El gobierno boliviano utilizó a las instituciones del Estado este martes para quitar a la Iglesia la custodia total de la menor violada que decidió no abortar a su bebé de cinco meses de gestación. Al parecer, con el fin de obligarla a que lo haga.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz concedió parte de la tutela sobre la adolescente a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al diario Página Siete.
La Defensoría del Pueblo ya había anunciado reiteradamente sus intenciones de forzar el infanticidio. La anterior semana presentó una denuncia penal contra la Iglesia y otras instituciones por impedir que se lleve a cabo el asesinato.
La última resolución del TDJ dispone que se conforme un «equipo médico multidisciplinario compuesto por 10 profesionales y especialistas de alto nivel para la valoración médica científica de la menor embarazada». Asimismo, manda a que se proceda a una «valoración integral» de la muchacha y su traslado a un centro médico para trabajar con «criterio científico correcto y de las mejores características».
En otras palabras, el gobierno rechazó publicar los informes médicos de la Maternidad Percy Boland, lugar donde el 22 de octubre se estudiaron las posibilidades de la menor para dar a luz. Las autoridades de Bolivia, consideran que el único criterio científico válido es el que favorece a su ideología. Así lo asegura implícitamente en el comunicado lanzado este jueves por el Ministerio de Salud y Deportes:
El momento en que el equipo de especialistas: entre psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, trabajadora social, profesionales del área de Auditoría y Calidad, Responsable componente de Violencia y otros del Ministerio de Salud y Deportes emitan la valoración estrictamente técnica, se informará a través de la autoridad competente para que tanto la madre y la niña tomen una decisión de manera informada y en total libertad.
Por ‘decisión informada’ el gobierno se refiere a que quiere lograr que la chica y su madre cambien de opinión, es decir, insiste en imponerles la idea de que se debe proceder con el infanticidio. Además, con la expresión ‘total libertad’ el gobierno niega que la menor haya tomado una decisión libremente, es decir, insiste en su narrativa de que la Iglesia ‘la forzó’ a tomar su decisión.
El gobierno se dio cuenta de que la narrativa sentimentalista y anticristiana no tenía suficiente peso, así que ahora va por la apelación al positivismo, es decir, a la idea de que las ciencias naturales constituyen el único criterio de verdad. Esto, por supuesto, con la amplia posibilidad de manipular a los científicos involucrados para que dictaminen una conclusión que favorezca el infanticidio y no una que se oriente hacia resultados objetivos.
Luego de realizarle los estudios médicos, se tomará la decisión de si procede abortar. Conociendo las intenciones y los contactos del gobierno, es lógico que sí, pero toca considerar factores adversos que también podrían favorecer a que no. No se sabe cuándo la menor regresará al Centro de Acogida ‘Madre María’, donde estaba bajo custodia de la Iglesia.