Con 83 votos la exministra de Justicia y exprocuradora de Alejandro Ordóñez, Margarita Cabello, fue elegida este jueves como nueva Procuradora General de la Nación.
La elección es especialmente satisfactoria para el gobierno y el uribismo, si se tiene en cuenta que pone fin al dominio del santismo sobre el Ministerio Público.
No le hace bien al procurador volverse el opositor del gobierno: María del Rosario Guerra >> https://t.co/elHItTaMlM pic.twitter.com/gOhJKyp3uF
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 16, 2019
El candidato de la continuidad del actual Procurador Fernando Carrillo, Juan Carlos Cortés, quien presentó su candidatura alrededor de la defensa del Pacto de La Habana apenas consiguió 16 votos, mientras que el conservador Wilson Ruiz no consiguió ninguno.
En los últimos días, César Gaviria y algunos medios de comunicación progresistas como la Revista Semana habían intentado poner en duda la elección de Cabello, a través de intrigas y polémicas como la de la no extradición de Mancuso al país, sin lograr debilitar su candidatura, que sin duda significará un importante giro en el papel que la Procuraduría ha cumplido hasta el momento frente a decisiones más polémicas de las altas cortes y, en especial, ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Hay que recordar que inicialmente Santos había marginado a la Procuraduría, cuando estaba en cabeza de Ordóñez para que no pudiera intervenir ante la jurisdicción especial creada a instancias de las FARC, situación que cambió con la llegada de Carrillo, cuya administración ha sido complaciente con las decisiones sesgadas de la JEP contra la fuerza pública y a favor el grupo terrorista de izquierda.
#PlenariaSenado "No voy a ser factor de crispación, enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciéndolo equivocadamente. A ello no me convoquen, yo quiero unir, articular e impulsar para concertar": Margarita Cabello @PGN_COL @SenadoGovCo pic.twitter.com/uTzTPliJks
— María del Rosario Guerra (@charoguerra) August 27, 2020
¿Giro en materia de vida y familia?
El giro que daría la Procuraduría con esta nueva elección, también podría alcanzar un tema sensible para la agenda provida, si se consolida un cambio de enfoque en la delegada de familia de ese organismo.
Durante la época de Ordóñez esa oficina fue una gran aliada en la defensa de la vida, de la autonomía educativa frente a la «ideología de género» y de los padres de familia, mientras que con la llegada de Carrillo se perdió un referente claro en materia de vida y familia ante en la opinión pública.
Fuentes que conocen personalmente a la nueva procuradora electa señalan que, si bien tiene raíces liberales, es una jurista seria y de posturas moderadas no progresistas, lo cual serviría de freno para la agenda de los grupos pro aborto y pro ideología de género.
Adicionalmente, el que la nueva procuradora haya llegado con el apoyo de los partidos a los que pertenecen los senadores de la bancada provida, abre la puerta para que a esa oficina llegue un funcionario que nuevamente esté sintonizado con la defensa de la vida y la familia.
La predecible reacción de la izquierda: pedir la eliminación de la Procuraduría
Conociendo el discurso político de la izquierda, es bastante probable que a partir del momento comiencen a cuestionar la necesidad y viabilidad de este organismo, que bien dirigido es una herramienta muy efectiva contra la corrupción política del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la conducta de Alejandro Ordóñez fue violatoria de derechos humanos fundamentales, hoy a través de Margarita Cabello, Duque le devuelve la Procuraduria.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 27, 2020
En cuanto la Procuraduría utilice sus facultades de intervención para dejar en evidencia la politización de ciertos fallos judiciales, la ineficacia de la JEP para garantizar un mínimo de justicia a los responsables de décadas de violencia marxista y se convierta en una voz respetable en defensa de la vida y la familia, no faltarán los opinadores y políticos progresistas que señalen la necesidad de una reforma profunda en la jurisdicción disciplinaria, de ser austeros en el gasto después de la crisis económica generada por el coronavirus, o la conveniencia de alinear el sistema jurídico colombiano con los estándares internacionales (en especial luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gustavo Petro), como excusas para anular uno de los triunfos políticos más significativos del gobierno y el uribismo en estos dos años de gestión de Iván Duque.
