Lo hace “única y exclusivamente como ciudadano” e “hijo de un General en retiro del Ejército de Colombia quien se encuentra compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), luego de haber permanecido más de 16 años preso”. El Representante plantea una cuestión crucial:
¿Es la JEP, tal y como está funcionando, el mecanismo idóneo para instaurar “una paz estable y duradera” en nuestro país?
Y a continuación expone al Procurador “algunas señales de alarma que indican que no avanzamos por el camino correcto”. Estas son, en esencia, tres:
- El impedimento para acceder a un recurso de revisión en el marco del Acto legislativo 01 de 2017, y la reticencia de la JEP para conocer las pruebas recogidas tendientes a esclarecer la masacre de Mapiripán y una operación militar.
- El desequilibrio y sesgo en el ordenamiento de las versiones y pruebas ordenadas, que se centran en los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, y que representan el 20%, mientras no se ordena ninguna investigación hacia los miembros de las Farc, que son el 80% de los casos que debe resolver dicha Jurisdicción.
- La ausencia, en el seno de la JEP, de un macro-caso que aborde los delitos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto, que responda a los llamados de las diferentes asociaciones de víctimas y de la sociedad en su conjunto.
A continuación, el trino del Representante José Uscátegui, y el facsímil de cada una de las dos páginas de su carta.
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