El comentarista deportivo del Telegraph inglés OLIVER BROWN siguió de cerca el debate judicial sobre la visa del tenista serbio, quien acaba de recibir la orden de deportación de Australia, al no estar “vacunado” contra el coronavirus.
La inusual decisión en día domingo de tres jueces federales de alto rango, iba mucho más allá de la posibilidad de Novak Djokovic de defender su título de campeón del Abierto de Australia.
Consistía en una “prueba de fuego” a la política contra el coronavirus de toda la nación, y si los “sacrificios” impuestos a 25 millones de personas podrían ser evitados por el jugador no vacunado.
El 83% de la población de ese país ahora celebra la deportación del tenista, mientras un número significativo de activistas contra los excesos del régimen sanitario protestan con amargura, al ver a uno de sus más célebres representantes salir por la puerta atrás. Se trata de una de las batallas culturales más relevantes del mundo contemporáneo.
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Sin embargo, como lo señala Brown en su artículo: “la decisión final del presidente del Tribunal Supremo, James Allsop…dejó varias preguntas incómodas. Lo más inquietante fue que el argumento central del gobierno australiano para revocar la visa de Djokovic por segunda vez, simplemente no fue probado. Alex Hawke, el ministro de inmigración, cambió de justificación: mientras en un primer momento la visa se revocó por la supuesta falta de evidencia para la exención médica, la segunda cancelación fue por el temor a que su mera presencia fortaleciera la oposición a la vacunación en la población general”.
Y tal como lo explicó el abogado de Djokovic, Nick Wood, no se proporcionó “ni un solo renglón de evidencia” para justificar esa idea. Djokovic simplemente fue señalado como un pararrayos de los antivacunas, argumentó Wood, para lo cual el gobierno se basó en un solo documento: un artículo de la BBC del 6 de enero titulado “¿Qué ha dicho Novak Djokovic sobre las vacunas?”
El artículo se refiere a sus declaraciones de abril de 2020, cuándo las vacunas Covid ni siquiera estaban disponibles para la población general, concluyendo de ahí que el tenista estaba “en contra de la vacunación”.
Pero el gobierno olvidó mencionar que en el mismo artículo el serbio aseguró que mantendría una “mente abierta” porque quería tener la “opción para elegir lo que es mejor para mi cuerpo”.
Ante lo cual Stephen Lloyd, el abogado del gobierno Australiano, no logró proporcionar ninguna evidencia concreta para refutar esa afirmación.
En cambio, citó que en Serbia hay un “retraso” en las tasas de vacunación, vinculando ese hecho con el “estatus icónico” de Djokovic en su tierra natal.
Pero Australia, no Serbia, era la jurisdicción de este caso. Y existe la más mínima prueba de que la entrada de Djokovic en Australia pudiera influir en las las decisiones de una población que está universalmente convencida de la necesidad de la vacunación.
Por el contrario, durante los pocos días en los que Djokovic ha estado en el país, la administración de los refuerzos de las vacunas avanzaron a un ritmo récord.
En cuanto a los errores reconocidos por el tenista de asistir a una presentación en Serbia mientras sabía de su diagnóstico positivo, el realizar una entrevista sin advertirle al reportero de su situación de salud y de que un agente diligenciara el formulario de inmigración con inconsistencias sobre viajes anteriores, el Ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, reconoció que no fueron tenidos en cuenta para su decisión de expulsar Novak.
Tampoco importó que durante todos los demás torneos internacionales en los que participó Djokovic, no se hubiera presentado ninguna manifestación contra las vacunas, ni que el mismo jugador hubiera instalado un centro de vacunación en Belgrado para que los demás tenistas pudieran inyectarse.
Lo único que importó fueron los antecedentes de Djokovic de sostener puntos de vista que el público australiano consideraba intolerables.
Un precedente que Brown considera alarmante.
Esto sienta un precedente alarmante. La Alianza de Abogados de Australia emitió un comunicado en el que afirma que la deportación de Djokovic refleja más la arbitrariedad de las leyes de inmigración que su rigidez.
Greg Barnes SC, el portavoz del grupo de abogados declaró:
“Uno de los aspectos más peligrosos del caso Djokovic es la disposición del gobierno federal para considerar que alguien es un riesgo para el orden público, simplemente por la percepción de los que podrían ser los puntos de vista de esa persona. Esto es orwelliano y es profundamente preocupante en una sociedad supuestamente comprometida con la libertad de expresión y la libertad de pensamiento”.
“Orwelliano” es correcto. Durante casi dos años, Australia ha acuñado algunas de las políticas más crueles jamás inventadas en nombre de la salud pública. Las familias han sido separadas indefinidamente a lo largo de los océanos, los expatriados han sido amenazados con prisión si se atrevían a regresar a su propio país, mientras que los 262 días de encierro de Melbourne fueron simbolizados por la escena de una mujer desamparada en el banco del parque que fue rodeada por ocho policías.
Brown concluye que en ese contexto, el que la expulsión de Djokovic sea recibida con entusiasmo por la opinión pública australiana, deja en evidencia que esa población ha terminado abrazando una nueva forma de intolerancia.
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