El decreto firmado por el alcalde Jorge Iván Ospina con la federación responsables de los bloqueos, sigue dando de qué hablar, y con razón.
Mientras la sociedad intenta volver a la normalidad, y espera de sus autoridades garantías para que movilizaciones políticas violentas, como la convocada por la izquierda radical el pasado 28 de abril, no vuelvan a suceder; el alcalde petrista firma el decreto 4112.010.20.0304, que dificulta la actuación de las autoridades y fortalece a los manifestantes.
Estos son los puntos más controversiales:
– La Policía y el ESMAD no podrían levantar bloqueos ni intervenir en los puntos de resistencia, mientras sean pacíficos:
“El alcalde distrital…impartirá órdenes a la policía Metropolitana de Cali – MECAL-, para que ordene al cuerpo policial… con el fin de que…no intervengan en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica realizada en el marco de la Constitución Política y la Ley por los puntos de Resistencia”.
Aunque no se mencionan los bloqueos específicamente, debe recordarse que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las afectaciones del tráfico son parte esencial del supuesto derecho a la manifestación pacífica.
“…el derecho de la protesta es uno de los más importantes fundamentos de la estructura democrática. Es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.
– Manual “Protesta y Derechos Humanos” de la CIDH
Y ordena a las autoridades no aplicar el Código Penal por este motivo:
“…los operadores de justicia tienen el deber de abstenerse de aplicar tipos penales que protegen de modo ambiguo el orden público, como…“obstrucción de las vías de circulación” y otros tipos penales que tienden a ser aplicados de forma arbitraria por las autoridades para criminalizar a las y los participantes de protestas”
– Manual “Protesta y Derechos Humanos” de la CIDH
– Organizaciones de izquierda podrán vigilar las capturas y traslados realizados por la Policía y la Fiscalía a través de un protocolo especial:
Al respecto dice el Decreto:
“… créase un Canal de Salvaguarda de Vidas, que permita a los ciudadanos…y organizaciones defensoras de derechos humanos…realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier protesta social pacífica”.
Si bien en este aspecto hay una zona gris, ya que la Corte Suprema de Justicia dio autonomía a los mandatarios locales para realizar protocolos para garantizar los derechos de la protesta pacífica, en tanto se expide una ley estatutaria que la reglamente, esta instrucción le permite a organizaciones radicales de izquierda aumentar la presión sobre las autoridades, en situaciones en las que ya se encuentran muy apremiadas por la opinión pública.
– Comisión apoyará únicamente a las víctimas de la Fuerza Pública. Las víctimas de los manifestantes quedarán por su cuenta:
En ese punto la Alcaldía de Cali se comprometió con los manifestantes a crear una comisión especial:
“La comisión de Derechos Humanos, igualmente, tendrá como tarea recopilar toda la información posible para impulsar las investigaciones y procesos judiciales para determinar la responsabilidad por excesos de los integrantes de la fuerza pública en el marco del paro nacional que hayan quebrantado derechos humanos como la vida integridad libertad entre otros y lograr la judicialización para los posibles responsables. Se orientará por los derechos de las víctimas para perseguir la verdad, justicia y reparación y no repetición”.
Este es posiblemente el punto más ignominioso del decreto del mandatario caleño, pues establece que existen víctimas de primera categoría (las que se benefician del PARO) y de segunda, la gran mayoría, afectadas por esta movilización política de izquierda.
Aquí se puede ver el documento completo:
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