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Polémica reforma penal amenaza con prisión a padres y profesionales sanitarios
Una controvertida modificación del Código Penal español, impulsada por el PSOE y respaldada sorpresivamente por el PP, ha encendido las alarmas entre juristas y asociaciones familiares. La nueva legislación contempla penas de hasta dos años de cárcel para quienes practiquen o consientan las denominadas «terapias de conversión», un término que podría aplicarse de forma expansiva a diversas intervenciones médicas y decisiones parentales.
La reforma introduce el artículo 173.bis, que penaliza cualquier intento de «modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género» mediante procedimientos psicológicos, físicos o farmacológicos. Las sanciones se agravan cuando la víctima es menor de edad o si los hechos involucran violencia, engaño o ánimo de lucro, pudiendo alcanzar hasta cinco años de inhabilitación para ejercer la patria potestad o profesiones relacionadas con menores.
Una intromisión total del estado por vía judicial en contra de los derechos de los padres y los de los niños, que vulnera a las familias y su autonomía educativa y de conciencia.
Un aspecto particularmente polémico es la extensión de estas penas a padres, madres y tutores que «consientan, promuevan, favorezcan o faciliten» dichas prácticas. La abogada Paula Fraga ha calificado la medida como «gravísima«, advirtiendo que «criminaliza a profesionales de la salud que hagan su trabajo y a padres que velen por el bienestar de sus hijos». Según su análisis, la ley podría interpretar como «terapia de conversión» incluso la negativa a iniciar tratamientos hormonales en menores sin evaluación psicológica previa.
El apoyo del Partido Popular a esta iniciativa ha generado una profunda división en el espectro político conservador. A pesar de sus promesas previas de derogar la ley trans, el PP se alineó con el PSOE y los partidos nacionalistas y de izquierda, dejando a Vox como única fuerza opositora, mientras que UPN optó por la abstención. Esta decisión ha sido duramente criticada por sectores conservadores, que ven en ella una capitulación ante lo que consideran una agenda ideológica. Además del utilitarismo y conveniencia política.
La exposición de motivos de la ley argumenta que estas intervenciones ‘constituyen una forma de violencia contra el colectivo LGTBI’ y justifica el uso del Derecho Penal como último recurso para erradicar prácticas consideradas denigrantes para ‘la diversidad sexual’. Los promotores sostienen que las terapias de conversión representan una amenaza creciente, especialmente por su difusión en plataformas digitales.
Las implicaciones de esta reforma son potencialmente extensas. España se posiciona como uno de los pocos países europeos que impone penas de prisión por rechazar el modelo de «afirmación inmediata» en casos de identidad de género. Esto podría tener un efecto inhibidor en la práctica médica y académica, limitando la libertad de conciencia y el derecho de los padres a educar según sus convicciones.
Fraga ha denunciado además posibles conflictos de interés, sugiriendo conexiones entre políticos progresistas y la industria farmacéutica. Según su análisis, la legislación podría resultar en que «miles de menores mal diagnosticados serán empujados a una transición médica irreversible», mientras que aquellos que intenten prevenir tales situaciones «se enfrentarán a la cárcel».
Fuente: El PP se suma al PSOE para castigar con cárcel a padres y médicos que ayuden a homosexuales
