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El expresidente Donald Trump confirmó el 25 de marzo que su administración investigará a fondo las acusaciones contra Planned Parenthood sobre el presunto tráfico ilegal de tejidos y órganos procedentes de fetos abortados. “Vamos a investigarlo, vamos a investigar todo”, respondió Trump ante la pregunta directa sobre si examinaría estas graves denuncias en caso de que la organización pierda sus fondos federales.
Las acusaciones se remontan a 2015, cuando el Centro para el Progreso Médico (CMP), cofundado por Troy Newman y financiado por Operation Rescue, publicó una serie de videos encubiertos que documentaban la aparente participación de Planned Parenthood en actividades ilegales relacionadas con la venta de tejidos fetales. A pesar de que dos investigaciones del Congreso derivaron en remisiones criminales al Departamento de Justicia, la organización evitó cargos federales cuando el FBI se negó a investigar y el DOJ declinó procesar el caso.
“En lugar de ir a prisión, Planned Parenthood manipuló el sistema para encubrir sus crímenes y utilizó su poder político para castigar a quienes nos atrevimos a exponer la naturaleza atroz de lo que realmente sucede tras las puertas cerradas del Cártel del Aborto en América”, declaró Troy Newman, presidente de Operation Rescue.
Newman señala que la influencia política de Planned Parenthood está disminuyendo notablemente:
“Sus clínicas están fracasando rápidamente, incluso en estados radicalmente abortistas. Sus propios empleados están denunciando las terribles condiciones laborales y el uso indebido masivo de donaciones. Planned Parenthood no puede manipular a la administración Trump. Sus oscuras acciones están saliendo a la luz”.
Coincidiendo con el anuncio de Trump, importantes medios como The Wall Street Journal y Forbes informaron sobre una posible congelación de fondos que impediría que Planned Parenthood reciba aproximadamente 20 millones de dólares destinados a sus filiales en una docena de estados. Esta revisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos busca determinar si estos fondos se están utilizando adecuadamente en iniciativas DIE (de “diversidad, equidad e inclusión”).
“Aunque 20 millones parecen una gota en el océano comparados con los casi 700 millones de dólares en dinero de los contribuyentes que Planned Parenthood recibió en 2024”, comentó Newman, “esto sería un excelente primer paso para desfinanciar al mayor negocio de eliminación de niños en América”.
“Planned Parenthood no es más que una organización criminal disfrazada de proveedor de servicios de salud”, agregó Newman.
“Esperamos con interés una investigación exhaustiva del escándalo de partes corporales de bebés que descubrimos hace una década. Es hora de procesar a Planned Parenthood y de poner fin al flujo constante de dólares de los contribuyentes estadounidenses hacia sus arcas manchadas de sangre. Trump ciertamente parece ser el hombre para el trabajo”.
La posición de la Iglesia Católica sobre el aborto y el uso de tejidos fetales es clara e invariable: condena enérgicamente estas prácticas por considerarlas una violación grave de la dignidad humana y del derecho fundamental a la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y considera que la instrumentalización de tejidos fetales, independientemente de su finalidad, constituye una grave falta moral.