Dos noticias sobre la Corte Constitucional están teniendo impacto de manera simultánea en el país: por una parte las posibles chuzadas a sus magistrados, y por otra, la suspensión de las visas americanas a Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, información que la revista Semana presentó como un acto de «presión» contra la justicia colombiana.

Incluso algunos han aprovechado para especular que la cancelación de las visas fue una petición realizada por el Gobierno Duque, en una visita oficial a ese país.

Sin embargo, no parece descabellado pensar que ambos asuntos estén relacionados, las chuzadas a los magistrados y la cancelación de las visas.

Esto querría decir que, como sucedió con el cartel de la Toga, las agencias de inteligencia americanas que vienen vigilando las movidas de las FARC para explotar el pacto de La Habana en favor de su negocio del narcotráfico, se toparon con la participación de algunos magistrados en reuniones con sujetos vigilados de las FARC, como pasó con Santrich, y tendrían la evidencia de esos acuerdos.

Atención: Se confirma otra primicia de El Expediente: @USEmbassyBogota le canceló la visa a tres magistrados, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo de la @CConstitucional y Eider Patiño de la Suprema. Gracias a @RevistaSemana por seguir la pista de nuestras investigaciones; vienen más. pic.twitter.com/p76n5MnOqk

— Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) 10 de mayo de 2019

En efecto, fuentes cercanas al gobierno consultadas confirmaron que EE.UU. tendría información de que algunos magistrados se habrían reunido con el negociador de las FARC, Enrique Santiago, para discutir la forma en que serían falladas las sentencias relacionadas con la JEP, favoreciendo así a la organización criminal.

En todo caso, y más allá de si los magistrados llegaron o no a un acuerdo con las FARC para favorecerlas con sus sentencias o de si hubo o no alguna contraprestación (soborno), el solo hecho de que se hayan reunido para tratar esos asuntos daría lugar a una falta disciplinaria y a un proceso de destitución por indignidad por parte del Congreso, tal como el que se adelantó contra el Magistrado Gustavo Malo, por el Cartel de la Toga.

Si existieran tales pruebas y se dieran a conocer, sería muy importante que el Congreso adelantara con la mayor agilidad el trámite para destituirlos, pues en caso de ser suspendidos, generalmente son los mismos subalternos de los magistrados los que asumen los casos, abriendo la posibilidad de que fallen en el mismo sentido que sus jefes.

Esto abriría una gran oportunidad para la Cultura de la Vida, pues teniendo en cuenta que tanto Fajardo como Lizarazo son activistas de la agenda gay y abortista, el gobierno podría jugársela para apoyar dos votos más conservadores que respalden las modificaciones que se hagan a los acuerdos de La Habana.

Y por lo general, los juristas que son conservadores en materia de justicia y orden público, también suelen ser conservadores en materia de vida y familia.

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