Elemento fundamental de toda sociedad es la existencia de una verdadera Justicia.
Desde los albores de la humanidad, fue ésta una de las primeras necesidades que las primitivas poblaciones se preocuparon por atender. En las primeras ciudades, la injusticia era considerada una afrenta a los dioses (Saggs, Before Greece and Rome, p.156). Se han encontrado códigos promulgados desde el año 2100 A.C., aunque posteriormente apareciera el código legislativo de Hammurabi, rey babilónico (1792-1750 A. C.), que contiene normas penales, mercantiles, de familia, laborales, entre otras.
Ello nos indica a las claras que el hombre, al agruparse en núcleos urbanos, buscó, además de la seguridad, un sistema eficaz que resolviera los problemas que la convivencia en sociedad generaba.
A medida que la corrupción y el predominio de las pasiones sobre la razón hicieron nugatoria la acción de la Justicia, vino el ocaso y la desaparición de pueblos, naciones, civilizaciones enteras.
En nuestro medio, comenzó la degradación del sistema judicial merced a múltiples factores:
a) El continuado adoctrinamiento marxista en las cátedras universitarias, practicado durante cinco décadas, se ha trasplantado a la rama judicial, brindando la más absoluta impunidad a quienes propugnan por el predominio de tales ideas, como lo registran casi diariamente las noticias;
b) Desde la Constitución de 1991 se ha venido implantando un desborde ilimitado en el poder y alcance de la acción de tutela, así como la asunción por parte de la Corte Constitucional de la función de interpretar a su antojo el espíritu de la Constitución, pasando de su función constitucional de guardar la norma constitucional a la de invadir la órbita de las ramas legislativa y ejecutiva. Es lo que se conoce como “la dictadura judicial”;
c) El origen politizado en el nombramiento de los magistrados, las funciones políticas asignadas a la Rama Judicial, la falta de independencia en quienes investigan y juzgan a los magistrados, y la ausencia de control y supervisión sobre el cumplimiento de sus funciones han acelerado el desmoronamiento de la administración de Justicia; y,
d) El humillante acuerdo de La Habana introdujo el factor desestabilizador de la Justicia Especial de Paz, que desquicia todo el aparato judicial y desconoce universales principios jurídicos.
Irresponsablemente, nuestra clase dirigente ha ignorado el problema. Cuando se habla de reforma a la Justicia se ha conformado con aumentarle el presupuesto de gastos, lo cual ha demostrado ser totalmente inocuo, o con pactar reformas con las Cortes, las que, por supuesto, dejan a salvo los privilegios de éstas.
Se impone, pues, un revolcón en nuestra Justicia. Obviamente no lo darán quienes están interesados en la permanencia de los males que la aquejan. Tampoco es posible apelar a fórmulas condenadas de antemano al fracaso por no contar con apoyo legislativo y del Gobierno y tener asegurada la oposición de la Corte Constitucional.
No nos queda otra solución que la que siempre hemos propuesto: Convirtamos las elecciones al Congreso en un verdadero plebiscito y elijamos personas comprometidas con la reconstrucción del país. Las mayorías silenciosas, honestas y trabajadoras de este país, estamos llamadas a salvarlo de nuevo mediante un movimiento suprapartidista, por encima de caudillos, de grupos, de partidos. Tienes la palabra, amigo lector.
Luis Alfonso García Carmona, Presidente de Alianza Reconstrucción Colombia.
- Artículo originalmente publicado en el sitio web de Alianza Reconstrucción Colombia.
- Imagen tomada de https://es.la-croix.com/images/1000/en-que-consiste-la-justicia-de-dios.jpg
