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Un estudio realizado entre una extensa lista de pacientes, lo que significa una mayor base empírica de muestreo y contrastación de datos, publicado en el Journal of Sexual Medicine ha revelado que las personas sometidas a cirugías de reasignación de género enfrentan mayores riesgos de depresión, ansiedad, ideas suicidas y trastornos por uso de sustancias, en comparación con quienes no se someten a estas intervenciones.
La investigación, liderada por Joshua E. Lewis y su equipo en Texas, analizó una base de datos nacional con información de 107,583 pacientes. Los resultados son contundentes: los hombres que se sometieron a estas cirugías mostraron una prevalencia significativamente mayor de depresión (25.4% frente a 11.5%) y ansiedad (12.8% frente a 2.6%). En el caso de las mujeres, también se observaron tasas elevadas de depresión (22.9% frente a 14.6%) y ansiedad (10.5% frente a 7.1%).
Particularmente preocupante resulta el caso de los hombres que se sometieron a cirugías «feminizantes», quienes presentaron un riesgo especialmente alto de depresión y trastornos por uso de sustancias. A pesar de estos hallazgos alarmantes, los investigadores mantienen tozudamente una postura favorable hacia estos procedimientos, argumentando –sin base científica, sino desde una perspectiva ideológica– que son «beneficiosos para afirmar la identidad de género» y recomendando apoyo continuo en salud mental post-quirúrgico.
Colin Wright, CEO de Reality’s Last Stand, señaló en la red social X: «Un nuevo estudio analizó los resultados de salud mental en pacientes con disforia de género (sin otros diagnósticos previos de salud mental) que recibieron y no recibieron ‘cirugía de afirmación de género’. Quienes recibieron la cirugía tuvieron un riesgo elevado de trastornos de salud mental«.
La controversia se intensifica con la participación de Rachel Levine, funcionaria de la administración Biden-Harris, quien ha promovido activamente estos procedimientos, incluso para menores de edad, describiéndolos como «atención de salud mental» y «cuidado de prevención del suicidio». Documentos judiciales revelaron que Levine presionó a la Asociación Mundial Profesional para la Salud Transgénero (WPATH) para eliminar las recomendaciones de edad mínima en sus directrices sobre hormonas y cirugías.
El debate se complica aún más con el caso de la doctora Johanna Olson-Kennedy, quien recibió $9.7 millones en fondos federales para investigar la efectividad de los bloqueadores de pubertad. Según el New York Times, Olson-Kennedy retuvo resultados negativos de su estudio, temiendo que pudieran ser «utilizados como arma» en demandas legales. Posteriormente, una ex paciente que ahora es «destransicionadora» presentó una demanda contra ella por presuntamente alentarla, cuando tenía solo 12 años, a someterse a tratamientos hormonales y una mastectomía doble.
Una reciente encuesta del Pew Research Center muestra que el 56% de los adultos estadounidenses apoyan leyes que prohíben intervenciones médicas de transición de género en menores, reflejando una creciente preocupación pública sobre estas prácticas.
La posición de la Iglesia Católica sobre la transición de género es clara y consistente. El Vaticano, a través de diversos documentos, ha expresado que la identidad sexual está determinada biológicamente y que las intervenciones médicas para alterar el género van en contra del orden natural creado por Dios. La Iglesia enfatiza la importancia de acompañar pastoralmente a las personas que experimentan disforia de género, mientras mantiene que las soluciones deben buscarse respetando la integridad de la Persona y del cuerpo humano y el plan divino.
Fuente: Large study finds ‘gender-affirming’ surgery linked to higher risk of serious mental health issues
