Las principales críticas que hacen los detractores de la Consulta «Anticorrupción» del próximo domingo se enfocan en dos aspectos: el económico y el jurídico.
El costo de 350.000 millones de pesos, cinco veces mayor que las elecciones presidenciales, parece un derroche de dinero frente a lo que se gana a cambio: un mensaje político dirigido al Congreso y al Gobierno, cuyo destino es impredecible.
Varios juristas de izquierda, centro y derecha han destacado que varias de las preguntas consultadas son inconstitucionales (Rodrigo Uprinmy), inconvenientes (Marcela Eslava), innecesarias (Ernesto Macías), mientras que otras opiniones han observado que tiene propuestas equivocadas (Asonal Judicial), que es fetichista y manipuladora (Alfonso Gómez Méndez), insuficiente (Conferencia Episcopal Colombiana) o simplemente inútil (María Isabel Rueda).
[mks_pullquote align=»right» width=»300″ size=»20″ bg_color=»#81d742″ txt_color=»#ffffff»]»…muy pronto quedó en evidencia que más que una bien pensada estrategia para combatir la corrupción, lo que existía era una improvisada movida política, la cual gira alrededor de una bandera populista»[/mks_pullquote]Sin embargo, hay quienes a pesar de todo piensan que vale la pena respaldarlo el próximo domingo. Al fin y al cabo la derrota de la consulta no permitirá recuperar el dinero que ya se gastó en su convocatoria, y creen que más allá de las preguntas concretas, la intención es la que vale: el apoyo masivo a la consulta enviaría un mensaje positivo al mundo político sobre la necesidad de cambiar sus costumbres clientelistas y depredadoras del presupuesto público.
En realidad, el efecto más importante y cierto que tendría la Consulta en caso de tener una votación superior a los 8 millones de votos, no está relacionada con la lucha contra la corrupción, sino con el fortalecimiento político de la izquierda populista que representa Claudia López y la consolidación de sus bastiones electorales: Bogotá y el voto de los jóvenes.
Al hacerse realidad la consulta, luego de que el Congreso aprobara su convocatoria y Santos fijara la fecha de realización, los expertos comenzaron a mirar en detalle cada una de las propuestas y muy pronto quedó en evidencia que más que una bien pensada estrategia para combatir la corrupción, lo que existía era una improvisada movida política, la cual gira alrededor de una bandera populista: bajar significativamente el sueldo de los altos funcionarios del Estado, enfocándose en la aversión que la opinión pública tiene por los congresistas.
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Esa propuesta es propia de partidos de izquierda populista, como se ha visto recientemente en México, España y Argentina, y procura convocar la rabia y el resentimiento contra un grupo de personas a quienes se les asigna una culpa de clase (funcionarios mejor pagados del Estado), generando una satisfacción en las personas por “vengarse” bajándoles el sueldo, y desviando así su atención de las verdaderas soluciones a sus problemas.
Algo similar a lo que hacía Hugo Chávez con su guerra contra la “burguesía criolla”, con sus diatribas contra los empresarios de su país a quienes culpaba de explotar al pueblo, y a costa de quienes ganaba popularidad por la satisfacción que generaba en la opinión pública la nacionalización de las empresas y sus expropiaciones.
El resultado de ese tipo de políticas está a la vista de todos: violencia, pobreza y miseria. Hecho posible por un pueblo venezolano que se dejó deslumbrar por las actitudes populistas de su caudillo, y se dejó arrastrar hasta el barranco movido por emociones revanchistas antes que por decisiones bien pensadas.
Eso mismo es lo que representa la propuesta de Claudia López: la satisfacción de “castigar” el sueldo de miles de funcionarios del Estado (el Departamento de la Función Pública ya confirmó que la medida afectaría no sólo a los Congresistas, sino a funcionarios altos y medios de la Fuerza Pública, Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, Ejecutivo, alcaldes, gobernadores…), desviando la atención pública del problema de la corrupción, que en nada ayuda a solucionar.
O que acaso facilita: si los cargos altos y medios reducen significativamente su remuneración, se genera un efecto de migración de las personas más capacitadas, y posiblemente más íntegras también, hacia el sector privado, quedando en el sector público personas menos competitivas, y por supuesto las que consigan sus ingresos de formas distintas a su sueldo.
Mientras tanto, a Claudia López y las izquierdas populistas (Verdes, Polo y otros oportunistas) la consulta les dará la oportunidad para “robar prensa” los próximos meses, y quedan muy bien posicionados para que, con la marca “anti corrupción”, puedan alcanzar un buen número de alcaldías y gobernaciones en las próximas elecciones locales, desde donde podrán seguir adelante con su agenda socialista, progresista y anticristiana.
En todo caso es un tema «prudencial»: un católico puede votar en conciencia esta iniciativa, sin que comprometa su fe ni su situación moral por la posición que tome. Pero votar en cualquier sentido al final es apoyar indirectamente la causa populista de los enemigos de la Iglesia y la moral católica. Incluso si se votara negativamente, se deposita el voto en blanco o se anula, se está ayudando a lograr el umbral de validez de la consulta, y de esa manera el éxito de la misma. Por eso la única clave para derrotarla, y con ella la visión populista que amenaza nuestra democracia, es la abstención.
Esta es la respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública a Claudia López sobre los funcionarios que serían afectados por la pregunta 1 de la Consulta Ciudadana del 26 de agosto de 2018.
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