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El gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW) ha implementado una controvertida legislación que podría resultar en penas de cárcel para quienes realicen oraciones o consejería destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, incluso si esta lo solicita voluntariamente.
La Ley de Prohibición de Prácticas de Conversión 2024, que entró en vigor el 4 de abril de 2025, define ampliamente las “prácticas de conversión” como acciones que buscan alterar o suprimir la sexualidad o identidad de género de un individuo, incluyendo prácticas basadas en la oración.
Según el sitio web de Antidiscriminación de NSW, estas prácticas pueden ocurrir en diversos contextos, desde grupos de estudio bíblico y mentorías hasta sesiones de consejería y campamentos donde se proporciona orientación basada en la Biblia. El gobierno ha especificado que, si bien la oración en sí misma no es ilegal, “orar con o sobre una persona con la intención de cambiar o suprimir su sexualidad o identidad de género” constituye una violación de la ley.
Las restricciones se extienden más allá de la oración. Aconsejar a alguien que está incurso en una relación con alguien del mismo sexo para que practique la abstinencia o cese la actividad sexual podría considerarse ilegal, dependiendo del contexto. De manera similar, sugerir a una persona LGBTQA que debería abstenerse del matrimonio o de relaciones sexuales con individuos del mismo sexo podría clasificarse como supresión ilegal de la sexualidad.
Un pastor que habló con Caldron Pool expresó su preocupación sobre el impacto de la legislación en la libertad religiosa:
“El núcleo de la labor de la Iglesia es el discipulado: sacar a las personas de la oscuridad y llevarlas al reino de Cristo. El discipulado siempre implica supresión y conversión, lo que significa la supresión y conversión de todos los deseos y pensamientos que se oponen al reino de Cristo. El sexo y el género no están en una categoría protegida, y por lo tanto ningún cristiano o ministro fiel puede cumplir con estas leyes en buena conciencia”.
Las sanciones contempladas en la nueva ley son severas. Cualquier persona declarada culpable de proporcionar una práctica de conversión que [¿Cómo lo presumen?] resulte en daño mental o físico sustancial, o que ponga en peligro la vida de alguien, podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Además, llevar a alguien fuera de NSW o contratar a alguien de fuera del estado para realizar una práctica de conversión podría resultar en hasta tres años de prisión, una multa o ambas.
La postura histórica y bíblica sobre cuestiones LGBTQAI+ sostiene que cualquier relación sexual fuera del matrimonio heterosexual ordenado por Dios entre un hombre y una mujer representa una distorsión del orden creado y es pecado. Según esta perspectiva, las personas que participan en tales comportamientos están llamadas al arrepentimiento, lo que implica cambiar sus caminos y “suprimir” cualquier expresión de índole pecaminosa.
Esta legislación no sólo representa una significativa intromisión en la enseñanza y práctica cristiana histórica, sino que atenta directamente contra ella: es una interferencia directa del Estado en el ámbito de la Iglesia. La nueva ley ha generado un intenso debate sobre los límites entre la protección de presuntos derechos individuales y la libertad religiosa, planteando preguntas fundamentales sobre el papel del Estado en la regulación de prácticas religiosas tradicionales.
Fuente: Australians Could Face Up to Five Years in Jail for Praying · Caldron Pool
