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Una mujer canadiense ha llevado su caso ante la Corte Suprema de Columbia Británica después de ser multada con $10.000 por expresar de manera privada sus preocupaciones a una amiga que consideraba someterse a una cirugía de ‘transición de género’. El caso ha suscitado un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la discriminación.
Según un comunicado de prensa del 2 de abril, el Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF) está trabajando para revocar una decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica que multó a Kirstin Olsen por manifestar inquietudes sobre la transición de género de su amiga en una conversación privada.
“Es muy preocupante ver a un tribunal gubernamental vigilando las comunicaciones privadas entre amigos e imponiendo una multa de $10.000, sin tener en cuenta que la Carta de Canadá garantiza la libertad de expresión”, declaró Marty Moore, abogado del JCCF. “Un comentario de preocupación por un amigo es muy diferente a desalojar a alguien de su hogar por motivos de raza, religión, sexo u otra característica personal protegida”, agregó.
La controversia se remonta a 2017, cuando Terry Wiebe, amiga e inquilina de Olsen, le informó que había comenzado a tomar hormonas de cross-sex y estaba considerando someterse a una mastectomía. En ese momento, Wiebe vivía en su casa móvil estacionada en la propiedad de Olsen.
Cuando Wiebe preguntó si esta decisión afectaría su arrendamiento, Olsen evitó responder directamente, pero compartió su preocupación basada en la experiencia de su propia madre con el cáncer de mama, una mastectomía y las posibles complicaciones derivadas de tal cirugía.
La relación entre ambas se mantuvo cordial durante un tiempo, hasta el punto de que Olsen pagó el viaje de regreso de Wiebe a Columbia Británica después de una hospitalización aparentemente relacionada con complicaciones por el uso de hormonas de cross-sex.
En 2018, Olsen solicitó a Wiebe que abandonara su propiedad después de que esta última tuviera disputas con otras personas en el lugar. Olsen ha mantenido que esta decisión no tuvo relación alguna con las decisiones de identidad de género de Wiebe.
Sin embargo, el tribunal determinó que la “discriminación” de Olsen resultó en que Wiebe decidiera no tomar testosterona mientras vivía en el edificio, aunque la propia Wiebe había informado a su amiga y a otro inquilino que había suspendido el tratamiento debido a complicaciones médicas.
El tribunal incluso reconoció en sus documentos que Wiebe les había comunicado que “planeaba detener el tratamiento hormonal porque no le gustaba el vello facial que le hacía crecer, y ya no planeaba cambiar su género”. A pesar de esto, en enero, el tribunal ordenó a Olsen pagar $10.000 como “compensación por daños a la dignidad, sentimientos y amor propio de Wiebe”.
Pete Bakinski, de Campaign Life Coalition, reaccionó al incidente en la red social X, expresando:
“Afortunadamente, el Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales está interviniendo para apelar la decisión”. Y agregó: “¿Qué está pasando en Canadá? Esto es como operan los tribunales canguro. No es de extrañar que nuestros tribunales estén perdiendo respeto”.
Este caso ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la libertad de expresión en conversaciones privadas, especialmente en el contexto de las relaciones personales y las decisiones médicas. La apelación ante la Corte Suprema de Columbia Británica podría establecer un precedente importante sobre los límites de la intervención estatal en comunicaciones privadas entre ciudadanos.
Fuente: Canadian fined $10K for warning friend about ‘gender’ transition appeals to B.C. Supreme Court
