Políticos aliados de Gustavo Petro y del Comité Promotor del Paro del 28 de abril, están presionando fuertemente al Gobierno Duque para que dé su «anuencia» a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización activista de izquierda que se escuda en su estatus de tribunal interamericano de derechos humanos para promover su agenda política.
La actuación de la Comisión Interamericana en caso Petro, calificada por abogados internacionalistas de «indignante» y deslegitimadora del mecanismo regional de Derechos Humanos, dejó en evidencia un sesgo político de izquierda al violar su propio marco legal y el del Estado colombiano, para restituir en su cargo al alcalde «progresista», destituido en el marco de una investigación por extralimitaciones y daños causados a la ciudad, que terminó debilitando gravemente el mecanismo más efectivo contra la corrupción: las sanciones disciplinarias de la Procuraduría.
Ese sesgo ya se había evidenciado por las condenas contra el Estado a favor de falsas víctimas de la Masacre de Mapiripán, las órdenes dadas a estados latinoamericanos a favor de organizaciones abortistas y homosexualistas, mientras que se abstiene de contestar solicitudes de una víctima de montajes de izquierda, como sucedió con la petición del General Uscátegui, quien pasó más de una década esperando una respuesta, hasta que una decisión de la JEP hizo que no fuera necesario su pronunciamiento.
«Según la Fiscalía, de las 49 víctimas reconocidas por las autoridades, al menos 13 mintieron. Los condenados se hicieron pasar como víctimas, reclamando derechos económicos contra el Estado colombiano por un valor cercano a los 3.343 millones de pesos.»
– Ámbito Jurídico
Comisión Interamericana PROTEGE los cierres viales y comerciales como parte de las manifestaciones
Una de las situaciones más devastadoras del actual «Paro Nacional» ha sido generada por los bloqueos viales, que están afectando gravemente el comercio, el funcionamiento de las empresas, el abastecimiento alimentario, los servicios médicos y otros servicios de básicos para la subsistencia de la sociedad.
Sin embargo, este tipo de situaciones son amparadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de su relator para la «Libertad de Expresión» ha dicho que son parte fundamental de la estructura democrática:
«…el derecho de la protesta es uno de los más importantes fundamentos de la estructura democrática. Es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica».
Y además CONDENA que se persiga a los generadores de los bloqueos una vez que se dispersen:
«La CIDH considera que la persecución indiscriminada a los manifestantes con posterioridad a la dispersión de una protesta contribuye a elevar los niveles de tensión y no encuentra justificación en los criterios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza».
Finalmente, EXIGE impunidad para los manifestantes que bloqueen las vías:
«…los operadores de justicia tienen el deber de abstenerse de aplicar tipos penales que protegen de modo ambiguo el orden público, como…“obstrucción de las vías de circulación” y otros tipos penales que tienden a ser aplicados de forma arbitraria por las autoridades para criminalizar a las y los participantes de protestas»
En el caso de Colombia, la actual directora ejecutiva de la Comisión ya se ha pronunciado en contra de la decisión de desbloquear las vías:
Así como a favor de la violencia en las calles:
Sin embargo, a la Comisión no le basta con amparar las manifestaciones violentas desde Washington, y pretende viajar a Colombia para darle un poderoso impulso a la violencia callejera, al tiempo que obstaculiza aún más la actuación de las autoridades:
Invitamos a todos nuestros lectores a hacer tendencia #DuqueNoAvaleCIDH con el fin de evitar la visita de esta organización activista de izquierda.
