un preocupante precedente para otros casos en manos de esa jurisdicción especial».
Con respecto a la JEP, entre las voces más autorizadas y prestigiosas en materia jurídica y constitucional en Colombia, destacamos la del Dr. Jesús Vallejo Mejía, ex Magistrado, quien en la misma fecha ha publicado en el medio digital La Linterna Azul, un artículo titulado: «LA CRISIS DE LA JUSTICIA ES LA DEL ESTADO», cuya lectura completa recomendamos, y del cual citamos este lúcido pasaje:
«Colombia es probablemente el único país del mundo que cuenta con un aparato judicial superpuesto al ordinario y organizado al gusto de los peores criminales, para así garantizarles de hecho la impunidad. No otra cosa es la JEP, como cada vez se observa con mayor claridad. Dicho sea de paso, es además un aparato montado con violación flagrante de la flamante soberanía popular que consagra el artículo 3 de la Constitución Política».
Dr. Jesús Vallejo Mejía, ex Magistrado.
El Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en su alocución al país en las horas de la noche, dijo:
«Colombia no cohabitará con el narcotráfico».«El caso Santrich no está cerrado».
Presidente Iván Duque Márquez.
A eso de las 11 de la noche, un poco más de dos horas después de la intervención presidencial, el partido de gobierno, Centro Democrático, dio a conocer el siguiente Comunicado, en el que cuestiona la decisión y expresa su confianza en el manejo que el Presidente dé al asunto:
Pero como muy bien lo señala el renunciante Fiscal General Néstor Humberto Martínez ante la denostación del orden jurídico y del Estado de Derecho en la que él se niega a participar, hay que darle la razón: sí, señor, es un desafío al Estado de Derecho, desde un para-estado montado por Santos en favor de la delincuencia con el pretexto de la paz.
Crear un esperpento jurídico como la mal llamada «JEP», dio lugar a un “Tribunal” de la impunidad con una aberrante concepción de «justicia» a medida del crimen y del terrorismo. En eso consiste lo “transicional”, ahora lo sabemos y por fin lo hemos entendido: una sociedad que ya no sólo tolera el mal sino que lava el delito y lo legitima. Una transición hacia un estado de barbarie y de impunidad.
En nuestras propias narices, sin mediar escrúpulos y sin el más mínimo reato de conciencia y de vergüenza, un grupúsculo de personas se ha arrogado una potestad que no le concierne: soslayando los más elementales fundamentos del Derecho, ha legitimado el narcotráfico como un sustrato de la participación política.
Por su parte, el Presidente Duque, con aparente fuerza, pero sin dejar de coquetear con una supuesta coexistencia de poderes que él mismo ayudó a instaurar (diferente a la independencia de los poderes legítimos: ejecutivo, legislativo y judicial), ha dicho: “El caso Santrich no está cerrado”.
¿Cómo así, señor Presidente? ¿De qué habla usted? Aquí no se trata de casos particulares considerados uno a uno, sino de la institucionalidad y de la estabilidad y viabilidad del Estado de Derecho.
Ante la gravedad del hecho consumado, no podemos irnos por las ramas. Tenemos que ser muy francos con usted, con los dirigentes y con la clase política que supuestamente nos representa, y exigir de todos ustedes el cabal y auténtico cumplimiento de sus deberes. Es lamentable, pero como diaria e incansablemente lo denuncia el Dr. Fernando Londoño Hoyos, parece que aún “gobernara” Juan Manuel Santos.
Ante todo ello, consideramos que el actual gobierno debe prestar atención y no ignorar las apreciaciones y cuestionamientos de la gran mayoría de colombianos que asistimos atónitos al triste espectáculo de ver cómo hay fuerzas oscuras, ideologías y sectores –particularmente de izquierda– que intentan desmoronar el andamiaje institucional para acceder al poder e imponer su igualitarismo utópico.
Señor Presidente, sinceramente esperamos que la fortaleza de su discurso sea respaldada con decisiones y acciones eficaces en materia de Justicia y de Orden Público, que hasta ahora no se han visto. ¿Para qué posar de «demócrata», si finalmente el «extremo centro» no es más que un extremo de permisividad? ¡Actúe, Señor Presidente! Si lo hace, Colombia lo respaldará. No pierda esta oportunidad de corregir el rumbo.
A continuación, un panorama de las distintas reacciones que –entre muchas otras– ha suscitado la decisión de la «JEP»:
