Instituciones estatales presionaron a la justicia boliviana en la ciudad de Sucre para que se practique el aborto a una preadolescente de 12 años, ignorando los estudios realizados por médicos en otro municipio, según señala el diario El Deber. La medida fue llevada a cabo por médicos de un hospital en la ciudad, luego de un estudio cuyos resultados contrastaron con los de otro hospital en la localidad de Monteagudo, de donde proviene la niña.
Luego de alegar objeción de conciencia para negarse a practicar el aborto, los médicos del Hospital San Antonio de los Sauces en Monteagudo determinaron que la gestación del bebé podía continuar hasta 38 semanas y luego debía entregarse a este en adopción si fuera necesario. El 31 de marzo, Luis Ayala, director del hospital, anunció mediante Radio Erbol: «Después de realizada una evaluación de la niña, cuatro médicos manifestaron la objeción de conciencia y dados los estudios complementarios clínicos semiológicos y laboratoriales de la menor y los riesgos, se determina referir a un tercer nivel.»
La niña estaba aproximadamente en su semana 23 de embarazo y había sido violada por su abuelastro y su hermanastro, que ya se encuentran detenidos. El padrastro de su padre abusaba de la niña desde que esta tenía 9 años de edad, según indican los datos que ella brindó.
Descontentos con los estudios de la junta médica en Monteagudo, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría del Pueblo presionaron para que la justicia boliviana dicte lo contrario. De acuerdo al diario Página Siete, los padres de la niña tampoco estaban de acuerdo, por lo que la llevaron a la ciudad de Sucre para que sea atendida en el Hospital Gineco-Obstétrico ‘Jaime Sánchez Porcel’. Los médicos de este hospitalrealizaron otro estudio que recomendó el aborto para la niña.
De acuerdo al artículo 266 del Código Penal boliviano, el aborto es no punible cuando se practica para «evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios». El estudio de los médicos de Monteagudo indicaba que el aborto en este caso sí se pudo haber evitado, es decir, no era necesario; por tanto, es objetivamente punible y queda pendiente procesar a sus ejecutores.
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