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Durante años ha habido claras señales de que los proveedores de eutanasia en Canadá pueden estar violando la ley y saliéndose con la suya. Esa es la conclusión de las autoridades responsables de monitorear las muertes por eutanasia para garantizar el cumplimiento en la provincia de Ontario. Informes recientemente descubiertos revelan que estas autoridades hasta ahora han contado con más de 400 aparentes violaciones, y han mantenido esta información oculta del público y no han imputado un solo cargo penal, ni siquiera contra infractores reincidentes y «flagrantes».
En Canadá, la asistencia médica para morir, o MAID por sus siglas en inglés, está regulada por la ley penal. Los profesionales deben cumplir con los criterios federales y provinciales o enfrentar largas condenas de prisión. Entre otros requisitos, deben evaluar cuidadosamente si las personas que solicitan eutanasia son elegibles, mantener todas las salvaguardas contra los abusos y reportar cada solicitud y cada muerte.
Los defensores de la eutanasia a menudo promocionan la estricta naturaleza de estas leyes como evidencia de que las salvaguardas están funcionando. “Al igual que la mayoría de los médicos que realizan este trabajo, soy muy consciente de lo que sucede… si rompo las reglas en cualquier parte”, dice Stefanie Green, ex presidenta de la principal organización de profesionales de la eutanasia de Canadá, en un podcast. “Existe responsabilidad penal acechando en la parte posterior de mi cabeza, gritando en letras de neón: 14 años en la cárcel”.
En Ontario, la responsabilidad de encender esos letreros de neón recae en la Oficina del Médico Forense Jefe. Desde 2014, el jefe de esa oficina ha sido Dirk Huyer, quien públicamente se ha jactado de que «todos los casos se reportan. Todos estos casos están bajo escrutinio. Desde el punto de vista de la supervisión, tratando de entender cuándo y cómo sucede, probablemente seamos los más robustos en Canadá».
Pero documentos privados revelan un lado diferente de la historia.
Desde 2018 hasta 2024, en presentaciones a puerta cerrada y en informes que eran nominalmente públicos pero que atrajeron poca atención, Huyer ha demostrado que su oficina ha identificado cientos de «problemas de cumplimiento» con la ley penal y las políticas regulatorias. En 2023, su oficina planteó estas preocupaciones para un cuarto de todos los proveedores de eutanasia en Ontario.
La mayor parte de la información en estos documentos, que fueron compartidos con The New Atlantis por tres médicos que tuvieron acceso a ellos con la condición de anonimato, se está haciendo pública o se informa por primera vez en este artículo.
Después de más de cuatrocientos problemas de cumplimiento identificados, que van desde salvaguardas rotas hasta pacientes que fueron sometidos a eutanasia que pueden no haber sido capaces de dar su consentimiento, la oficina de Huyer no ha alertado al público ni ha tomado medidas para procesar a los infractores. No está claro si estos cientos de «problemas» son de hecho violaciones de la ley penal, precisamente porque ninguno de ellos ha sido remitido a las fuerzas del orden para su investigación. En cambio, la oficina de Huyer ha considerado que virtualmente todos ellos requieren nada más que una «conversación informal» con el profesional o un correo electrónico «educativo» o de «aviso». Incluso en un caso flagrante, en el que se descubrió que el profesional había violado múltiples requisitos legales, y que el propio Huyer describió como «simplemente horrible», su oficina informó el caso solo a un organismo regulador en lugar de a la policía.
Se supone que la supervisión de la eutanasia debe «proteger a las personas vulnerables del abuso y el error«, según la Corte Suprema de Canadá. En cambio, está protegiendo a los proveedores de eutanasia de que su abuso y error salgan a la luz.
‘No cumplieron con estas regulaciones’
2016 a 2017: problemas de cumplimiento con las primeras 100 muertes por eutanasia de Ontario
En junio de 2017, un año después de que se legalizara la eutanasia en Canadá, Dirk Huyer y dos coautores publicaron un artículo en la revista Academic Forensic Pathology que examinó las primeras cien muertes por eutanasia en Ontario según los informes a su oficina de los proveedores de eutanasia. El documento muestra las primeras señales de advertencia de que los proveedores no estaban cumpliendo con las regulaciones penales federales para MAID.
«Las regulaciones de MAID requieren que los médicos notifiquen al farmacéutico el propósito de los medicamentos de MAID antes de que se dispensen», señala el documento. “Sin embargo, algunos médicos enumeraron que no cumplieron con estas regulaciones”. Solo el 61 por ciento lo hizo. La legislación federal en ese momento también exigía un período de espera de 10 días entre la solicitud de eutanasia y la muerte administrada para garantizar que los pacientes realmente deseaban morir, una salvaguarda que solo podía omitirse si se aprobaba al paciente y estaba a punto de perder la capacidad de dar su consentimiento o de muerte natural inminente. Sin embargo, según el documento, los proveedores de eutanasia registraron acelerar las muertes por razones que incluían no solo la pérdida de capacidad o muerte inminente, sino también «solicitudes persistentes» y «cronometraje inconveniente de la muerte en relación con otros eventos familiares de la vida».
Como demuestran los informes privados posteriores de la oficina de Huyer, este tipo de problemas de cumplimiento nunca desaparecieron.
‘Una situación flagrante’
2018: Huyer habla en un seminario web para enfermeras practicantes de Ontario
En un memorando de octubre de 2018 dirigido a todos los profesionales de la salud de Ontario, Huyer anunció que su oficina implementaría un nuevo sistema «para responder a las inquietudes que surgen sobre posibles problemas de cumplimiento». Eso se debe a que «algunas revisiones de casos han demostrado problemas de cumplimiento tanto con el Código Penal como con las expectativas de política del organismo regulador, algunos de los cuales se han repetido con el tiempo«.
En el nuevo sistema, cada problema de cumplimiento recibe un «nivel» de gravedad asignado, desde 1 como el menos grave hasta 5 como el más grave, junto con una acción que la Oficina del Forense tomará para abordarlo, desde una conversación informal (Nivel 1) hasta un informe a la policía (Nivel 5).
«Vemos un patrón de no seguir la legislación, un patrón de no seguir la regulación, y francamente no podemos seguir educando a esas personas si están repitiendo directamente cosas que hemos llamado su atención».
En sus seminarios y foros virtuales, reconocen que hay «un puñado» de casos que «no cumplen las regulaciones» u obedecen a «equívocos». Pero la cuestión no es sólo el cumplimiento de una mecánica o protocolo en la legislación, sino de la cada vez más acentuada tendencia a normalizar la eutanasia como un procedimiento «médico» y a acostumbrar a la opinión pública a ello. Las violaciones a la regulación son graves, pero más grave aún es normalizar socialmente el asesinato, acentuando la idea de que, en determinadas situaciones, es lo que procede. Eso es incorrecto.
