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El Ministerio de Igualdad de Colombia enfrenta críticas por impulsar un diálogo con empresarios y organizaciones vinculadas a la industria del sexo, en medio del debate sobre la regulación de las actividades sexuales pagadas en el país.
La reunión generó polémica entre grupos defensores de los derechos de las mujeres sobrevivientes a la explotación sexual, que reclaman falta de atención a sus demandas. «Llevamos tiempo intentando que el Ministerio escuche a las mujeres sobrevivientes. No es solo hablar con empresarios, hay otras voces necesarias«, declaró Sara Jaramillo, de la Fundación Empodérame.
Charlotte Schneider, directora de la dependencia para mujeres en actividades sexuales pagadas, explicó que la prioridad es proteger sus derechos, ofrecer alternativas seguras a quienes desean abandonar la profesión y evitar que caigan en redes de trata.
Uno de los puntos controversiales es la postura ante la creación de una entidad para regular dichas actividades. Algunos grupos lo interpretan como una forma de legitimar la prostitución, pero Schneider enfatizó que la iniciativa busca garantizar un entorno más seguro y oportunidades de reinserción, no validar la explotación sexual.
No existen cifras concretas sobre el número de mujeres que ejercen voluntariamente la prostitución en Colombia. Un estudio de caracterización en curso pretende aclarar el contexto actual para definir políticas públicas informadas que respeten los derechos de todas las personas en esta actividad.
El debate incluye posturas a favor y en contra de legalizar el trabajo sexual. Quienes lo defienden argumentan que la regulación permitiría garantizar derechos laborales y protección a quienes lo ejercen voluntariamente. Los críticos sostienen que podría normalizar una actividad que perpetúa desigualdad y explotación, y que muchas personas se ven forzadas por falta de alternativas.
N. de R. Hasta donde tenemos conocimiento, hace algunas décadas se “legalizó” en Colombia el ejercicio de la prostitución, y se reglamentó la actividad, que entonces dio acceso a servicios de salud a las personas –entiéndase mujeres– que la ejercen. La prestación de los servicios preventivos de salud, como exigencia de certificados de no ser portadora de alguna ETS, se ha extendido en la práctica a los homosexuales que también ejercen dicha actividad. Fue en la década de los 80 del siglo XX. Y se hizo precisamente con miras a regular el desorden entonces imperante y a establecer criterios para el ejercicio de la actividad, como delimitar las zonas y horarios, que ya superaban con creces las anticuadas “zonas de tolerancia”. Llevar ahora la discusión a la categoría de «empresarios del sexo», obviamente genera polémica, pues se pasa de tolerar y regular una actividad desde una perspectiva de orden y de salud públicos, a la legitimación y formalización como «actividad empresarial».
La polémica es inevitable debido a las graves consecuencias e implicaciones que la iniciativa acarrearía: de proteger a personas en estado de vulnerabilidad y riesgo, se pasaría tanto a la legitimación y formalización de la prostitución como «actividad empresarial», a la facilitación de la explotación sexual y de la trata de personas, así como del abuso sexual, el abuso sexual infantil o el incremento del «turismo sexual», amén de la eclosión digital y la pornografía.
Cabe recordar que hace poco tiempo hubo un sonado caso de asesinato de un empresario en el sector de la 93 en Bogotá, precisamente por cuestiones asociadas a dinero e inversión en un «proyecto empresarial» relacionado con actividades sexuales.
