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Alerta Fake News: El Espectador denuncia falsos privilegios de Iglesia en casos de pederastia

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Escrito por Alexandra Serna

El diario citó a Juan Pablo Barrientos, de la W Radio, quien aseguró que un obispo, en virtud del Concordato, puede pedirle a un juez que le dé “casa cural por cárcel” a un sacerdote condenado por abuso sexual. En la nota publicada no aparece la voz de ningún representante de la Iglesia o experto en derecho canónico. Razón+Fe contrastó con fuentes autorizadas y la realidad es otra.

Este domingo 15 de diciembre El Espectador publicó la nota En busca de la verdad sobre la pederastia, informando sobre la creación de la “Comisión de la Sociedad Civil contra los Crímenes de Pederastia” que se pondría en marcha a partir de febrero de 2019. El diario precisó que esta comisión tiene como propósito llevar a la justicia cerca de 50 casos de abuso sexual a menores de edad “para que se compruebe que la pederastia en Colombia, como en otros lugares del mundo, fue sistemática y la Iglesia fue permisiva frente a estos crímenes”.

Esto corresponde a denuncias e investigaciones legítimas, que como católicos reconocemos que han sido necesarias para hacer justicia, corregir y rectificar procedimientos y actitudes de complicidad, y llevar a cabo un trabajo de limpieza y puesta en orden al interior de la Iglesia que sin la presión de los medios de comunicación difícilmente se habría iniciado.

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Pero esto también está siendo explotado como parte de una agenda ideológica, que instrumentaliza a las víctimas de estos horribles crímenes para ponerlas al servicio de intereses particulares. Publicaciones sin un contraste justo y oportuno que se convierten en ataques injustos, como de los que fue víctima el Padre Carlos Yepes en el seguimiento sistemático al tema realizado por el periodista Juan Pablo Barrientos, de la W Radio, que a pesar de tener información sesgada y tendenciosa le significó el Premio de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de “Mejor investigación en radio”, son una muestra de ese tipo de instrumentalización.

Este premio ha servido, además, para posicionar como voz autorizada en el tema a Barrientos, quien fue consultado por El Espectador, en donde se afirmó lo siguiente:

 En Colombia no es clara la legislación para proteger a las víctimas en estos casos y los perpetradores, algunas veces, son amparados por la misma Iglesia. “En Colombia, la Iglesia está protegida por el concordato y da algunos beneficios judiciales. En caso de que un cura sea condenado por abuso sexual, el obispo puede pedirle al juez que lo mande a una casa cural por cárcel y no llega a pagar la condena que una persona natural debe pagar por delitos sexuales”, aclara Juan Pablo Barrientos…

La conclusión sobre el tema de la pederastia y la Iglesia para cualquier persona que lea este artículo es clara: la impunidad en los casos de abusos sexuales se debe en gran medida a los privilegios legales de los que disfruta la Iglesia católica en Colombia, que le permiten impedir que sus sacerdotes paguen por los abusos sexuales de los que lleguen a ser culpables.

Razón+Fe consultó al abogado Hernán Olano, especializado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho Canónico, docente universitario, conferencista nacional e internacional y autor de diversos libros, entre los que se encuentra una biografía del Santo Papa Pablo VI, quien aclaró al respecto:

“El obispo no puede determinar adónde se envía al condenado, eso le corresponde al juez, así como tampoco existen ‘beneficios judiciales’ bajo el concordato debido a que esto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 1993, y por eso los sacerdotes condenados tienen que ser recluidos en cárceles comunes. Otra cosa es que el juez, en acuerdo con la Fiscalía, pueda establecer que se le otorgue al condenado el beneficio de casa por cárcel, y en este caso iría a un reclusorio exclusivo para sacerdotes con brazalete electrónico. Esto puede pasar para garantizar la seguridad y los derechos del mismo del condenado, pues en estos casos de violación se sabe que existe una especie de  ‘ley del silencio’ o de retaliación en las cárceles hacia quienes han causado ese daño hacia menores y mujeres, particularmente”.

Así que el beneficio de “casa por cárcel” no es un beneficio para sacerdotes que se desprenda del Concordato, sino que existe bajo ciertas condiciones para los condenados cuyos abogados lo soliciten, y que el juez evalúa en cada caso si procede o no.

Para no ir más lejos, la misma Iglesia fue objeto de polémica este año por haber recibido durante algunas semanas al exjefe guerrillero Jesús Santrich en la fundación Caminos de Libertad, aquejado por problemas de salud tras su huelga de hambre para no ser extraditado.

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Razón+Fe también consultó a monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá, psicólogo clínico, con más de tres años de experiencia en casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, líder de la primera Oficina para la Promoción del buen trato a menores en nuestro país (de la Arquidiócesis de Bogotá) y único colombiano que integra la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada por el Papa Francisco en 2014 para asesorar a la Santa Sede, quien nos aseguró:

Es imposible que un obispo pueda hacer tal solicitud, no tiene ninguna justificación canónica. Si tenemos en cuenta el motu proprio del Papa Francisco «Como una madre amorosa» sobre la remoción de los obispos, esa conducta haría que el prelado incurra de inmediato en un delito canónico y él mismo empezaría a ser sujeto del proceso de remoción. La Iglesia colombiana está muy atenta al problema de la pederastia e, incluso, vemos con buenos ojos la iniciativa de esta comisión que anuncia El Espectador para acompañar a las víctimas”.

Esto nos respondió El Espectador

Debido a que en la nota era evidente que el periódico solo se había interesado en consultar una cara de la historia,  Razón+Fe buscó una respuesta del diario a través de Diana Durán, editora de la sección judicial (donde fue publicado el artículo). Le preguntamos si en la elaboración de la nota buscaron la respuesta de la Iglesia que corroborara la declaración del periodista Juan Pablo Barrientos; si El Espectador tiene la política de contrastar las fuentes en casos polémicos, y si aplican el mismo rigor periodístico y los mismos estándares de calidad cuando se publican notas que afectan a la Iglesia católica.

“El artículo resume el trabajo de reportería hecho para su publicación, nos atenemos a lo publicado. Nuestra política de trabajo es contrastar siempre, y esa labor se hace de muchas formas. En el artículo en cuestión, por ejemplo, buscamos datos que reflejaran qué ha hecho la Iglesia Católica en otros casos de pederastia en el mundo y por eso mencionamos el dinero que se ha pagado en indemnizaciones. Si se considera que un vocero de la Iglesia debe tener la oportunidad de dar declaraciones para un artículo específico, se le busca con el mismo rigor que a cualquier otra fuente, no hay diferencia. Eso ya se ha hecho antes”, explicó Durán.

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No obstante, en cuanto al régimen legal que supuestamente otorga privilegios de impunidad a sacerdotes en delitos sexuales a petición de los obispos, ese esfuerzo de contraste fue claramente insuficiente y el periódico probablemente es consciente de ello. Esto explicaría que el medio se haya justificado en haber citado datos sobre indemnizaciones económicas, al tiempo que evadió responder sobre la responsabilidad de contrastar como cualquier medio de comunicación íntegro tendría, antes de publicar una afirmación tan provocadora y fácilmente verificable como la hecha por Juan Pablo Barrientos.

Si bien estamos de acuerdo con la libertad de expresión y de información, es importante recordar que estos derechos tienen unas garantías debido al servicio que prestan los medios de comunicación a la sociedad. En el momento que se abuse de esas garantías y se vulnere, precisamente, el derecho de los ciudadanos a “recibir información veraz e imparcial” (artículo 20 de la Constitución Política de Colombia), el periodismo no solo se envilece y se devalúa a sí mismo, sino que se convierte en la principal amenaza para esos derechos fundamentales y termina abriendo un camino hacia la destrucción de su cualidad más preciada: la credibilidad.

*Ilustración principal: adaptada con imagen tomada de https://as.com


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Sobre el Autor

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Alexandra Serna

Comunicadora social y periodista. Especialista en desarrollo personal y familiar.

Sus primeros pasos de periodismo los dio en Semana.com, en Bogotá; caminó con más firmeza, desarrollando el "olfato periodístico", en el periódico La Patria, de Manizales (su ciudad de origen), y regresó a la capital del país para trabajar como periodista de investigación en RCN Radio. Su siguiente paso fue saltar de los medios tradicionales a los medios alternativos de evangelización. Ha dirigido Razón+Fe (2017 - 2018).

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