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Un reciente estudio de la Universidad de Texas en Austin sobre Aid Access, un servicio de telemedicina que envía mifepristona y misoprostol a mujeres en los 50 estados, ha generado preocupación en la comunidad médica. Aunque los investigadores presentan este servicio como una solución para mujeres de bajos ingresos, la realidad revela un sistema que traslada los riesgos a las pacientes y protege a los proveedores de cualquier responsabilidad legal.
Después de la revocación de Roe v. Wade en 2022, Aid Access experimentó un aumento significativo en la demanda de sus servicios, especialmente en estados con fuertes protecciones provida. Los datos muestran que los abortos por telemedicina se duplicaron en estas jurisdicciones, evidenciando cómo los proveedores eluden las leyes mediante el envío postal de fármacos abortivos.
El caso documentado de «Jane Doe» en Texas ilustra los peligros de esta práctica. En su demanda contra una filial de Planned Parenthood (Doe v. Planned Parenthood Gulf Coast), la mujer relata cómo, sin haber recibido un ultrasonido ni confirmación de la edad gestacional, se vio forzada a dar a luz sola en el baño de su casa. El bebé, un varón, mostró signos vitales antes de fallecer en sus brazos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reconoce que hasta un 4.6% de las mujeres que toman mifepristona terminan en la sala de emergencias. Estudios revisados por pares han documentado un incremento del 500% en las visitas a urgencias tras abortos químicos en poco más de una década. A pesar de estos datos alarmantes, organizaciones como Aid Access continúan distribuyendo las píldoras.
Las denominadas «leyes escudo» en estados como California, Nueva York y Massachusetts protegen a los proveedores externos de posibles procesos judiciales, incluso cuando envían fármacos a estados con legislación provida. Estas normativas no protegen a las mujeres, sino a quienes lucran con el aborto a través de las fronteras estatales, quedando legalmente intocables, aunque sus pacientes sufran hemorragias o infecciones.
Raimundo Rojas, Director de Extensión del Comité Nacional por el Derecho a la Vida (NRLC), enfatiza que esta práctica no representa acceso a la salud sino abandono médico.
«Es una decisión calculada para dirigirse a mujeres de bajos ingresos, no con apoyo, sino con una píldora y una promesa, sin responsabilidad cuando algo sale mal«, señala el experto.
Los riesgos documentados incluyen hemorragias, abortos incompletos y sepsis, aunque la industria abortista continúa promoviendo estos fármacos como si fueran tan seguros como el paracetamol. La ausencia de exámenes físicos, ultrasonidos y seguimiento médico adecuado pone en peligro la vida de las mujeres que recurren a este “servicio”.
La Iglesia mantiene una postura clara contra cualquier forma de aborto, considerándolo un atentado directo contra la vida humana desde su concepción. El Catecismo de la Iglesia Católica (2270-2275) establece que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y considera el aborto como un mal moral grave, independientemente del método utilizado para realizarlo.
Fuente: Abortion Pill Sellers Abandon Women to Deliver Fully Formed Babies Into Toilets
