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La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, con 13 votos a favor y 10 en contra, un proyecto de ley impulsado por republicanos para derogar la polémica Ley FACE (Freedom of Access to Clinic Entrances Act), utilizada por el gobierno de Joe Biden para encarcelar a manifestantes provida pacíficos, incluidas mujeres de la tercera edad.
La iniciativa, liderada por el representante Chip Roy (R-TX), busca eliminar la normativa de 1994 que penaliza la obstrucción o interferencia fuera de centros de aborto y centros de embarazo. Esta ley ha sido instrumentalizada para criminalizar la disidencia pacífica contra el aborto, mientras ignora sistemáticamente la violencia contra iglesias y centros de apoyo a mujeres embarazadas.
Según datos proporcionados por la oficina del congresista Roy, el 97% de los procesos judiciales bajo la Ley FACE en los últimos 30 años han sido dirigidos contra manifestantes provida. Entre los casos más notorios está el de Eva Edl, una mujer de 89 años que enfrentaba más de una década en prisión antes de recibir libertad condicional y un indulto programado para 2025 por parte del expresidente Donald Trump. También destaca el caso de Paul Vaughn, un padre de Tennessee arrestado frente a sus hijos por participar en una protesta pacífica.
La aplicación de la ley se intensificó significativamente durante la administración Biden. Entre 2021 y 2024, el Departamento de Justicia logró 34 condenas, frecuentemente combinando cargos con «conspiración contra derechos» para aumentar las penas. En contraste, más de 300 ataques contra instalaciones provida ocurridos después de la filtración del caso Dobbs quedaron prácticamente sin investigación federal.
Aunque la ley fue concebida originalmente para proteger por igual el acceso tanto a clínicas abortistas como a centros de embarazo, en la práctica esta supuesta equidad ha dejado de existir. Los fiscales raramente la invocan para defender organizaciones provida, incluso cuando estas sufren ataques incendiarios o actos vandálicos. En cambio, ha permitido que agentes federales traten a mujeres ancianas y familias cristianas como amenazas domésticas.
Lila Rose, presidenta y fundadora de Live Action, ha expresado su apoyo a la derogación, afirmando que «el Congreso debe aprobar este proyecto y proteger la libertad de expresión y el activismo provida». El proyecto ahora pasa al Comité de Reglas de la Cámara, mientras que en el Senado, una legislación complementaria presentada por el senador Mike Lee (R-UT) enfrenta obstáculos significativos en una cámara donde se requieren 60 votos para su aprobación.
Sin embargo, el panorama parece estar cambiando. El apoyo de Trump, junto con nuevas directrices del Departamento de Justicia que limitan las acusaciones bajo la Ley FACE a «circunstancias extraordinarias», sugieren un momento de inflexión en la aplicación de esta cuestionable legislación por su aplicación selectiva y desproporcionada contra manifestantes provida pacíficos.
La Iglesia Católica defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y sostiene que la protesta pacífica en defensa de los no nacidos es una expresión legítima de la libertad religiosa y de conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y que cualquier ley que atente contra la vida humana no es moralmente vinculante.
Fuente: Republicans advance bill to repeal FACE Act used to jail peaceful pro-life activists
