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La investigadora Martha Patricia Molina reveló en su más reciente informe «Nicaragua: Una Iglesia perseguida», que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido más de 16.500 procesiones y actos de piedad popular en los últimos años, evidenciando una escalada sin precedentes en la represión contra la Iglesia Católica en el país centroamericano.
El documento, publicado el 27 de agosto, detalla que el régimen ha perpetrado 1.010 ataques sistemáticos contra la institución religiosa, consolidando un patrón de hostigamiento que incluye la cancelación masiva de manifestaciones públicas de fe, tradicionalmente arraigadas en la cultura nicaragüense.
«La prohibición de procesiones religiosas constituye una violación flagrante a la libertad religiosa y de culto», señala Molina en su séptima entrega del informe, que se ha convertido en el registro más completo y actualizado sobre la persecución religiosa en Nicaragua. La investigadora ha documentado meticulosamente cada incidente, desde la prohibición de celebraciones patronales hasta el impedimento de realizar viacrucis y otras expresiones tradicionales de fe católica.
El régimen Ortega-Murillo ha intensificado su campaña contra la Iglesia Católica desde 2018, cuando la institución religiosa respaldó las protestas pacíficas contra el gobierno y ofreció refugio a manifestantes perseguidos. Desde entonces, la represión ha escalado hasta incluir el encarcelamiento de sacerdotes, la expulsión de órdenes religiosas, el cierre de medios de comunicación católicos y la confiscación de propiedades eclesiásticas.
La magnitud de las prohibiciones revela una estrategia sistemática para desarticular la presencia pública de la Iglesia Católica en Nicaragua. Las más de 16.500 procesiones vetadas representan no solo un ataque a la libertad religiosa, sino también un intento de erosionar las tradiciones culturales y espirituales profundamente arraigadas en la sociedad nicaragüense.
El informe documenta cómo estas restricciones han afectado particularmente a las comunidades rurales y urbanas que tradicionalmente organizaban procesiones durante festividades religiosas importantes como Semana Santa, fiestas patronales y celebraciones marianas. La prohibición ha generado un vacío en la vida comunitaria y ha alterado significativamente las expresiones culturales y religiosas que han sido parte integral de la identidad nicaragüense durante generaciones.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por esta situación, calificándola como una de las persecuciones religiosas más severas en el hemisferio occidental. La comunidad internacional ha condenado repetidamente estas acciones, considerándolas una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales y los acuerdos internacionales que Nicaragua ha suscrito.
La investigación de Molina también revela el impacto económico y social de estas prohibiciones en las comunidades locales, donde las celebraciones religiosas tradicionalmente han sido motores de actividad económica y cohesión social. La cancelación de estos eventos ha afectado a pequeños comerciantes, artesanos y otros sectores que dependían de estas celebraciones para su sustento.
Fuente: Dictadura de Nicaragua prohibió más de 16.500 procesiones, revela nuevo informe
