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Con la aprobación del Plebiscito viene el juicio político que profundizará la división en la Iglesia católica

Escrito por Redacción R+F

Recientemente, un grupo de sacerdotes jesuitas y redentoristas, más leales a la iglesia de Marx (la revolución comunista) que a la Iglesia de Cristo, escribió un documento sesgado que intenta recoger lo que sería el verdadero inicio de la violencia en Colombia durante el siglo pasado y hasta el presente: el rechazo del comunismo por parte de jerarcas (papas y obispos) de la Iglesia católica.

El documento que fue asumido como propio por la Escuela Pacífica de la Religión de la Universidad de Berkeley, pretende servir de insumo para la Unidad de Investigación y Acusación del Tribunal para la Paz, que juzgará las acciones relacionadas con el “conflicto”, y que llevaría a que Obispos y Cardenales acudan a la “sala de reconocimiento de la verdad” del Tribunal, para pedir perdón en nombre de la Iglesia católica, por ser uno de los principales instigadores y responsables de la violencia en el país, prácticamente empujando a los guerrilleros a alzarse en armas.

Una vez se llegare a “reconocer” dicha responsabilidad, podría exigirse a la Iglesia que asuma indemnizaciones a las víctimas del conflicto, se la humillaría y desprestigiaría públicamente, asociando aún más su imagen a la idea de violencia y odio, lo cual permitiría finalmente introducir en los textos de historia de todos los colegios del país, una condena moral que muestre como la Iglesia católica ha sido un agente histórico de violencia y opresión.

Este tipo de estrategia de revisión histórica ha tenido mucho éxito para la izquierda radical en España, donde se ha sentado unas bases para una radicalización anti cristiana de las nuevas generaciones, lo cual ha dificultado su evangelización y facilitado mucho su adoctrinamiento ideológico, al romper el vínculo con sus raíces y tradiciones cristianas, y convertir a la Iglesia en un símbolo de odio y rechazo, insumo político que la izquierda radical siempre ha sabido explotar de forma magistral.

A pesar de semejante panorama tan oscuro, algunos jerarcas católicos han manifestado cándidamente su buena voluntad para cooperar con esta estrategia de difamación, esperanzados en que “darían un buen ejemplo al país, siendo los primeros en pedir perdón”, pensando que así contribuirían a la reconciliación del país en la medida en que los demás se animaran a seguir sus pasos.

Algo que a las FARC no les ha pasado por la cabeza, ya que lo máximo que han hecho en las distintas oportunidades que han tenido, es reconocer el dolor que “pudieran haber llegado a causar” (así, hipotéticamente), “ofrecer legítimamente” perdón a las víctimas del “conflicto” (trasladando su responsabilidad), o aceptando que cometieron “errores” (no condenando su decisión de tomar las armas), lo cual deja intacto el recurso a la violencia gracias a la cual han avanzado hasta lograr en los acuerdos un plataforma para su “revolución” comunista.

Mientras la Conferencia Episcopal Colombiana trabaja en su documento de respuesta a este desafío para la memoria histórica de los colombianos, R+F acompañará sus esfuerzos con una serie de artículos orientados a vacunar a los fieles católicos frente a las imprecisiones y tergiversaciones históricas que fieles marxistas quieren promover, en este frente de “guerra” histórico, que al parecer se abrirá muy pronto en el seno de la Iglesia católica colombiana.

En esta ocasión contamos con una colaboración de Carlos Gustavo Pardo, Ph.D., Periodista y Filósofo, quien nos ayuda a entender escenario en el que se presenta este documento acusatorio contra la Iglesia:

Para entender el contexto de este juicio, debemos comenzar por comprender que en un conflicto armado tan largo y complejo como el colombiano, muy difícilmente puede encontrarse una institución influyente donde alguno de sus miembros no haya tenido algún tipo de participación, directa o indirecta, en algún tipo de actos de violencia.

En Colombia, me atrevería a decir que todas las instituciones socia­les han estado permeadas por la dinámica del conflicto y han sido, según el momento, la circuns­tancia o la región, a veces víctimas y a veces victimarios.

Esto se puede decir tanto de los partidos políticos, la fuerza pública, la insurgencia, el Estado, los grupos económicos, etc., y también, en algunos casos, de la Iglesia. Durante la guerra de Independencia (1810-1819), amplios sectores del clero apoyaron sin ambages al ejército patriota aún contra la autoridad de algunos obispos; en algunas guerras civiles del XIX, miembros de la Iglesia fueron el detonante decisivo, como sucedió en la guerra de los Supremos (1839-1842); en otras fueron perseguidos brutalmente (1862-63), y en otras articularon la defensa civil armada para evitar nuevas persecuciones o actos de hostilidad contra la identidad religiosa de la sociedad (1851; 1874). Durante el conflicto bipartidista de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que desembocó en la terrible Guerra de los Mil Días (1899-1902), la Iglesia tomó parte activa en algunas regiones del país promoviendo la defensa armada de la población católica como un recurso extremo para defender un orden constitucional que representaba a la mayoría de los ciudadanos, frente a las revoluciones de turno, a menudo hostiles a las creencias religiosas de amplios sectores de la población. Cabe agregar que esa intervención aseguró la continuidad de un régimen que, pese a sus limitaciones, brindó al país el período más pacífico en los últimos doscientos años.

 

Partidismo, diálogo y reconciliación

El siglo XX presenció en otros países de América Latina agresiones violentas y degradadas donde la población católica entró en combate en defensa de sus valores sagrados; es el caso de la guerra de los Cristeros en México, en 1927. En algunos momentos muy puntuales, radicalizaciones como esas ha sido lo único capaz de detener la violencia del sectarismo irreligioso, y de hacer valer el derecho de los pueblos a profesar pacíficamente sus creencias.

cristeroColombia vivió algo de esto a lo largo de sus guerras decimonónicas, durante las cuales se definieron los términos del bipartidismo ideológico que está en la base de las grandes confrontaciones políticas del siglo XX. En el marco de la violencia bipartidista de los años 30, 40 y 50, la Iglesia jugó papeles ambiguos que hoy están seriamente cuestionados por los propios historiadores eclesiásticos: hubo desde luego víctimas, algunos de ellos auténticos mártires, como Pedro María Ramírez, párroco de Armero asesinado el 10 de abril de 1948, pero también hubo bastantes que alentaron la confrontación y tomaron partido en la contienda de forma indebida. De esto último no cabe la menor duda, y el documento en cuestión vuelve a recordar algunos casos ya conocidos. La renovación del Concilio Vaticano II ha impulsado a la Iglesia en un intenso trabajo de autocrítica y revisión histórica que le ha permitido desmarcarse de prácticas y estilos pastorales que, comprensibles en las circunstancias mentales de tiempos pasados, ya están caducas y no pueden considerarse modelos de pensamiento o de acción para las actuales circunstancias.

Por otra parte, a partir de los años sesenta, la agudización de la guerra fría en América Latina, sumada a algunos ensayos primerizos de aplicación de las novedades conciliares, condujo a miembros del clero regular y secular, e incluso integrantes de congregaciones femeninas, a asumir compromisos con la lucha armada revolucionaria y a crear solidaridades con las guerrillas que también condujeron a actos de violencia.

Colombia no sólo no fue la excepción, sino que algunos de los eclesiásticos que tomaron estas opciones se convirtieron en verdaderos referentes continentales. Llama la atención que estos casos no aparezcan reportados en un documento que se titula genéricamente Casos de implicación de la Iglesia en la violencia en Colombia, pero olvida sistemáticamente aquellos que señalan responsabilidades de la izquierda. Curas guerrilleros como Camilo Torres o Manuel Pérez, entre otros, también tomaron parte activa en el conflicto armado y, tanto el ejemplo del primero como las acciones directas del segundo están en la raíz de muchas muertes de colombianos inocentes. Estos también son casos, y bien prominentes, de implicación de eclesiásticos en nuestros ciclos de violencia.

Foto tomada de: resumenlatinoamericano.org

Foto tomada de: resumenlatinoamericano.org

Sin embargo, no se puede enjuiciar a toda una institución, y menos de la dimensión y presencia social de la Iglesia, por los desafueros de algunos de sus miembros, sean de izquierda o de derecha. En el contexto del conflicto colombiano contemporáneo, en particular desde el final de la guerra fría, período que coincide con el régimen de la Constitución del 91, el papel de la Iglesia, liberada de las ataduras jurídicas de la Carta de 1886, como mediadora, facilitadora y voz crítica e independiente ha sido central para propiciar todo tipo de acercamientos entre facciones. Es muy claro que el rol de la jerarquía eclesiástica frente a las dinámicas del conflicto armado, ha sido siempre prioritaria y oficialmente la búsqueda de caminos de reconciliación y diálogo sobre la base de análisis muy certeros de las causas estructurales y las responsabilidades de todos los sectores en la propaga­ción de la violencia. Las nuevas dinámicas del conflicto han puesto a la Iglesia, igual que a toda la sociedad civil, en medio de enfrentamientos violentos indeseables, y, hay que reconocerlo, su papel como promotora del diálogo, su esfuerzo por visibilizar a las víctimas y sus derechos, ha logrado mucho más que ningún otro grupo social en Colombia. Si se otorgara el Nobel de la Paz por la conclusión del conflicto armado colombiano, el episcopado debería ser incluido en justicia entre los premiados, como reconocimiento por las décadas de esfuerzos continuados e incansables para promover el entendimiento entre las partes enfrentadas.

 

Iglesia, comunismo y perdón

Es justo por esta realidad, que tanto los actores del conflicto como la comunidad internacional reconocen, que llama más la atención el criterio selectivo con que el docu­mento presenta a miembros de la Iglesia como actores violentos. Se trata al final de un recuento de personajes que resultan señalados globalmente como enemigos de fuerzas progresistas o revolucionarias, y por tanto merecedores de todo tipo de censuras. La mayor parte de los casos se refieren a formas agresivas de enfrentar al liberalismo, al socialismo y al comunismo en diferentes momentos de nuestra historia. Este criterio de selección es importante porque revela bien el enfoque de los autores, que aunque legítimo, adolece en este caso de un contexto suficiente de los términos denunciados. En el caso, por ejemplo, del comunismo, éste resulta presentado hasta cierto punto como víctima de la Iglesia, a la vez que se olvida el horizonte de riesgos que, también en su faceta atea y antirreligiosa, generó para el resto del mundo la gran revolución global del marxismo político e ideológico desde inicios hasta finales del siglo XX.

Imagen de la Guerra Civil española

Imagen de la Guerra Civil española

Hoy parece que no se recuerdan claramente las proporciones de la división del mundo suscitado por la presión expansiva del comunismo, la opresión que significó para millones de personas los setenta años del régimen de la Unión Soviética, la represión religiosa en Europa del Este, la violencia desmedida contra la Iglesia durante la guerra civil española, la revolución cultural en China. Sin una ponderación de las proporciones dramáticas de todas estas coyunturas no es posible comprender adecuadamente el magisterio eclesiástico, sea pontificio o episcopal, contra el comunismo. Documentos como la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI no suponen sólo una valiente crítica al comunismo en pleno apogeo del período estalinista, sino también un análisis agudo y profundo de sus principios, que denota un conocimiento realista de sus posibilidades y sus límites. No hay que olvidar que la misma posición crítica fue asumida por la Iglesia contra todos los regímenes totalitarios que arrastraron a la humanidad a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, y especialmente a partir de entonces, la posición oficial de la Iglesia universal ha estado a favor de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales. Basta leer la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII (1963), la Constitución Gaudium et spes del Vaticano II (1965) o el Documento de Medellín del CELAM (1968) para constatarlo.

Desde luego, no se puede negar que en muchos países latinoamericanos hubo sectores de la jerarquía eclesiástica que pudieron suponer durante la guerra fría que en términos de contención anticomunista el fin justificaba los medios (por ejemplo en Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, etc.), y en algunos casos Colombia no fue la excepción. De allí la importancia de la autocrítica e incluso de eventuales peticiones de perdón, que también y en primer lugar cabría esperar del comunismo y de otras formas de izquierda revolucionara, para los cuales con mucha mayor frecuencia los medios de la violencia armada, así conlleve sufrimiento atroz y muerte de inocentes, están por principio justificados si conducen al fin de alcanzar o conservar el poder. Centrar un pacto de paz en la restitución de la dignidad de las víctimas debe exigir el reconocimiento formal de que el uso de medios violentos como el asesinato selectivo, las desapariciones forzadas, el secuestro, el terrorismo indiscriminado, el reclutamiento de menores, el narcotráfico, son errores históricos garrafales que demandan un arrepentimiento sincero, un cambio valiente de mentalidad y las garantías más confiables y exquisitas de no repetición.

 

Raíces profundas del conflicto armado

Un aspecto llamativo del documento es que no se ocupa solamente de casos del siglo XX, sino que retrotrae la acusación y el juicio crítico hasta los conflictos bipartidistas del XIX. Aquí es total la ausencia de un mínimo contexto de los hechos mencionados, con lo que a menudo el sentido de los textos seleccionados se distorsiona. Recoger frases sueltas de documentos pontificios o episcopales que fustigan con la retórica de la época las ideas o las acciones revolucionarias o gubernativas del liberalismo radical del XIX sin presentar las dramáticas situaciones a las que dichos textos respondían, tampoco ayuda a un verdadero esclarecimiento de las causas del conflicto, antes contribuye a desdibujarlas u opacarlas. ¿Por qué las críticas a los documentos del episcopado colombiano comienzan con la retórica, ciertamente implacable, del obispo Ezequiel Moreno (1896-1906), pero omiten mencionar las previas persecuciones religiosas de José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera y el Olimpo Radical, aún más implacables, que amenazaban con revivir en la gran revolución de 1899 (a la que el obispo Moreno respondía), la cual tenía el apoyo incondicional de regímenes vecinos que aplicaban las mismas políticas hostiles que habían hecho estragos en la Iglesia colombiana durante las décadas anteriores? ¿Por qué al citar, por ejemplo, el magisterio antiliberal de Pío IX, tan circunscrito a las circunstancias de su época, no se mencionan documentos relevantes para comprender el punto de vista de la Iglesia colombiana en aquellas coyunturas, como la Alocución Acerbissimum vobiscum (1852) o la Encíclica Incre­dibili Afflictamur (1863), donde aparece la denuncia de las agresiones, abusos, violencias y exabruptos del liberalismo radical en materia religiosa, frente a los cuales los católicos colombianos estaban en pleno derecho de defenderse?

José Hilario López

José Hilario López

Si quisieran encontrarse las causas remotas del conflicto armado colombiano en las guerras civiles del siglo XIX, habría que comenzar reconociendo la responsabilidad de los partidos políticos en las sucesivas alteraciones del orden público, en los miles de colombianos que desde los albores de la república han sido arrastrados a muertes innecesarias, en la ruina y la miseria que trajeron a los campos y las ciudades las veleidades, las ansias desmedidas de poder y la inveterada incapacidad de coordinar un proyecto común de nación de los grandes caudillos de la guerra.

Habría que reco­nocer que en muchas ocasiones partidos políticos vigentes hasta el día de hoy han jugado el papel de victimarios, de causantes de muy serias alteraciones del orden público, de atentar contra la paz a la primera oportunidad hasta convertirla históricamente en un bien escaso; que tienen responsabilidad gravísima por el altísimo número de vidas desperdiciadas a lo largo de todas las generaciones de nuestra historia republicana. Sería interesante elaborar un documento con los nombres de los jefes políticos de los partidos tradicionales que desde el siglo XIX hasta hoy han incitado, promovido o causado directamente actos de violencia, y sin duda la lista sería mucho más larga y sorprendente que la del documento que ahora nos ocupa.

Quizá la sanación profunda de las heridas de Colombia pida establecer con toda claridad esas responsabilidades: no hay relato oficial capaz de borrarlas de la memoria profunda del país, así reconocerlas y pedir perdón por ellas tome otros ciento cincuenta años. Así haya que mirar con ojos realmente críticos a tantos guerreros y paladines que hoy honramos con solemnes monumentos.

De forma análoga y con mayor razón, no hay historia impuesta desde el poder, ni intentos de justificación, capaces de borrar el recuerdo de las atrocidades del conflicto armado reciente, sin importar quién las haya perpetrado, o si los responsables están o no en condiciones psicológicas o de cálculo político para reconocerse como victimarios y pedir perdón por sus acciones.

La irresponsabilidad histórica de los partidos políticos con la paz y el orden público es una clave maestra para comprender el fenómeno de violencia endémica de Colombia, y es en este encuadre en el que hay que comprender el tradicional involucramiento de sectores de la Iglesia en la dinámica de los conflictos armados; pues en muchos casos (aunque no siempre) la cuestión religiosa marcó la línea de lo no negociable en la visión ideológica de los partidos, convirtiéndose de este modo en un factor de polarización social de primer orden. Este es el sentido de las alianzas de la Iglesia con el poder y de sus preferencias partidistas, que a menudo le impidieron reconocer a sus propios hijos en las filas del bando contrario. Esta línea de compromisos tradicionales arrancó desde los primeros conflictos Iglesia-Estado recién proclamada la república, definió aspectos esenciales del ideario fundacional de los partidos políticos, y se prolongó como un trasfondo cada vez más difuso del bipartidismo durante el siglo XX, hasta su quiebre definitivo con la implementación en Colombia del Concilio Vaticano II.  Con la llegada de la guerra fría, el enroque de la Iglesia con el poder establecido se fortaleció ante el temor de la amenaza global del comunismo ateo, y sólo después del Concilio le fue posible comenzar a desmarcarse de estas alianzas, ver más críticamente al establecimiento del que llegó a sentirse dependiente, y comprender las razones y las motivaciones de todos los actores del conflicto.

Esta es la perspectiva que le ha permitido cumplir las funciones que ha desempeñado en los procesos de paz iniciados y concluidos. Algunos eclesiásticos de la segunda mitad del siglo XX mencionados en el documento como actores de guerra, son hombres formados en una religiosidad nostálgica y defensiva, a quienes les resultó muy difícil o no pudieron desmarcarse de aquellos esquemas viejos y arraigados.

 

Un insumo insuficiente

Por lo general, durante las últimas décadas del conflicto, un compromiso demasiado apasionado por posturas ideológicas de derecha o de izquierda ha sido la causa de involucramientos políticos indebidos por parte de eclesiásticos, que han desembocado en acciones de violencia innecesaria. Esto toca por igual a los que asumieron compromisos subversivos como a quienes justificaron la violencia contrainsurgente, pues con demasiada frecuencia unos y otros terminaron instrumentalizados al servicio de intereses ajenos o incluso incompatibles con los valores y principios éticos esenciales de su propia Iglesia.

Sacerdotes guerrilleros: José Antonio Jiménez, Domingo Laín y Manuel Pérez.

En consecuencia, que el documento en cuestión presente su lista de casos como un “insumo para la Comisión de Es­clarecimiento de la Verdad” supone un grave sesgo, si no existen otros “insumos” complementarios, como los casos de eclesiásticos vinculados a la violencia subversiva, listas de políticos de izquierda y de derecha vinculados a acciones del conflicto interno (parapolítica, farcpolítica), empresarios financiadores del paramilitarismo, miembros de la fuerza pública responsables de falsos positivos, sin olvidar la responsabilidad decisiva de la guerrilla en la violencia del conflicto, y su extensa lista de actos atroces y degradados.

Al mismo tiempo, se echa de menos un “insumo” que visibilice a todos los hombres y mujeres de Iglesia que dieron su vida en medio de la violencia del conflicto en servicio a los más necesitados, los enfermos, los desplazados, los secuestrados, los sobrevivientes de las masacres, y todos los que han sufrido de un modo u otro la vulneración de sus derechos. La lista de estas víctimas abnegadas y valientes, verdaderos mártires algunos de ellos, es mucho mayor que la de los casos conflictivos.

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta la interpretación que el documento da de los personajes que presenta. Allí hay otro sesgo importante. Junto con eclesiásticos que bien pudieron tener responsabilidades serias en el conflicto armado desde los tiempos de la Violencia hasta los del paramilitarismo, aparecen otros que no tendrían por qué estar allí. Resulta inexplicable, por ejemplo, cómo figura el padre Rafael García-Herreros en la lista por el simple hecho de haber logrado la entrega pacífica de Pablo Escobar, y no Camilo Torres o el cura Pérez, militantes activos del ELN. Se sabe, sin embargo, que García-Herreros mantuvo correspondencia con el cura Pérez y lo invitó en varias ocasiones a que abandonara la lucha armada. El sesgo izquierdista de la selección de los casos es demasiado notorio y resulta desinformador, tendencioso y excluyente. Así, el documento no sirve de manera suficiente al esclarecimiento de la violencia, pues se reduce a un catálogo circunscrito mayoritariamente a denunciar personas y posturas de derechas; y aunque si bien denuncia en todo caso graves excesos que merecen toda la atención, se olvida inexplicablemente que entre civiles y eclesiásticos de izquierdas hay también responsables de sufrimiento y muerte de inocentes.

 

Respetar la memoria de los santos

La Iglesia tiene sus propios criterios para valorar y proponer sus figuras ejemplares, y van siempre más allá de la coyuntura política o de orden público, por importante que ésta sea. Tras un examen muy cuidadoso del contexto histórico y las circunstancias personales, puede proponer como santo a un personaje polémico o que haya tomado decisiones “políticamente incorrectas” pero reconocibles como meritorias, ejemplares o aún plenas de sentido cristiano, dado el contexto en que realizó su ministerio. Sin embargo, en la lista del documento aparecen señalados como responsables de actos violentos o intolerantes, en virtud de unas cuantas citas desmarcadas, un santo canonizado: San Ezequiel

San Ezequiel Moreno Díaz

Moreno, y varios en proceso de beatificación, como Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá, quien hizo enormes esfuerzos por abrir espacios de acogida pastoral a los liberales de su tiempo; Miguel Ángel Builes, que sintonizaba con el tradicionalismo conservador de sus diocesanos, campesinos de la montaña antioqueña; o Rafael GarcíaHerreros, que enfocó sus esfuerzos en la realización de obras sociales y de promoción humana entre las clases populares del país. Cada uno con sus propias opiniones políticas, algunas más lúcidas o acertadas que otras.

La Iglesia no canoniza por las opiniones, y reconoce el derecho de todo santo a acertar o equivocarse en la apreciación de la vida política de su tiempo. No reconocer a estas figuras en los elementos significativos y constructivos por los cuales el pueblo católico los valora, aprecia y venera, por los cuales la Iglesia los propone como modelos de vida cristiana, y en cambio acusarlos de generar violencia en alguno de nuestros conflictos armados, puede implicar un mal comienzo en la entrega de insumos para la comisión de la verdad, al no proporcionar los contextos adecuados para comprender la actuación de algunas figuras y exponer el juicio histórico a sesgos y distorsiones innecesarias. Esto podría hacerle perder credibilidad, y en consecuencia legitimidad frente a una sociedad que tiende la mano con una generosidad inmensa, pero espera y merece también ser respetada en lo que legítimamente tiene por justo, digno, santo y sagrado.

Un nuevo relato de nuestra conflictiva historia que fuera verdaderamente incluyente, debería respetar e incorporar los elementos que realmente construyen la sociedad desde sus más sólidos fundamentos culturales y espirituales. En una sociedad mayoritariamente católica, la memoria de sus santos merece ser valorada y respetada a partir de las interpretaciones más constructivas de su acción en la historia. Perseguir o desprestigiar esta memoria no convoca el mejor augurio sobre el carácter incluyente de una comisión de la verdad que busca sanar las heridas de un larguísimo conflicto armado; máxime cuando las acciones de aquéllos ni siquiera son parte sustantiva del conflicto por el cual ha sido convocada.

Ojalá no haya espacios de sectarismo dentro de la Iglesia que quieran aprovecharse del posconflicto para ganar lugar e influencia social a despecho de una comunión que reconoce en el conjunto amplio de la acción eclesial más pluralidad, diversidad, complementariedad y sabiduría que la que trae un solo matiz del espectro ideológico. No hay gran­deza sino mezquindad en esas pretensiones, al igual que no la habría entre grupos armados o en transición a la vida civil que se mostraran rápidos para usar estereotipos contra una institución que lleva décadas jugándose la vida para ayudarle a integrarse constructivamente en la vida social, pero lentos y renuentes en reconocer la ceguera terrible con que han atropellado y pisoteado la dignidad de sus compatriotas.