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El impacto de las políticas laborales del gobierno español ha provocado una dramática disminución en el sector del empleo doméstico, llevando las cifras de afiliación a niveles no vistos en 14 años. Según los últimos datos de la Seguridad Social, el número de trabajadoras del hogar afiliadas se ha reducido a 346.377 personas, una cifra que representa una caída de más de 71.000 empleos desde junio de 2018.
Este descenso significativo del 17.2% en la afiliación coincide con el incremento sustancial del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha experimentado un aumento del 55% desde 2018, pasando de 735,9 euros a 1.134 euros en 14 pagas. Para los empleadores, el coste real de contratar servicio doméstico se ha elevado hasta los 1.850-1.920 euros mensuales, incluyendo cotizaciones sociales y otros conceptos.
La situación es particularmente preocupante considerando que España presenta una de las mayores cargas fiscales al empleo entre los países de la OCDE, según confirma su informe anual Taxing Wages. A diferencia de países como Alemania o Francia, que ofrecen significativas desgravaciones fiscales y bonificaciones para el servicio doméstico, España mantiene un sistema de ayudas limitado que no compensa el incremento de costes.
El impacto de estas políticas no se limita al sector doméstico. El empleo agrícola, otro ámbito sensible a las variaciones del coste laboral mínimo, ha experimentado una contracción similar, perdiendo 66.221 afiliados desde 2018, lo que representa una caída del 8.8%. En conjunto, ambos sectores han perdido más de 136.900 empleos en siete años.
La organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) ha señalado que la falta de incentivos fiscales y medidas de transición para las familias empleadoras está obstaculizando la formalización del sector promovida por el Ministerio de Trabajo. Como consecuencia, muchas familias que antes podían permitirse contratar apoyo para el cuidado de mayores, menores o dependientes, ahora se ven forzadas a reducir las horas de servicio, realizar despidos o recurrir a soluciones informales.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sugieren la existencia de una significativa economía sumergida en el sector, con más de 100.000 trabajadoras no registradas en la Seguridad Social. Esta brecha entre las cifras oficiales y la realidad del mercado laboral podría haberse ampliado durante el actual gobierno.
Además, el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha implementado cambios en la clasificación de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, contabilizándolos como ocupados incluso cuando sus contratos no están activos. Este ajuste estadístico ha permitido presentar una aparente reducción del desempleo, aunque cerca del 90% de la disminución reportada desde 2019 se atribuye a estos cambios metodológicos.
La situación actual del empleo doméstico refleja una paradoja: mientras la población envejece y aumenta el número de hogares que requieren estos servicios, las políticas laborales están generando un efecto contrario al deseado, reduciendo el empleo formal en un sector esencial para el bienestar social y la conciliación familiar.
