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En un significativo discurso dirigido a los parlamentarios durante el Jubileo de los poderes públicos, el Papa León XIV ha reafirmado la importancia fundamental de la ley natural como guía universal para la toma de decisiones políticas y legislativas. El Pontífice enfatizó que, en lugar de excluir a priori la trascendencia de los procesos decisorios, resulta imperativo buscar elementos unificadores, encontrando en la ley natural una referencia indispensable.
«La ley natural, universalmente válida más allá de otras convicciones de carácter más discutible, constituye la brújula que permite orientarse para legislar y actuar, particularmente en cuestiones éticas delicadas que hoy se plantean de manera mucho más convincente que en el pasado, tocando el ámbito de la intimidad personal», expresó el Santo Padre en su alocución.
Esta perspectiva encuentra sus raíces en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, quien estableció una jerarquía clara entre la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Según el Doctor Angélico, la ley eterna se define como «la razón de la sabiduría divina que conduce todas las cosas a su fin propio». Este concepto fundamental se relaciona íntimamente con la noción aristotélica de que «la naturaleza es un fin en sí misma».
La naturaleza humana, explicada desde esta perspectiva, se manifiesta como un conjunto de inclinaciones orientadas hacia la vida, la salud, la propiedad, el conocimiento, la socialidad y Dios. Estas tendencias naturales, intrínsecas al ser humano, son descubiertas por el intelecto y reconocidas como bienes fundamentales que deben ser protegidos y promovidos.
En el contexto de la gobernanza, la misión principal del gobernante se define como la protección y el incremento del bien común. Este concepto, según el Concilio Vaticano II en Gaudium et spes, comprende el conjunto de condiciones que permiten a individuos y comunidades vivir según la ley natural, es decir, virtuosamente.
La subordinación del derecho positivo a la ley natural implica que el legislador debe utilizar esta última como paradigma operacional, traduciendo sus principios generales en normas concretas orientadas al bien común. Esta relación de dependencia no excluye la necesidad del derecho positivo, sino que establece un marco de referencia fundamental para su desarrollo.
El mensaje papal hace especial énfasis en la «esfera de la intimidad personal», advirtiendo que las decisiones privadas de los ciudadanos no pueden escapar al escrutinio legislativo cuando afectan al bien común. El principio de protección de la vida privada, consagrado en el artículo 10 de la Convención de Oviedo, no debe interpretarse como una carta blanca para legitimar prácticas contrarias a la ley natural.
Esta postura representa un claro distanciamiento del relativismo moral que se ha infiltrado en algunos círculos eclesiásticos, como lo demuestra el caso Marine Rosset, sobre el cual aún se espera la respuesta de Monseñor Bozo. El llamado del Papa constituye un recordatorio firme de que incluso las decisiones tomadas en la esfera privada deben someterse a los principios del bien común y la ley natural.
La intervención pontificia subraya la necesidad de que el Estado mantenga su rol regulador en áreas fundamentales como la protección de la vida, la propiedad y la libertad personal, así como en la imposición de obligaciones ciudadanas como el pago de impuestos y la educación de los hijos, elementos esenciales para la preservación del bien común y el cumplimiento de la ley natural. Pero no una omnipresencia que subyugue ni que acabe imponiendo una moral de Estado.
Fuente: Le retour de la loi naturelle dans les discours pontificaux – Riposte-catholique
