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La apacible localidad de Porrentruy, situada en la región suiza de Jura, ha implementado una controvertida medida que refleja la creciente preocupación por la seguridad en los espacios públicos. A partir del 4 de julio, solo ciudadanos suizos, residentes legales y personas con permiso de trabajo en el país podrán acceder a la piscina municipal al aire libre, una decisión sin precedentes que busca hacer frente a una ola de incidentes violentos y acoso.
El alcalde Lionel Maitre ha revelado que, desde el inicio de la temporada estival, las autoridades se han visto obligadas a emitir más de veinte prohibiciones de acceso. Los incidentes reportados incluyen casos de acoso a mujeres jóvenes, comportamientos inadecuados como nadar en ropa interior, conductas agresivas y enfrentamientos físicos tras las advertencias del personal de la instalación. La mayoría de estos episodios han sido protagonizados por ciudadanos franceses que cruzan la frontera para utilizar las instalaciones.
La medida, aunque drástica, contempla excepciones para trabajadores transfronterizos franceses que posean permisos válidos en Suiza, así como para turistas que puedan demostrar su alojamiento en hoteles o campings de la zona. Las autoridades locales han enfatizado que su principal objetivo es restablecer el orden y garantizar «un ambiente pacífico, respetuoso y seguro» para todos los usuarios de las instalaciones.
Esta situación en Porrentruy no es un caso aislado, sino que refleja una tendencia preocupante que está afectando incluso a las tradicionalmente tranquilas poblaciones suizas. Las comunidades se ven cada vez más forzadas a establecer barreras y restricciones ante el aumento de disturbios relacionados con la migración transfronteriza, que amenazan especialmente la seguridad de mujeres y familias.
La decisión ha generado un intenso debate sobre la integración social y la seguridad pública en Suiza, un país conocido por su alto nivel de vida y su estricta regulación migratoria. Los defensores de la medida argumentan que es necesaria para preservar la convivencia pacífica y proteger a los usuarios habituales de las instalaciones, aunque los críticos señalan posible discriminación y segregación social.
El caso de Porrentruy podría sentar un precedente para otras localidades suizas que enfrentan desafíos similares en la gestión de espacios públicos. La medida refleja la compleja realidad de las zonas fronterizas europeas, donde el equilibrio entre la libre circulación de personas y la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema cada vez más relevante.
Las estadísticas locales indican que los incidentes de acoso y comportamiento violento en espacios públicos han aumentado significativamente en los últimos años, especialmente en zonas cercanas a las fronteras. Esta tendencia ha llevado a las autoridades a considerar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aunque estas decisiones puedan generar controversia en el contexto de una Europa que se presume cada vez más integrada.
Fuente: After Attacks on Women, Swiss Town Bans Foreigners From Public Pool
