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La detención de dos monjas católicas en el estado indio de Chhattisgarh ha desatado una ola de indignación y protestas por parte de líderes religiosos y políticos, quienes denuncian que el caso está motivado por prejuicios comunales y animosidad política contra las minorías religiosas en el país.
El Consejo de Obispos Católicos de Kerala ha alzado su voz exigiendo al gobierno estatal que retire los «falsos cargos» de intento de conversión forzosa y trata de personas contra las religiosas, quienes permanecieron encarceladas durante más de una semana. Esta demanda ha encontrado un importante respaldo en K.C. Venugopal, parlamentario y líder del partido opositor Congreso Nacional, quien en una carta dirigida el 5 de agosto al ministro federal del Interior, Amit Shah, calificó la detención como «un grave abuso del poder estatal, impulsado no por la ley sino por prejuicios comunales y malicia política«.
Los hechos ocurrieron el 25 de julio cuando las hermanas Vandana Francis y Preeti Mary, miembros de las Hermanas Asisianas de María Inmaculada, junto con su acompañante Sukhuman Mandavi, fueron interceptadas por activistas hindúes en la estación ferroviaria de Durg. Las religiosas se encontraban allí para reunirse con tres jóvenes cristianas tribales adultas que habían conseguido empleo como ayudantes domésticas en sus conventos. Los activistas, sin fundamento alguno, las acusaron de intentar convertir a las mujeres y las condujeron a la estación de policía.
Las autoridades policiales, en una controvertida decisión, presentaron cargos por intento de conversión forzosa y trata de personas contra las religiosas y Mandavi, ordenando su encarcelamiento inmediato. No fue sino hasta el 2 de agosto que las monjas fueron liberadas bajo fianza, tras una intensa campaña de presión por parte de organizaciones católicas y defensores de derechos humanos.
El caso ha provocado una movilización sin precedentes de la comunidad católica india. El Consejo de Mujeres Católicas de la Diócesis de Mangaluru envió el 4 de agosto un memorando a la presidenta india Droupadi Murmu, solicitando una «investigación imparcial sobre el arresto y detención» de las religiosas, así como medidas efectivas para proteger los derechos de las minorías religiosas en el país.
La situación ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la vulnerabilidad de las minorías religiosas en India, donde los incidentes de persecución y discriminación han aumentado en los últimos años. Los obispos católicos han enfatizado que el caso «sigue siendo motivo de grave preocupación» y han instado a las autoridades a restaurar los derechos constitucionales de las religiosas.
Este incidente se suma a una serie de casos similares que evidencian la tensión existente entre las comunidades religiosas en India, donde las acusaciones de conversiones forzosas se han convertido en un instrumento de hostigamiento contra las minorías cristianas, que representan aproximadamente el 2.3% de la población del país.
La respuesta de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos será crucial para garantizar que se haga justicia en este caso y para prevenir futuros incidentes de persecución religiosa en India, un país que se precia de ser la democracia más grande del mundo.
