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Bruselas exhibe un notable doble rasero en su aproximación a los escándalos de corrupción que sacuden al partido gobernante español, al declarar estos casos como «asuntos nacionales» que no ameritan intervención directa de las instituciones europeas.
El Comisario Europeo de Justicia, Michael McGrath, manifestó el martes 1 de julio que la investigación de casos como el denominado «caso Koldo» –que ha llevado a prisión sin fianza al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán– corresponde exclusivamente a las autoridades españolas.
Durante una entrevista concedida a European Newsroom (ENR), McGrath evitó pronunciarse sobre las acusaciones específicas que rodean los escándalos en España, reiterando que «la responsabilidad principal de investigar casos de corrupción recae en el país concernido». El Comisario indicó que la Comisión se limitará a evaluar «la solidez de los regímenes anticorrupción» en su próximo informe sobre el Estado de Derecho, previsto para la semana entrante.
Esta postura contrasta dramáticamente con el tratamiento dispensado a gobiernos como el de Hungría o, anteriormente, Polonia, que han enfrentado severas sanciones, procedimientos legales y amenazas de suspensión de fondos europeos bajo el argumento de defender el Estado de Derecho. La disparidad resulta evidente: cuando el gobierno en cuestión es conservador, Bruselas despliega todo su poder institucional; cuando el escándalo involucra a un gobierno socialdemócrata, simplemente desvía la mirada y apela a la soberanía nacional.
McGrath argumentó que lo verdaderamente importante es que «cada país de la UE cuente con las estructuras apropiadas para abordar la corrupción y demuestre no solo la capacidad, sino también la voluntad de hacerlo». Sin embargo, en el caso español surgen serias dudas sobre la existencia de una voluntad política real para investigar a fondo, especialmente cuando los implicados están tan cercanos al núcleo del poder en el gobierno del presidente Pedro Sánchez, un aliado leal de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Resulta particularmente llamativo que mientras se exigen reformas estructurales y se bloquean fondos a países como Hungría debido a medidas legales o decisiones políticas internas -como la reciente controversia en torno a la marcha del Orgullo en Budapest-, la Unión Europea evita cualquier confrontación directa con un gobierno de izquierda envuelto en una serie de escándalos que afectan directamente la gestión de contratos públicos durante la pandemia.
En relación con Hungría, McGrath reconoció que la Comisión opera dentro de los límites de los tratados actuales y admitió que retirar los derechos de voto de Hungría en el Consejo permanece como una posibilidad remota, debido a la necesidad de apoyo unánime entre los Estados miembros. No obstante, anunció que Bruselas propondrá, en el próximo presupuesto plurianual (2028-2034), una revisión del mecanismo que vincula el respeto al Estado de Derecho con el desembolso de fondos europeos, con el objetivo de responder más ágilmente a las «violaciones» en esta área. ¿Una amenaza velada?
Esta disparidad en el tratamiento de casos similares por parte de las instituciones europeas plantea muy serios interrogantes sobre la imparcialidad y coherencia en la aplicación de los principios fundamentales de la Unión Europea, especialmente en lo referente a la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.
Fuente: EU Double Standards? Brussels Deems Spain’s Corruption Scandal a “National Matter”
