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La Resolución 039 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, ha sido presentada por el Gobierno como un “avance histórico” en la protección de la salud infantil, al permitir que menores de edad puedan consentir la administración de vacunas y otro tipo de procedimientos médicos sin el conocimiento ni autorización de sus padres.
Y lo hace incorporando ‘conceptos’ desarrollados por la Corte Constitucional alrededor de la agenda LGTB, el aborto, la Eutanasia y la contracepción, como el de “la autonomía progresiva de los jóvenes en materia de salud”, el cual también está siendo impulsado por organizaciones como UNICEF, Save the Children, Human Rights Watch (HRW) Planned Parenthood y Plan International.
Esta perspectiva contrasta con la decisión reciente del Congreso colombiano de ilegalizar el consentimiento de los adolescentes para casarse y fundar una familia (con el acompañamiento y orientación de sus padres), algo que la civilización judeocristiana ha practicado por milenios sin controversias, comenzando por su modelo supremo: la Sagrada Familia.
Dicho contraste deja en evidencia una inversión total de valores en los ámbitos de decisión de las instancias del poder: ahora los menores pueden tomar decisiones física y moralmente autodestructivas como usar anticonceptivos, hormonas o abortar, pero no asumir responsabilidades familiares como casarse, ni siquiera cuando ya tengan hijos.
La erosión de la autoridad parental
La decisión del Ministerio se funda en el llamado “principio de autonomía progresiva”, un concepto cuestionable y polémico, que claramente atenta contra la legítima autoridad de los padres, pues debilita la posibilidad de influir positivamente en la vida de sus hijos protegiéndolos de la influencia de grupos activistas depredadores como las organizaciones LGTB o de “derechos sexuales y reproductivos”.
Esta medida sienta un precedente alarmante, pues ya no sólo usurpa sino que anula totalmente la autoridad e injerencia de los padres en decisiones cruciales que comprometen directamente la vida, la salud y el alma de sus hijos.
Bajo este marco legal, no serán precisamente los miembros de las instancias gubernamentales quienes asumirán los riesgos —como efectos secundarios, reacciones adversas, complicaciones médicas y el arrepentimento de las malas decisiones sobre su identidad sexual—, sino los mismos padres que ni siquiera conocieron lo que sus hijos hicieron amparados en las nuevas y permisivas normas.
Estos hechos acarrean consecuencias graves, en especial cuando, a pesar de toda la controversia y rechazo público de amplios sectores de la sociedad contra el aborto, el «cambio de sexo», las «vacunas» contra el COVID o los anticonceptivos, son presentados y ofrecidos por el mismo gobierno bajo una calificación como “de riesgo bajo o medio”, para facilitar y permitir así el denominado “consentimiento pediátrico”.
Resolución 039 de 2025
¿Instrumento para cumplir metas de farmacéuticas?
Más allá de la preocupación de las autoridades con la caída en las metas de vacunación contra el VPH, generada en gran medida por el caso de El Carmen de Bolívar, donde 200 niñas se desmayaron y presentaron supuestos efectos secundarios, la cual puede ser bien intencionada por parte de quienes la impulsan, en otros campos como el «sexual y reproductivo» claramente hay serios conflictos morales y de intereses que ponen a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad.
¿Cuántos casos se han revelado de abusadores sexuales que pueden seguir sometiendo a sus víctimas, gracias a la práctica del aborto a espaldas de la familia de los menores?
Cuando una farmacéutica, una ONG o un centro médico con metas institucionales en vacunación, aborto, tratamientos de género o contracepción capacita al personal que decide si un menor está “preparado” para consentir, la imparcialidad y la protección del menor quedan gravemente comprometidas. En vez de un verdadero acompañamiento médico, en muchas ocasiones no habrá más que una validación superficial y utilitarista de decisiones que buscan lograr los objetivos de terceros.
El consentimiento informado, en este contexto, no sería más que una formalidad burocrática vacía, un documento firmado sin verdadero entendimiento ni libertad.
A los menores se les presenta una apariencia de “poder de decisión” que en realidad los deja a merced de intereses ajenos, sin la protección de quienes más los conocen y aman: sus padres.
La salud infantil, así como la formación ética, moral y espiritual, no pueden desligarse del deber inalienable de los padres de proteger y guiar a sus hijos. Los efectos secundarios son reales y están documentados. La confianza ciega que algunas personas ponen en “la ciencia” o en la responsabilidad y buena voluntad de “los funcionarios públicos y el personal médico” no puede sustituir el juicio responsable de los padres.
Pero lo más grave, en esencia, es la enajenación de los padres para alienar a los jóvenes sustrayéndolos de su cuidado, protección, orientación y autoridad. Y lo es, precisamente, porque no sólo se impone una moral de estado, sino su total intromisión y unanimismo en contravía del derecho natural y de la funcionalidad propia de la estructura de las relaciones familiares, las cuales violenta, rompe, usurpa y destruye.
Fuente: Prevención de cáncer asociados al VPH: Un paso decisivo para la salud y autonomía de nuestros niños
